El juez de 'Azud' apremia al PP a resolver el dilema de si acusa a la familia de Rita Barberá, procesada por corrupción

El sustituto de la jueza instructora del 'caso Azud' ha dictado este jueves una providencia en la que deniega la petición de la acusación popular que ejerce en la causa el PP valenciano de que se ampliara el plazo para presentar su escrito de calificación. Es decir, que los populares solicitaban que se les diera un mes en vez del lapso habitual de 10 días para acusar o no al entorno familiar de Rita Barberá —su cuñado y tres sobrinas— y al ex vicealcalde de València, precisamente cuando se cumple una década del fallecimiento de la exalcaldesa reprobada públicamente por los suyos, una actuación que el PP aún no ha digerido del todo en su memoria histórica interna.

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, arguye que “todos los documentos y actuaciones” figuran “a disposición de las partes durante todos estos años”, tras casi una década de instrucción. El juez sustituto también descarta que el auto de procesamiento dictado por la magistrada Pepa Tarodo, titular de la Plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, incluya “novedades que justifiquen la ampliación pretendida” por la única acusación popular que figura actualmente en el procedimiento (la entidad Acción Cívica contra la Corrupción, inicialmente personada, acabó saliéndose).

El PP valenciano medita el dilema de abandonar la causa, con la instrucción ya finiquitada y los procesados al borde del juicio oral, o continuar como acusación popular en un procedimiento inicialmente atractivo en términos políticos y mediáticos en el que se personó (mientras estaba en la oposición al Ejecutivo autonómico del Pacte del Botànic presidido por el socialista Ximo Puig y con Carlos Mazón como líder de los populares valencianos) cuando todo un extesorero del PSPV-PSOE —José María Cataluña— figuraba como investigado.

Sin embargo, las tornas han cambiado y la instructora sobreseyó la causa el pasado 30 de julio para Cataluña, al considerar prescrita la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE que había aflorado gracias a las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ya solo quedaban investigados peones de menor entidad para el colmillo del PP, tales como el ex subdelegado del Gobierno Rafael Rubio o el abogado José Luís Vera, históricamente vinculado al PSPV.

Una trama bipartidista

En el otro lado de la balanza, relevantes figuras del partido se encuentran al borde del banquillo de los acusados en un juicio en el que sobrevolará el lado más turbio de la etapa de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València (1991-2015), especialmente en sus últimos mandatos.

Aunque se trata de una causa de aires bipartidistas, la presunta trama incluye como protagonistas más destacados al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, y al cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, además de tres sobrinas de la fallecida alcaldesa que, según la jueza, “se han aprovechado económicamente” de las “actividades delictivas de su padre”, quien se habría embolsado supuestas mordidas por un importe de 3,6 millones de euros.

También figura como procesada la exalcaldesa de Xixona, Rosa Verdú, quien se habría agenciado una supuesta comisión de medio millón y cuya campaña electoral también habría sido financiada en B.

Además, sigue como procesado otro antiguo cargo del PP: Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo de Barberá y ex alto cargo del Consell tanto de Carlos Mazón como de su sucesor, el actual president Juan Francisco Pérez Llorca. Bellver sufrió un ictus el pasado 11 de junio, coincidiendo con su dimisión como director general, y su defensa ha reiterado la petición de que se le practique un examen forense, ya que “no puede comprender su situación procesal ni los hechos que se le imputan” debido a su estado de salud.

“Cuatro Administraciones públicas” y cuentas en Suiza

La representación jurídica del PP se escudaba en la complejidad de la causa para solicitar un mayor plazo de cara a la presentación de su escrito de acusación.

El auto de la jueza, de 314 páginas, describe “con carácter indiciario” la presunta intervención en la supuesta trama de “seis grupos empresariales, de una sociedad estatal y de cargos y funcionarios de, al menos, cuatro Administraciones públicas”, afirmaba.

Con 125 tomos de sumario, “la investigación se proyecta sobre ocho operaciones urbanísticas y contractuales diferenciadas, desarrolladas entre 2002 y 2017, con referencias a sociedades interpuestas, estructuras de generación de efectivo y cuentas radicadas en Suiza y Estados Unidos”, detallaba el escrito del pasado 4 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico.

También consideraba el plazo otorgado como “objetivamente insuficiente”, al no contar la acusación popular con la “estructura y medios propios del Ministerio Fiscal”.

El PP busca una “calificación jurídica procedente”

El PP pretendía que se le otorgara un plazo ampliado para “individualizar el relato fáctico y la participación atribuida a cada uno de los 38 encausados, seleccionar la calificación jurídica procedente, determinar las responsabilidades civiles y articular una proposición probatoria concreta, pertinente y útil” para el juicio oral. Todo ello para “evitar que la acusación se formule de manera incompleta o insuficientemente individualizada”, apostillaba.

Además, también argüía que queda pendiente la declaración voluntaria —señalada el próximo 16 de septiembre— de José Luis Vera. “Por la posición que [Vera] ocupa en los hechos objeto de las actuaciones, el contenido de su declaración puede ser relevante para precisar, completar o matizar el relato fáctico que haya de incorporarse al escrito de acusación, así como para valorar debidamente la eventual participación de otros encausados vinculados a las mismas líneas de investigación”, afirmaba el escrito.

Sin embargo, el fiscal anticorrupción dejaba “al arbitrio judicial” la decisión sobre la petición de la acusación popular, según indica el informe del Ministerio Público del pasado 8 de septiembre, en el que recuerda que ese tipo de solicitudes de ampliación de plazos resulta una “reclamación tradicional en este tipo de procedimientos”.

El juez, en una providencia contra la cual cabe recurso de reforma, deniega esa opción, forzando así a la acusación popular a desvelar si sigue en el 'caso Azud' o si tira la toalla antes del juicio.

El legado histórico y político de Rita Barberá

En el trasfondo del 'caso Azud' figura irremediablemente el legado histórico y político de Rita Barberá, reprobada en su momento por la actual alcaldesa, María José Catalá (quien formaba parte del grupo parlamentario que le exigió que dejara el acta de senadora), y homenajeada por la misma dirigente popular una vez se hizo con la vara de mando del ayuntamiento.

Por otro lado, un personaje relevante del equipo de Barberá se incorpora de nuevo al banquillo de los acusados. Alfonso Grau ya fue condenado en el marco del 'caso Taula' a cuatro años y medio de prisión por la caja B del PP de València en dos de las campañas electorales de Barberá. La sentencia, dictada el 30 de julio de 2024 por la sección segunda de la Audiencia de Valencia y pendiente del recurso de casación del ex vicealcalde ante el Tribunal Supremo, acreditaba que conocidas empresas contratistas del Ayuntamiento de València cebaron la caja B del partido liderado por Barberá.

Del 'caso Taula' nacieron las pesquisas del 'caso Azud', a cargo del mismo fiscal anticorrupción (Pablo Ponce) y de los mismos investigadores policiales, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tras la compleja instrucción, la acusación pública considera acreditado, al menos indiciariamente, que Grau cobró supuestas mordidas por un importe total de dos millones de euros.

Por su parte, la jueza Pepa Tarodo concluyó que Rita Barberá dio un “amparo personal” a su cuñado, el histórico ultraderechista José María Corbín, para embolsarse supuestas comisiones de 3,6 millones de euros presuntamente cobradas a empresas contratistas del ayuntamiento.

Los recursos de las defensas cuestionan a la UCO

Las defensas de los principales procesados niegan la mayor y reprochan a la UCO una investigación de carácter prospectivo. El recurso de la abogada de Corbín sostiene que los generosos pagos al cuñado de Barberá respondían a trabajos jurídicos, incluyendo el “asesoramiento preventivo para anticiparse a problemas legales”. Y la defensa de Grau arguye que los hechos que se le imputan al antiguo vicealcalde estarían “ampliamente prescritos”.

El letrado de las tres sobrinas de la fallecida alcaldesa ve, en todo caso, a María Rita, María Asunción y María José Corbín Barberá como posibles partícipes a título lucrativo y descarta que haya indicios de delito contra ellas.

Gran parte de los 38 procesados, al menos los más relevantes, han recurrido el auto de la jueza. Por el contrario, la defensa del empresario Carlos Turró, expresidente de la constructora Cleop, tras expresar su “disconformidad” con la resolución de la instructora, ha rechazado recurrir, “con el propósito de evitar una mayor dilación en la tramitación de la causa”, según indica un escrito al que ha tenido acceso este diario.

La finalización del plazo acecha también a la acusación popular, un auténtico contratiempo heredado por el PP de Pérez Llorca.