“Encima de que me rompieron la cerradura con una radial y que me entraron a robar, ahora el juzgado se desentiende de los daños y de todo lo que me han sustraído, es indignante”.
Así de enfadado se ha mostrado Enrique Luján, propietario de una pequeña casa de campo ubicada en la Partida de Torme sin número, en la localidad de Domeño (Valencia).
Y no es para menos. El 4 de abril de 2015, en plena Semana Santa, acudió a pasar unos días junto a su mujer, quien se recuperaba de un cáncer de mama, y sus dos hijos.
“Al llegar nos llevamos la desabradable sorpresa de encontrarnos la puerta rota, la cerradura cambiada, una carta del juzgado de instrucción número uno de Llíria fechada el 23 de febrero de 2015 en la que se comunica una ejecución hipotecaria y toda la casa revuelta”, ha comentado.
Entre los objetos que detectó que le habían sustraído destacan dos generadores eléctricos, un monocultor, un taladro, una sierra orbital, una carretilla, un martillo neumático, un DVD y una Play Station 1: “Alguien aprovecharía que la puerta estuvo varios meses rota para entrar a robar, calculamos que todo lo que desapareció tiene un valor de 10.000 euros, y aún nos quedaremos cortos”, ha lamentado.
Inmediatamente, Luján llamó a la Guardia Civil para denunciar los hechos y tras realizar diferentes reclamaciones el Ministerio de Justicia resolvió que, pese a reconocer que se había tratado de un error en la ejecución hipotecaria (la casa a la que se debía cambiar la cerradura estaba en una parcela contigua), se destendía tanto de la reparación de la puerta, que ha quedado “inservible”, como de la reposición de todos los objetos robados.
“Es incomprensible que pese a reconocer el error se desentiendan de todo, en el caso de los objetos robados que tienen la mayoría más de 10 años nos piden las facturas que acreditan su existencia y su valor”.
Ante esta situación, han puesto el caso en manos de la abogada María Dolores Lloret, quien ya ha inerpuesto un recurso de reposición en el que además reclama daños y perjuicios: “Mis clientes tuvieron que soportar un daño que no les correspondía, además de pérdida de días de trámites e imposibilidad de disfrutar de sus vacaciones”.
Lloret ha mostrado su perplejidad por el caso, puesto que es “insólito que el Consejo General del Poder Judicial reconozca el hecho y la relación de causalidad y el Ministerio de Justicia rechace el pago ni tan siquiera de los gastos derivados del daño de la puerta, que ha quedado inservible, sin olvidar los utensilios y bienes robados”.
Según la letrada “Justicia pide que se acrediten unos daños que son evidentes y que son imposibles de justificar porque los afectados no tienen las facturas de unos utensilios que tienen más de 10 años; además deniegan la posibilidad de que se aporten testigos”.