Luis, el trabajador que murió en la dana por culpa de nadie

Cristina Rodríguez tiene su agenda telefónica llena de nombres importantes. De jefes de la empresa Conservación de Carreteras (concesionaria del Ministerio de Transportes), de asistentes de la ministra Yolanda Díaz, o del líder de Compromís Joan Baldoví. Ha visitado la Fiscalía de València en varias ocasiones, ha ido a declarar al juzgado de Catarroja que investiga la dana de València, ha enviado correos en francés a la matriz de una multinacional y ha presentado una querella en los juzgados de Requena. Tiene dos abogados.

Cristina, jubilada de 67 años, lleva dos años intentando saber cómo murió su hijo y por qué su empresa, una UTE (Unión Temporal de Empresas) de mantenimiento de carreteras y con una sala de control con cámaras en directo dentro de su sede, permitió que trabajara ese día y que hiciera horas extra, lo que le llevó a estar en el peor sitio en el peor momento: la carretera A-3, a la altura de Chiva, entre las seis y las ocho y media de la tarde del día 29 de octubre de 2024.

“La última vez que hablé con él eran las siete y media. Me dijo que no le esperáramos a cenar, que estaba en un atasco monumental”. Una hora más tarde, según recoge un acta de Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso elDiario.es, Luis Ángel Saiz llamó a un colega de su empresa –formada por las firmas Eiffage y Opain– y le dijo que estaba atascado en la autovía, llena de agua, y muy “agobiado”. No volvió a coger el teléfono. Al día siguiente, la empresa localizó el coche, pero no a Luis.

“Me dijeron que su prioridad era mi hijo, pero no lo encontraron pese a que estaba a 200 metros de la furgoneta”, cuenta Cristina desde su casa en un barrio nuevo de València, donde se ha mudado porque no soportaba vivir en la casa de las afueras que compartía con Luis, una vivienda que además tuvo que vender para pagar la hipoteca. Un grupo de amigos fueron a buscarlo dos días después de la riada y localizaron el cuerpo de este oficial de primera de 45 años, muy deportista, que llevaba 20 años revisando incidencias en puentes y carreteras y que murió en una de ellas.

Según recoge la querella que Cristina ha presentado ante un juzgado contra la empresa y sus responsables, Luis estaba desnudo y había un chaleco amarillo limpio colgado en un árbol cercano. Las pertenencias de trabajo no estaban y tampoco las placas de matrícula del vehículo, según apunta la denuncia. “Todo lo que me devolvió la policía fue su cartera con su DNI”, cuenta su madre.

“Lo que sé de su empresa es que me llamó al día siguiente de la dana una chica para preguntarme por él y decirme que había abandonado la furgoneta con un golpe y se había llevado sus cosas”. Cristina y su marido se aferraron a que estaba con vida. “Mi marido me decía que estuviera tranquila, que Luis conocía perfectamente las carreteras y que se habría refugiado en algún sitio”. Lo siguiente que recibió de esa empresa, como heredera de su hijo, fue una nómina que incluía cuatro horas extras, posiblemente las realizadas ese día, apunta la denuncia. También les han ingresado el dinero del seguro laboral, sin que les hayan llamado personalmente, asegura: “Lo que hemos recibido son 47.000 euros, que es lo que vale la vida de mi hijo”, lamenta. Ninguna de las dos empresas que conforman la UTE han respondido al correo con las preguntas de este medio sobre su gestión del caso.

Luis tenía horario de siete de la mañana a tres de la tarde (la alerta roja fue decretada por Aemet a las 7.36). El caos en la red viaria complicó el día a los trabajadores de mantenimiento, a los que la empresa explicó que eran “esenciales”, según dos testigos que declararon ante el inspector. Pese a las condiciones meteorológicas y la información de cámaras que tenía la empresa, el acta refleja que no hubo información especial ni medidas de prevención para los empleados. Tampoco para Luis que, después de acabar su jornada, hizo horas extra hasta las 17.50, cuando fichó de salida. En sus alegaciones, la UTE asegura que las horas extra las hizo de manera “voluntaria”, algo que niega tajantemente Cristina. El acta de inspección refleja que se “desconoce” la causa por la que Luis siguió prestando apoyo a su empresa más allá de su jornada laboral. Pero fue fatal, porque eso hizo que se encontrara en la A-3 a la altura de Chiva cuando llegó el tsunami fluvial, en lugar de estar ya en casa.

La Inspección de Trabajo concordó en abril de 2025 poner una sanción por infracción “muy grave” a la UTE Conservación Valenciana, así como a À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL, por poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores el día de la dana. La causa del riesgo era la dana, pero “la causa del suceso fue la imprevisión de la empresa, que no tomó en consideración el grave e inminente riesgo que corría el trabajador fallecido y no adoptó medida preventiva alguna”, decía esta instancia de la administración sobre el caso de Luis. Impuso una multa de 60.000 euros, que debía abonar a la caja común de la Generalitat Valenciana, competente en materia laboral.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año –justo en el primer aniversario de la dana–, la propia Generalitat (liderada todavía por Carlos Mazón) dejó sin efecto las sanciones. La Dirección General de Trabajo, tras escuchar las alegaciones de la empresa de Luis, entendió que no podía prever lo sucedido citando que “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueron inevitables”, dice la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Claro, porque hay un procedimiento sobre la dana en Catarroja en el que la Generalitat mantiene que no era previsible. No pueden reconocer en otro procedimiento que sí que lo era, porque eso les perjudicaría en la causa de las muertes”, interpreta Izaskun Rodríguez, abogada personada en la instrucción de Catarroja y prima de Luis.

La querella penal que Cristina puso en los juzgados de Requena (el lugar de trabajo de Luis) contra la empresa y sus dirigentes también ha sido sobreseída, aunque los abogados luchan por reabrirla. La jueza de esa causa (distinta a la causa genérica de la dana) toma en consideración que el fiscal que investigó el caso laboral consideró la situación catastrófica del 29 de octubre como “inevitable” y “sin que la ausencia de previsibilidad del empresario dé lugar a su culpabilidad en el ámbito penal”. El otro argumento que utilizó la magistrada para archivar el caso de Luis contra la UTE fue precisamente el expediente por el que la Generalitat deja sin efecto las sanciones por infracción que había puesto a la empresa la Inspección de Trabajo (dependiente del Ministerio de Trabajo).

A Cristina, tratada por depresión (al igual que el padre de Luis y sus dos hermanos), aún le queda un resquicio de esperanza para saber cómo y por qué murió su hijo: “No es por mala suerte, como me dijo un compañero de él, fue porque los mandaron a trabajar con alerta roja aunque veían la situación con las cámaras”. Su proceso penal en Requena podría reabrirse porque la Fiscalía está investigando al alto cargo que anuló las sanciones de la Inspección, por si hubiera cometido un delito de prevaricación, lo que ayudaría a su caso. “Yo quiero verdad, justicia y reparación, por ese orden, no me conformo con que se murió por una mala casualidad, porque ese día no debían haber trabajado, y menos hacer horas extra con la situación como estaba, porque esa empresa se dedica a eso, a la inspección de carreteras, no es una pescadería”.

La madre de Luis se despide en la puerta de su nueva, blanca y silenciosa casa, plagada de retratos de su hijo fallecido: “Cuando contactes con la empresa, pregúntales, por favor, qué harían ellos si se les muere un hijo, si se quedarían conformes o buscarían saber qué ha pasado y por qué le mandaron allí”.