Una oficina de atención al ciudadano de València resucita la figura de Zaplana pese a su condena a prisión

Una oficina de atención al ciudadano de la Generalitat Valenciana 'resucita' la figura política del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana pese a su condena a prisión. El edificio, una de las sedes del 'PROP', que se encuentra en la calle Gregorio Gea de València, muestra una placa conmemorativa de la inauguración del centro a cargo del exdirigente popular, condenado por corrupción, que se encontraba en el despacho de un responsable del centro.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València condenó a 10 años y cinco meses de prisión al exministro del PP y expresidente autonómico como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil, con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 17 años y 10 meses (por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho) y una multa de 25 millones de euros. El expresidente recurrió la sentencia al Tribunal Supremo y se encuentra en libertad; no entrará en prisión hasta que la sentencia sea firme y no se aprecia riesgo de fuga.

El cartel que vuelve a mostrarse en el PROP y que ha causado indignación en los trabajadores data de 1996, cuando el entonces presidente, con el título de Molt Honorable, destapó la placa. A finales de los noventa y principios del siglo siguiente eran muy frecuentes los actos de colocación de primera piedra o inauguración de espacios, una forma de propaganda política que limitó el Gobierno del Pacto del Botánico con un código de buenas prácticas en su primera legislatura, a partir del 2015. La alianza de izquierdas limitó estos actos a través del Código de Buen Gobierno (aprobado en 2016) y la Ley de Publicidad Institucional (mayo de 2018).  El objetivo de la normativa, que sigue en vigor, es impregnar toda la acción del ejecutivo de “una ética pública positiva”.

En la misma norma se prohíben condecoraciones a condenados por sentencia firme y se pide a los poderes públicos unos compromisos éticos. En concreto, su artículo 22, dice: “Las personas sujetas a este Código garantizarán que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos que dependan de sus organizaciones o administraciones recaigan en personas de un compromiso público relevante. Igualmente, procederán a la retirada de los reconocimientos otorgados a personas que sean condenadas penalmente por sentencia firme”.

Tras la condena, la coalición Compromís per València exigió a la alcaldesa, María José Catalá, la retirada en los edificios públicos de las placas honoríficas al expresidente, y el PSPV pidió una reprobación en las Corts Valencianes. En ambos casos, el PP, con mayoría en el consistorio y en el hemiciclo, rechazó retirar los honores, amparándose en que la sentencia no es firme. Es el mismo argumento esgrimido por el responsable de la oficina que ha vuelto a exhibir la placa, según denuncian los empleados. A falta de una sentencia del Tribunal Supremo, que puede tardar años, Eduardo Zaplana seguirá siendo 'molt honorable'. Y la oficina pública lo acreditará.