La tierra no se mendiga: se defiende

Vengo de una comunidad marcada por la pobreza, por el despojo y por décadas de exclusión. Como muchas familias indígenas y campesinas de Guatemala, la mía creció trabajando de finca en finca, sobreviviendo con salarios injustos, cargando con la violencia, el desplazamiento y el abandono del Estado. Pero también vengo de una historia de lucha. Y esa lucha me enseñó que la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación no son favores: son derechos.

Desde muy joven entendí que la pobreza en la que vivíamos no era casualidad. No era porque nuestras familias no trabajaran. Al contrario: trabajábamos toda la vida y, aun así, seguíamos sin acceso a condiciones dignas. Ahí comprendí que el problema no era individual, sino estructural. Y que frente a esa injusticia solo había un camino: organizarnos.

Mi participación comenzó acompañando a grupos de mujeres indígenas en procesos comunitarios. Primero traduciendo del castellano al mam, para que otras compañeras pudieran entender, hablar y defender sus derechos. Después, organizando grupos de mujeres, acompañando procesos de formación, mediando en conflictos comunitarios y fortaleciendo liderazgos. Ese camino me llevó a trabajar con comunidades de distintos territorios y a asumir responsabilidades en espacios organizativos a nivel nacional. Fue ahí donde confirmé algo fundamental: cuando las mujeres nos organizamos, la comunidad se fortalece.

La lucha por la tierra no nació de un discurso, sino de una necesidad urgente. En nuestras comunidades, muchas familias ya no tenían dónde vivir ni dónde sembrar. Nuestros padres habían luchado antes, pero las nuevas generaciones seguíamos enfrentando la misma exclusión. Por eso decidimos continuar. Porque la tierra no puede seguir concentrada en pocas manos mientras los pueblos indígenas y campesinos vivimos en condiciones de extrema vulnerabilidad.

En ese proceso, fuimos muchas mujeres las que dimos el paso al frente. No porque fuera fácil, sino porque muchas veces nadie más quería asumir esa responsabilidad. Nos tocó caminar, pedir audiencias, organizar concentraciones, negociar, soportar el desgaste y resistir el desprecio de quienes creen que una mujer no debe liderar. Pero lo hicimos. Y lo seguimos haciendo.

Después de años de movilización, logramos un paso decisivo: la negociación de la finca en 2019. Allí se integraron 267 familias, en su mayoría mujeres, muchas de ellas madres solteras y viudas. No fue un regalo. Fue el resultado de años de presión, organización y resistencia. Conseguimos tierra, sí, pero también asumimos una deuda enorme, porque en este sistema incluso el derecho a vivir se convierte en una carga para los pueblos.

Esa es una de las grandes contradicciones que seguimos enfrentando: hemos avanzado, pero en condiciones profundamente injustas. Tener tierra no basta cuando faltan agua, vivienda, saneamiento, salud, escuela, caminos y oportunidades reales para sostener la vida.

Y aun así, hemos seguido levantando comunidad.

En ese camino, la cooperación internacional ha sido fundamental. Lo digo con claridad: si hoy existen avances concretos en nuestras condiciones de vida, es también gracias al acompañamiento solidario de organizaciones que sí han entendido que la dignidad se construye desde el territorio y junto a las comunidades. En ese proceso, Arquitectura Sin Fronteras ha tenido un papel importante, acompañando gestiones y aportando al acceso al agua, al saneamiento y a soluciones de habitabilidad básica. Ese apoyo no sustituye la responsabilidad del Estado, pero sí demuestra que otra forma de trabajar es posible: una forma basada en el respeto, en la escucha y en el compromiso con las comunidades.

Porque aquí hay que decirlo con todas sus letras: el Estado ha fallado. Ha fallado a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las comunidades rurales. No garantiza una vivienda digna. No garantiza acceso cercano a la salud. No garantiza infraestructura educativa suficiente. No garantiza condiciones justas para producir y sostener la vida en el campo.

Y esa carga recae especialmente sobre las mujeres.

Las mujeres somos quienes sostenemos a las familias, quienes cuidamos la semilla, el agua, la alimentación, la comunidad y el territorio. Nuestra relación con la tierra no es solo productiva: es una relación de vida. Por eso hemos defendido que muchas parcelas y viviendas estén a nombre de mujeres, por primera vez y desafiando siglos de patriarcado. Porque sabemos lo que cuesta conquistar un pedazo de tierra y porque sabemos también cuidarlo, sostenerlo y defenderlo colectivamente.

Ser lideresa en este contexto significa enfrentar el machismo, la desvalorización y los intentos constantes de apartarte. Pero también significa comprobar cada día que la fuerza de una comunidad organizada puede abrir camino. Yo sigo aquí por la confianza de muchas mujeres que no se rinden y por la certeza de que defender la tierra es defender la vida.

Mi mensaje para otras mujeres y comunidades es claro: no esperen a que les regalen dignidad. Hay que organizarse, hay que formarse, hay que defender el territorio y hay que exigir al Estado que cumpla su obligación. Porque un hábitat digno no es vivir bajo plástico, con deudas y sin servicios. Un hábitat digno es vivir con tierra, con agua, con salud, con educación, con vivienda y con justicia.

Y eso no se mendiga. Eso se lucha.

Juventina López Vázquez es lideresa Maya Mam