Transparencia y corrupción
LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
Siempre que hay elecciones la corrupción de los otros forma parte del manual de campaña de los dos grandes partidos que se han alternado en el poder durante los últimos cuarenta años. Sin ninguna clase de arrepentimiento ni propósito de enmienda por la corrupción propia se agitan las conductas de los demás para que los fieles adictos puedan entonar aquello de “y tu más”. Cada campaña podría instituir un ranking de corrupciones, la batalla por conseguir el primer puesto del podio aportaría más emoción.
Pero no hay corrupción más sutil que la que se comete al amparo de la ley previamente modificada para continuar las tropelías habituales sin que nadie ponga reparos, como bien nos recuerda el refrán popular “hecha la ley, hecha la trampa”. Eso ha pasado con la ley de transparencia.
“Los políticos deberían tener los bolsillos de cristal” es una máxima poco conocida, atribuida al profesor y primer alcalde democrático de Madrid, Enrique Tierno Galván, expresa uno de los principios fundamentales de cualquier democracia: quienes administran los recursos públicos deben estar dispuestos a explicar de forma transparente qué hacen con ellos, incluidos los sueldos y prebendas inherentes a los cargos que ocupan. Jeremy Bentham, uno de los primeros pensadores que defendieron la utilidad de la publicidad de las decisiones políticas como instrumento de confianza y control del poder, sostuvo una filosofía política que podemos resumir así: “Cuanto más te observo, mejor te comportas”. Bentham vivió en el siglo XVIII y principios del XIX y está considerado uno de los padres de las leyes de transparencia que no llegaron a España hasta bien entrado el S. XXI.
Ambas reflexiones nacen de una cuestión esencial: la transparencia de las cuentas y de las decisiones públicas es un derecho de la ciudadanía y uno de los principales instrumentos para prevenir la corrupción que encuentra condiciones favorables allí donde las decisiones se adoptan sin publicidad, los intereses particulares de quienes gobiernan permanecen ocultos, los recursos públicos se gestionan sin controles suficientes e independientes y quienes ejercen el poder prescinden de explicar sus actuaciones.
Por eso, la transparencia constituye uno de los pilares de los sistemas de integridad pública y buen gobierno. La ONG Transparencia Internacional, mediante su Índice de Percepción de la Corrupción publicado anualmente, evalúa la corrupción percibida en el sector público a partir de diversas fuentes especializadas que consideran, entre otros factores la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas. El Banco Mundial, a través de sus indicadores de gobernanza, examina también dimensiones relacionadas con el control de la corrupción, la responsabilidad institucional, la transparencia y la eficacia del gobierno. La conclusión resulta evidente: cuanto mayor es la opacidad, más oportunidades existen para el abuso del poder y menos posibilidades de descubrirlo.
Pero la transparencia no es una cuestión cuantitativa sino cualitativa. En las últimas décadas, las administraciones públicas han multiplicado sus portales de transparencia, sus declaraciones institucionales y sus compromisos formales con el buen gobierno. Sin embargo, la existencia de un portal electrónico no garantiza por sí misma que una institución sea transparente. La transparencia exige que la información sea completa, comprensible, actualizada, accesible y susceptible de comprobación. No basta con publicar miles de documentos si resulta prácticamente imposible encontrar los datos relevantes o comprender su significado. En 2010 un ayuntamiento como el de Sabadell recibió un premio por su transparencia informativa a través del portal web municipal poco antes de que la policía, en el marco de la operación Mercurio, registrara las oficinas municipales y detuviera a su alcalde y otros cargos quienes han terminado recibiendo graves condenas por corrupción. Es evidente que la transparencia no acaba con la corrupción, aunque ayuda a prevenirla.
Norberto Bobbio definió a la democracia como el gobierno del poder público ejercido en público: las decisiones de los poderes públicos deben poder ser conocidas, examinadas y discutidas por la ciudadanía. Esta concepción permite distinguir entre la transparencia real y lo que denominamos transparencia simulada. La primera facilita el control ciudadano. La segunda aparenta cumplir las obligaciones legales mientras introduce obstáculos que dificulten o impiden ese control. La simulación puede adoptar formas diversas: publicar datos incompletos, fragmentar los documentos entre diferentes plataformas, retrasar su actualización, utilizar formatos difíciles de analizar, no responder a las solicitudes de información o hacerlo sin proporcionar los datos esenciales o sustituir información concreta por conceptos genéricos como está ocurriendo.
También puede aprobar códigos éticos que nadie supervisa, oficinas de conflictos de interés que miran hacia otro sitio, presentar declaraciones patrimoniales que nadie comprueba, elaborar planes de integridad que nunca se ejecutan o colonizar órganos de control que pierden su imparcialidad e independencia. El resultado es una paradoja: administraciones que proclaman solemnemente su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción mientras reducen las posibilidades reales de fiscalizar sus decisiones.
La Generalitat Valenciana constituye un caso preocupante de regresión. Algunas decisiones adoptadas en la presente legislatura permiten ilustrar este fenómeno. Una investigación publicada en este diario el pasado 1 de noviembre reveló que diez altos cargos de la Generalitat Valenciana compatibilizan sus responsabilidades institucionales con actividades remuneradas de docencia universitaria o preparación de oposiciones, sin que el Consell haya facilitado las cantidades concretas que perciben por esos sobresueldos. Un caso similar es el de la alcaldesa de Valencia respecto a su sobresueldo en una universidad privatizada durante su mandato como consellera o, en el ámbito de los conflictos de interés, el de uno de sus concejales vinculado a empresas contratistas del ayuntamiento a la vez que formaba parte de las mesas de contratación.
Aunque la legislación valenciana permite desarrollar determinadas actividades docentes remuneradas, con un límite económico del 30 por ciento de las retribuciones correspondientes al cargo público, la insuficiencia de mecanismos de comprobación y la falta de publicidad de las remuneraciones efectivamente percibidas constituyen un terreno abonado para las trampas. La prevención de la corrupción exige comprobar que las actividades privadas autorizadas se declaran sin zonas oscuras, para garantizar que no generen conflictos de intereses, que las remuneraciones respeten los límites legales y que no se utilice la posición institucional para obtener ventajas particulares.
Estas garantías adquieren especial importancia cuando las actividades consisten en preparar oposiciones para acceder a cuerpos de la propia administración en los que el alto cargo ejerce sus funciones, con los riesgos que supone que la persona preparadora de los opositores sea el alto cargo responsable del área a la que opositen. La Constitución consagra los principios de igualdad, mérito y capacidad y la obligación de la administración de actuar de forma objetiva e imparcial. Todos coincidiremos en que la mejor manera de prevenir la corrupción es evitar los riesgos, pero al tolerar estas conductas, la Generalitat no parece estar por la labor de reducir riesgos, mejor parece que los fomenta.
La situación resulta aún más preocupante si se relaciona con otras reformas introducidas en la legislación valenciana en 2025. Mediante la Ley 5/2025, se modificó el artículo 17 de la Ley 1/2022, de transparencia y buen gobierno de la Comunidad Valenciana, eliminando de las obligaciones de publicidad activa sobre los gastos de caja fija la referencia expresa al motivo que causa el gasto. La modificación puede parecer una cuestión menor, pero afecta a un elemento fundamental del control del dinero público.
No es lo mismo saber que un alto cargo ha gastado 800 euros en un restaurante que saber los motivos por los que se celebró el almuerzo, qué finalidad institucional tenía, quiénes eran los comensales y qué circunstancias justificaban que se pagara con dinero público. Tampoco basta con conocer el importe de un viaje si no se explica la finalidad, la relación con las competencias institucionales y los resultados de la actividad realizada. Publicar una factura no equivale a justificarla. Y saber cuánto se ha gastado no significa saber por qué se ha gastado. Dicha reforma legal reduce los datos que deben publicarse de oficio y traslada al ciudadano la carga de solicitar lo que anteriormente podía conocer directamente. Nos encontramos, por tanto, ante una regresión en la transparencia, cuya motivación puede pensarse que estuvo provocada por un asunto oscuro descubierto en julio de 2025 y sobre el que publiqué en este mismo diario un artículo titulado «La factura» a propósito del intento de cargar en los presupuestos de la Generalitat una comida familiar del entonces presidente Carlos Mazón, celebrada en un conocido restaurante de Cocentaina, por importe de 853,78 euros.
El episodio planteaba una cuestión que trascendía ampliamente la cantidad económica. ¿Cómo había podido tramitarse una factura correspondiente a una actividad privada como si se tratara de un gasto institucional? ¿Quién autorizó su tramitación? ¿Quién comprobó su finalidad? ¿Quién dio la conformidad al gasto? ¿Qué controles administrativos se aplicaron?... La posterior devolución del importe por parte del restaurante, al recibir la misma cantidad de manos de una funcionaria enviada expresamente a Cocentaina, no eliminaba la exigencia de examinar el procedimiento seguido, sino que reforzaba la necesidad de dar explicaciones sobre lo ocurrido. Esa factura ilustraba un problema que tienen muchas administraciones públicas: la existencia de mecanismos formales de control que no funcionan ni impiden que determinados gastos ilícitos lleguen a tramitarse indebidamente. Esto nos conduce a afirmar que pueden existir normas correctas pero que luego nadie comprueba o exige que se cumplan. De poco sirve disponer de procedimientos rigurosos en teoría si se convierten en simples trámites destinados a dar apariencia de legalidad a decisiones que pueden ser arbitrarias e ilegales.
La eliminación de la obligación de publicar el motivo concreto de determinados gastos de representación en el portal de transparencia debilita precisamente uno de los instrumentos que permiten ejercer ese control por parte de la ciudadanía. A partir de la modificación de la ley de transparencia, facturas como la de Carlos Mazón pueden pagarse sin que nadie detecte que se trata de una comida privada familiar o de amigos del partido. Técnicamente, una malversación.