Educación propone redistribuir 1.249 plazas de inclusión mientras los sindicatos exigen más recursos y su aplicación inmediata
La Conselleria de Educación y los sindicatos docentes han retomado este jueves la negociación del bloque de inclusión educativa en una mesa sectorial marcada nuevamente por el distanciamiento y la falta de acuerdo. El encuentro, presidido por la directora general de Inclusión Educativa, Xaro Escrig, es el primero sectorial tras el rechazo unánime de los representantes de los trabajadores a la propuesta del pasado 11 de junio y la suspensión de la huelga educativa. La conselleria ha puesto sobre la mesa un plan de incremento de 1.249 puestos docentes dedicados a la inclusión, con una aplicación progresiva proyectada hasta el curso 2030/2031, una planificación rechaza por los representantes del profesorado.
Escrig ha presentado una nueva distribución técnica de estas plazas que contempla destinar 231 plazas a la orientación en educación Primaria, de modo que todos los colegios de entre 18 y 22 unidades sumen medio orientador más. Asimismo, se prevé la creación de 240 puestos de Pedagogía Terapéutica (PT) para Secundaria, con un refuerzo especial en el primer ciclo de la ESO de los centros con mayor carga de alumnos. Con este reparto, quedarían todavía cerca de 769 docentes por asignar de la dotación global inicialmente prevista.
A pesar de estos ajustes, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha calificado los 1.249 puestos de “insuficientes” para dar cobertura real a las necesidades del alumnado. El sindicato exige que la incorporación de este personal sea inmediata y no fraccionada en un plazo de cinco años, un aspecto en el que no hubo consenso debido a las restricciones de la Dirección General de Personal. De igual forma, los representantes sindicales han exigiedo una bajada generalizada de las ratios de alumnos por aula en todas las etapas para garantizar una atención individualizada de calidad.
STEPV también ha denunciado la falta de recursos para las enseñanzas artísticas y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), donde los casos de Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) subieron un 163 % respecto al curso anterior. Asimismo, han demandado mejoras urgentes para el personal de atención educativa (PAE), el aumento de educadores en las aulas especiales (UECO) y protocolos eficaces contra las agresiones en centros de educación especial. Para la organización, resulta vital establecer “un mecanismo vivo y flexible” que permita dotar de personal a los centros en función de las necesidades sobrevenidas del curso.
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha incidido en que la mejora de la educación inclusiva requiere de forma obligatoria un incremento sustancial en el presupuesto de la Generalitat. Ante las críticas de los sindicatos, la Conselleria de Educación ha aceptado compromisos menores, como la transición a las enseñanzas de régimen especial o la unificación de los Planes de Actuación Personalizados (PAP) en el sistema informático de gestión. No obstante, ante la falta de acuerdo definitivo en el volumen de plazas y los plazos de ejecución, la Dirección General de Inclusión se comprometió a mantener activos los grupos de trabajo para intentar destrabar el conflicto.