El Gobierno de Pérez Llorca se opone a modificar la ley que permitirá a Mazón sueldo y asesores como expresidente
El Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca se opone a la modificación de la ley que regula los privilegios de los expresidentes valencianos, la norma que permitirá a Carlos Mazón cobrar dos años de sueldo público y disponer de una oficina, chófer, seguridad y dos asesores.
El Ejecutivo del PP ha manifestado su criterio desfavorable a la proposición de ley que ha registrado Compromís en las Corts Valencianes, que quiere impedir que Mazón sea consejero del Consell Jurídic Consultiu, condición que le permitirá cobrar un salario de casi 80.000 euros durante dos años. El Pleno del Consell aprobó esta resolución el lunes.
El Consell rechaza modificar “aspectos esenciales” de la ley, que tiene más de 20 años, y argumenta que es similar a la del Gobierno y otras autonomías. La oficina o los asesores son recursos “necesarios” para que los exjefes del Consell puedan “atender las necesidades de presencia social de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas”.
No obstante, reconoce que “podría ser oportuno, si es el caso, incorporar alguna precisión o limitación en la regulación”. El Ejecutivo rechaza contundentemente eliminar la oficina de expresidentes y la condición de miembro nato del Consell Jurídic Consultiu.
El criterio del Consell no es una condición vinculante, pero manifiesta una posición. La medida aún debe ser debatida en las Corts Valencianes, donde PP y Vox tienen mayoría. La formación de ultraderecha ya ha avanzado que sería extraño que dieran el sí a una medida de Compromís, aunque en Extremadura sí se lo han requerido al PP de María Guardiola.