El PP de Pérez Llorca embarra la comisión de las VPP en las Corts para salvar a la Generalitat mientras mantiene el foco en el alcalde de Alicante

Aparentar cara a la galería que hay voluntad de investigar un asunto para luego desvirtuar con todo tipo de tretas el procedimiento aprobado para esclarecerlo. Este parece ser el modus operandi del PP y de Vox cada vez que se abre una comisión de investigación que les puede poner en apuros.

Ya sucedió con la comisión sobre la gestión de la dana que se cerró en falso con la mayoría de los principales implicados en la gestión de la riada sin comparecer y con un informe de conclusiones repleto de falacias ampliamente desmentidas en la instrucción judicial y es el mismo modus operandi que se está aplicando con las comisiones relativas al escándalo de las adjudicaciones presuntamente irregulares de viviendas protegidas a cargos y afines a los populares.

Así, las comisiones de investigación abiertas en el seno de las Corts y del Ayuntamiento alicantino avanzan al ralentí y vacías de contenido ante el retraso en la entrega de la documentación solicitada cuyo plazo de aportación se prolongará durante 30 días en el caso del parlamento valenciano y ante la negativa de los ediles del PP a comparecer en la del consistorio. Los procesos, además, han puesto en evidencia las tensiones existentes entre los responsables populares de la corporación municipal y de la Generalitat. Estos últimos pretenden eximirse de toda responsabilidad y mantener el foco en el alcalde, Luis Barcala, y en sus fieles.

En el caso de las Corts, el plan de trabajo con el listado de documentos y de comparecientes de la comisión se aprobó el pasado 22 de mayo, cuando PP y Vox acordaron citar, entre otros, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a responsables autonómicos de Vivienda, pero no a la titular de la Conselleria, Susana Camarero.

Aunque el pasado 2 de julio tuvo lugar la primera ronda de comparecencias, en la que el exconcejal de Hacienda y Patrimonio reveló que en julio de 2024 la exconcejala de Urbanismo imputada, Rocío Gómez, le confesó que se había hecho con una de las casas, el plazo para aportar la abundante documentación solicitada a la comisión finalizaba este lunes 6 de julio. La mayoría de los informes proceden de la Conselleria de Vivienda, que el pasado jueves solicitó un informe a Protección de Datos de la Generalitat para que se pronunciara sobre la viabilidad de entregar todo el material requerido al contener datos personales o sobre medidas a adoptar para proteger la información sensible.

Al finalizar este lunes 6 de julio el plazo para aportar la mencionada documentación y no disponer aún del dictamen de Protección de Datos, desde Vivienda se ha solicitado una prórroga de 30 días, una forma de embarrar el proceso y mantener el foco en el Ayuntamiento, con un Barcala en serios apuros y pendiente de ser llamado a declarar. Así pues, las dos rondas de comparecencias que quedan para este mes de julio, en concreto para el 8 y 23 de julio, se afrontarán a buen seguro sin la mayoría de la información requerida por los grupos parlamentarios.

Entre los informes solicitados a la Conselleria de Vivienda que están pendientes de la resolución de Protección de Datos figuran copia íntegra del expediente administrativo de Les Naus, la relación completa de viviendas y elementos vinculados, las solicitudes de calificación provisional y definitiva, las autorizaciones para percibir cantidades a cuenta, las prórrogas de plazos de ejecución, los informes posteriores al visado de compradores, el expediente sancionador abierto contra un funcionario del Servicio Territorial de Vivienda, las denuncias o escritos remitidos a la Fiscalía y otros órganos, los metadatos de acceso al expediente y el convenio por el que el Consell cede al Ayuntamiento de Alicante el derecho de tanteo y retracto.

Al respecto, la diputada del PSPV, María José Salvador, ha acusado a Pérez Llorca de “boicotear la comisión de investigación de les Naus al pedir primero un informe a protección de datos para entregar documentación a la que los diputados tenemos derecho” y, segundo, “pidiendo una prórroga después de reconocer que tienen la documentación”. Para Salvador “es una vergüenza inadmisible que se obstruya de esta manera la labor parlamentaria en una comisión de investigación sobre la adjudicación de VPO a los jetas del PP”.

Los concejales del PP rechazan declarar

Por otra parte, los concejales de Cultura, Economía y Hacienda, Nayma Beldjilali, de Urbanismo, Innovación, Informática y Agenda Digital, Antonio Peral, y de Vivienda, Carlos de Juan, así como el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, rechazaron comparecer este lunes en la sesión de la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Alicante en la que se acordó citar al alcalde de la localidad, Luis Barcala (PP), el próximo 24 de julio tras las peticiones en bloque de toda la oposición.

La situación de Barcala vuelve a ser delicada tras la confesión de su exedil de Hacienda y Patrimonio puesto que afirmó que se podía intuir que el alcalde también pudo tener conocimiento en julio de 2024 de que su entonces edil de Urbanismo se había adjudicado una de las VPO.

Precisamente un informe solicitado por el primer edil al secretario municipal ha permitido a sus concejales ausentarse de las comparecencias. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que “no procede la solicitud de comparecencia de Concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes”.

Según el secretario, “en la regulación de las atribuciones del Pleno no solo no aparece la posibilidad de crear comisiones de investigación sino que la única cita relativa al control y fiscalización de los órganos de gobierno, no se incluye a la administración situada bajo la autoridad del equipo de gobierno”.

Por tanto, la Secretaría entiende que la comisión de investigación “no tiene atribuida por ley ninguna facultad de investigación” por lo que: “Su función ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos. Solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso. El personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria. Al personal funcionario o laboral que comparezca voluntariamente se le advertirá que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales. No podrá comparecer el personal funcionario o laboral que no haya tenido parte en el procedimiento. No podrán comparecer terceros ajenos a la instrucción de los expedientes”.