Un principio de acuerdo entre los seguros del Ayuntamiento de València y de las empresas relacionadas con el accidente mortal de un trabajador durante el montaje de las gradas de la Gran Fira de Juliol de 2017 en los jardines de Viveros podrían evitar el juicio, cuyo inicio estaba previsto para este lunes 12 de diciembre.
Las compañías habrían alcanzado un pacto para indemnizar a la familia del fallecido a cambio de que esta retire el escrito de acusación según ha avanzado Las Provincias, lo que evitaría el proceso judicial entre otros al entonces concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, quien dejó sus responsabilidades en esta delegación municipal a la espera de la resolución del caso.
Consultado Fuset sobre este extremo, el edil ha asegurado que no tiene constancia oficial del posible principio de acuerdo entre las aseguradoras.
Este aspecto puede estar relacionado con que el acuerdo está aún pendiente de cerrarse definitivamente, lo que probablemebente sucederá el mismo lunes antes de la primera vista programada.
La Audiencia de València confirmó en enero de 2020 el procesamiento del edil por un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave y otro de seguridad contra los trabajadores, tras rechazar el recurso de Fuset, al que también se adhirió la Fiscalía, que solicitaba el archivo de la causa contra el edil al no apreciar responsabilidad penal en su actuación, en la misma línea que había mantenido hasta ahora a lo largo de la instrucción, puesto que ya se opuso a su imputación.
El ministerio fiscal sí que consideraba que podía existir una responsabilidad civil subsidiaria por parte del Ayuntamiento de València como institución organizadora del evento.
A principios del pasado año, el Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia archivó la investigación contra el concejal del Ayuntamiento de Valencia Pere Fuset por supuesta prevaricación en la concesión de las barras en los conciertos de Viveros a cambio del montaje de las gradas.
El archivo incluyó también la investigación por las supuestas irregularidades en el montaje de las gradas sin un expediente específico, puesto que los servicios jurídicos del Ayuntamiento en su momento entendieron que no era preceptivo.