PSPV y Compromís reprueban a la vicepresidenta de Ens Uneix en la Diputación de Valencia gracias a la abstención de Vox
El pleno de la Diputación de València ha aprobado una moción presentada por el grupo del PSPV para reprobar a la vicepresidenta primera de la corporación provincial, Natalia Enguix, de Ens Uneix. La iniciativa ha salido adelante al contar con el respaldo de los diputados socialistas y de Compromís (15 votos) y gracias a las abstenciones de los dos representantes de Vox en una sesión marcada por las críticas de la oposición a la gestión de las subvenciones y ayudas públicas. Los catorce diputados de PP y Ens Uneix han votado en contra.
El portavoz del grupo socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha manifestado tras la votación que este resultado “evidencia el rechazo de la mayoría del pleno” a la gestión de la vicepresidenta. Según Bielsa, la moción traslada “el malestar de alcaldes y alcaldesas” ante una línea de actuación que los socialistas consideran “incompatible con los principios de igualdad, objetividad y transparencia”.
Las principales críticas de los socialistas se centran en los criterios de distribución de los fondos provinciales. Desde el PSPV califican de “especialmente grave” que Enguix haya realizado declaraciones públicas en las que, según sentencian, condicionaba la concesión de recursos al posicionamiento político de los representantes de la oposición. En el texto de la moción, el grupo de la oposición tilda estas prácticas de “clientelismo y arbitrariedad”.
Asimismo, el grupo socialista ha señalado como ejemplo de esta gestión lo que consideran un “bloqueo” del plan destinado a municipios de más de 50.000 habitantes. A juicio del PSPV, este tipo de decisiones “bordean los límites de la legalidad administrativa” y suponen un uso de las ayudas públicas como herramientas de presión política.
La moción aprobada no solo señala a la vicepresidenta primera, sino que también extiende el reproche al presidente de la Diputación, Vicent Mompó. El PSPV ha lamentado la postura de Mompó y ha argumentado que su “silencio” ante los hechos denunciados supone un amparo institucional a unas prácticas que, sostienen, “perjudican la calidad democrática” de la Diputación de València.