El alcalde de València, Joan Ribó, ha venido realizando una ronda de reuniones desde el pasado 21 de abril con diferentes entidades y agentes para intercambiar impresiones con respecto a la polémica ampliación del Puerto de València. En concreto, el primer edil se ha reunido con asociaciones vecinales, ecologistas, empresariales, con sindicatos, estibadores y expertos en la materia en diferentes campos.
Tras las mencionadas reuniones, desde alcaldía se ha elaborado un documento a modo de resumen, de conclusiones y de propuestas que remitirá a las administraciones implicadas, esto es, a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
A falta de concluir el documento de propuestas, las conclusiones arrojan serias dudas sobre aspectos claves del proyecto de ampliación. En primer lugar, considera que “las modificaciones introducidas en los anteproyectos de 2019 y 2021 (adenda) incorporan cambios sobre el proyecto original que, más allá del debate sobre la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) respecto a la del 2007, se tienen que estudiar en profundidad antes de adjudicar finalmente la concesión a la compañía TIL (filial de MSC) y el proyecto de ejecución de la nueva terminal”.
Según el documento, “las cuestiones que se tienen que someter previamente (y con datos precisos) a la evaluación y consenso ciudadano, técnico y político, principalmente son cuatro: erosión de las playas del sur y afección al parque natural de la Albufera; consecuencias sobre la movilidad metropolitana en en cuanto a los accesos al puerto; aumento de las extracciones de material de construcción del muelle; e impacto paisajístico sobre las playas del norte”.
Además, hay otros factores a considerar como son “el aumento de la contaminación directa e indirecta (pese a la automatización y sostenibilidad eléctrica de la nueva terminal, un estudio reciente de la federación europea Transporte & Environment considera que MSC es la principal empresa de transporte de contenedores emisora de COâ‚‚); los efectos sobre la salud de habitantes y visitantes; la imagen negativa (”ciudad logística“) hacia el turismo; o los riesgos sobre la seguridad portuaria en las maniobras de los grandes buques”.
El documento cuestiona además aspectos como el silencio del Puerto sobre las alegaciones presentadas, la necesidad de un acceso norte no contemplado en la DIA de 2007 o el verdadero impacto de la terminal en el empleo.
Según reza el informe, “el Ayuntamiento de València, como cualquier otro interesado en el procedimiento, tiene derecho a recibir una respuesta motivada a las alegaciones formuladas al informe municipal emitido en el procedimiento de concesión demanial tramitado por la APV, que se entiende deberán de ser contestadas con motivo de la adopción del acuerdo por el cual se apruebe la versión definitiva del proyecto del muelle de contenedores, teniendo en cuenta que las alegaciones presentadas por este Ayuntamiento no hacen referencia a la selección del concesionario, sino a la procedencia de reiterar la evaluación de impacto ambiental del proyecto modificado”.
Sobre el acceso norte, expone que “a pesar de que en la DÍA de 2007 no se mencionan nuevos accesos terrestres, es evidente que la ampliación portuaria va asociada al repensamiento de las infraestructuras viarias (y ferroviarias) que le den acceso y que transiten por el área metropolitana habitada. De hecho, la APV encargó en diciembre de 2019 (plazo de redacción de 20 meses, 770.196 euros) a la sociedad Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) la asistencia técnica para la elaboración del estudio informativo del acceso norte al puerto”, por lo que se pregunta si “dado el carácter de esta otra infraestructura íntimamente vinculada a la primera (la nueva terminal), con más motivo, en lugar de fraccionarse, ¿no tendría que revisarse la DIA de 2007 aprovechando las modificaciones introducidas?”.
Por último, respecto a las previsiones de empleo, 6.000 según la APV y pérdida de 500 según los estibadores, afirma que “hay contradicciones importantes entre unos y otros, incluso temores fundamentados por parte de la clase trabajadora. Ejemplos como Algeciras muestran que puede haber un alto porcentaje de paro en una ciudad con un puerto próspero”. Entonces, convendría profundizar previamente “en los diferentes escenarios conforme se planteará el vaciado de la actual terminal pública donde trabaja MSC”. Y sobre todo, “habría que sopesar sosegadamente si las ganancias económicas compensan y son compatibles con los daños ambientales”.