Las amenazas y ejecuciones de desahucio, que se paralizaron durante un tiempo, han resurgido con fuerza en València, en la Comunidad Valenciana y en todo el país. Este viernes, sin ir más lejos, el sindicato de la Vivienda se concentraba a las puertas de la casa de Sole, una vecina de unos 60 años, del barrio de Benicalap de València, para tratar de frenar un desahucio que le habían comunicado el pasado día 8. Una presión ciudadana, a la que también asistieron miembros de la Asociación Vecinal Benicalap, así como de la Plataforma contra los Desahucios (PAH) y que consiguió que la ejecución se paralice, o mejor dicho, se aplace, hasta el día 5 de febrero.
“Llevo más de cinco años aquí, al principio estaba todo bien con el dueño. En noviembre de 2023 vino y me dijo que quería hablar conmigo y yo pensé que me quería subir el alquiler, pero vino con una mujer, que decía que estaba interesada en comprar la casa y que se la tenía que enseñar. Yo le dije que de eso nada. Me dio hasta febrero para irme, pero luego vi que el contrato lo tenía en vigor hasta septiembre, le mandé un whatsapp y me dijo que no le importaba, que habían cláusulas”, asegura Sole, la inquilina.
Una versión con la que no coincide la abogada del propietario: “Esta señora lleva tres años sin pagar y sin pagar los gastos de suministros ni los de comunidad. No puedes vivir sin pagar. No es que se haya acabado el contrato y la tiren, es que no paga. El propietario no es un gran tenedor, ni un fondo de inversión, es un particular como cualquier otro, que quiere su piso. Lo que no puede ser es que una persona lleve tres años sin pagar la renta y no se la quiera desahuciar”, indica.
“He subido al rellano lo que he podido, para no perderlo todo”
Sole nos atendía en el rellano de su vivienda, visiblemente afectada y emocionada tanto por la situación que está viviendo como por los cánticos de apoyo que llegaban desde la calle. “Sole no estás Sola” gritaban los convocantes en una concentración cuya afluencia iba aumentando a medida que pasaban los minutos. En el rellano superior, enfrente de la puerta de la terraza comunitaria, Sole nos enseñaba las pertenencias que había sacado ya de su casa, por temor a perderlas ese mismo día si la obligaban a salir de allí, con lo puesto.
“Esto lo he dejado aquí, para no perderlo todo, porque ya me dirás en ocho día qué te da tiempo a quitar?” se lamentaba. Preguntaba por cómo empezó esta situación, nos decía: “El casero entonces me denunció, contacté con un abogado y me dijo que si me tenía que ir, sí o sí, y no tenía dinero, que dejara de pagar y me lo guardara para alquilar otro piso. Le hice caso entonces y ese es el fallo que cometí”.
Sole recuerda que el primer intento de desahucio fue en noviembre de 2024. En esto sí que están las dos partes de acuerdo. De hecho, la abogada del propietario nos matizaba que había sido el viernes del Black Friday. En aquel momento, Sole recurrió a los servicios sociales y le concedieron, de manera temporal, la situación de vulnerabilidad, quedando paralizado cualquier intento de desahucio. Una condición que, al parecer, ahora ha perdido.
Meses buscando piso sin éxito
La situación de Sole, que pagaba antes unos 400 euros mensuales de alquiler y que asegura que ahora estaría dispuesta a pagar hasta 900 para quedarse en el piso, es un reflejo del incremento brutal que ha viviendo y que sigue viviendo la vivienda, sobre todo, la de alquiler, en València y en España.
Ella nos confiesa que lleva meses buscando una alternativa, pero el piso más barato que ha encontrado es de 900 euros y ni siquiera ese aceptaron alquilárselo. “Piden muchas condiciones, una nómina muy alta, que yo no tengo, así como varios meses por adelantado, varios meses de fianza”, lamenta“.
Esta situación abusiva e inflada del alquiler la denuncian también las asociaciones convocadas en la concentración. De este modo, Quique, el portavoz del Sindicat de l’Habitatge de València, decía: “La realidad es que mucha gente no puede acceder a otro alquiler que el que ya está pagando. Es algo que le ocurre a gran parte de la clase trabajadora, que cada vez está más deshumanizada y desprotegida. Los alquileres en València están en más de 1100 euros y los sueldos no se corresponden a esos precios. Además, piden todo tipo de condiciones, como que seas fijo, que pagues varios meses por adelantado, dos meses de fianza… es muy complicado”.
“Se habla mucho de que los propietarios están desprotegidos, pero quienes más lo están son los inquilinos, que se pueden ver de la noche a la mañana en la calle, sin alternativa habitacional y sin poder acceder a otra vivienda por los altos precios del mercado”.
“No hay medidas efectivas que paralicen estas situaciones”
Por su parte, Jose Luis González, portavoz de la Pah, confesaba que en diciembre ya tuvieron otras amenazas de desahucio y que es una tendencia, de nuevo, al alza. “Los grandes tenedores no paran y los desahucios aumentan día a día, no hay medidas efectivas que paralicen esto”, criticaba.
“Una de las cuestiones que la nueva Ley de Vivienda marca es la obligación de la intermediación en estas situaciones por parte de las administraciones, pero esa obligación se ha de concretar con una asunción que tenga que hacer la Conselleria de Vivienda y no han llevado a cabo ningún protocolo al respecto. Le pedimos la necesidad de una intervención urgente para intentar solucionar este tipo de situaciones. En barrios como la Fuensanta, Orriols… hay muchas viviendas que son de un mismo fondo y si se interviniera se podrían hacer programas que permitieran una solución habitacional o algo similar”, agregaba.
González matizaba que los datos del Consejo General del Poder Judicial establecen que ahora el porcentaje de desahucios fruto de la no renovación de contratos de alquiler o la pretensión de alquileres mucho más elevados que resultan inasumibles son del 71%, el 29% es por hipotecas y el resto por ocupación. “Ya han quitado más de un millón de viviendas a la clase trabajadora y pequeños propietarios y ahora parece que van a por los inquilinos”, alerta.
Desde la PAH piden que se lleve a cabo un estudio claro y amplio sobre cuáles son las necesidades de la vivienda y las disponibilidades. “Dentro de estas últimas, se tiene que ver cuánta vivienda poseen organismos públicos como la Generalitat o el Ayuntamiento de València. También se tiene que demostrar por qué no se apuesta más por la reconstrucción, que es mucho más viable y barata que construir nueva vivienda. Se tiene que demostrar por qué las viviendas vacías de la banca rescatada, que nos costó más de 65.000 millones de euros, no se obliga a que haya una expropiación o sesión de uso temporal de las mismas. La Generalitat tiene regulación con la que podría obligar a hacer contratos de alquileres a los grandes tenedores para evitar los desahucios. No se aclara en qué situación están las viviendas vacías, ni qué sucede con los alquileres turísticos ilegales…”.
Y finalizaba con una reflexión: “Han levantado y difundido muy interesadamente el fantasma de la ocupación, cuando hay pequeños propietarios que con un programa de solidaridad serio y garantizando el mantenimiento de las viviendas y el cobro estarían más que dispuestos a alquilarlas y generar un ambiente de solidaridad y no el ambiente que hay ahora, que parecemos todos unos enemigos de otros”.
Finalmente, Sole, ya algo más tranquila, tras saber que, al menos va a tener hasta el día 5 de febrero para buscar una alternativa habitacional, pues el propietario está decidido a seguir adelante con el desahucio, nos decía: “A la gente le diría que tenemos que tener más humanidad y comprensión. Los alquileres están por las nubes, yo vivo sola con mi hijo, que no encuentra trabajo y está mal de la rodilla, y solo tengo mi nómina para todo. Pasé un cáncer hace años, estoy en revisión, tuve una recaída en 2020, y esto me está afectando mucho. Creo que tendríamos que tener más empatía y ayudarnos más los unos a los otros”.
La concentración acababa con Sole llorando y rodeada, en la puerta de la finca, por los convocantes que le cantaban “Ale sole, ale, no te rindas porque, hay un barrio que lucha por ti”.