El Supremo dice que el “rol institucional” que el PP dio a Alfonso Rus propició una “influencia directa” para colar enchufados
Alfonso Rus se aprovechó del “rol institucional” que le dio el PP como presidente de la Diputación de Valencia para ejercer una “influencia directa” en contrataciones ilegales de trabajadores 'zombis' que, a pesar de estar adscritos a empresas públicas, en realidad eran —en el mejor de los casos— empleados del partido conservador. Así lo acredita la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la pena de cinco años de prisión para Rus. Como muestra un botón destacado por el alto tribunal: Francisco José Antequera fue contratado en la empresa pública Imelsa, de la que era gerente Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', pese a que el hombre no trabajaba allí. Se dedicaba más bien a un “trabajo fundamentalmente en el partido” (era el encargado de la “megafonía y la logística” en los almuerzos del PP que cada sábado protagonizaba Alfonso Rus). Otro ejemplo llamativo fue la contratación, también en Imelsa, de Miguel Ángel Mullor, capitán del Olímpic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía Rus.
El responsable logístico de los famosos almuerzos de Alfonso Rus, un populista berlusconiano de la vieja escuela y muy divertido en el trato personal, estaba adscrito en Imelsa a Emilio Llopis, condenado por un delito de falsedad a un año de suspensión de empleo o cargo público. El que fuera jefe de gabinete de Rus recurrió el fallo de la Audiencia de Valencia y alegó que firmó los certificados mendaces que avalaban a Francisco José Antequera como trabajador de la mercantil pública sin conocer su contenido, algo que el TS tilda de “meras conjeturas”. El “dato objetivo”, a juicio de la Sala de lo Penal del alto tribunal, es que Llopis firmó los certificados y que “su contenido no se ajustaba a la realidad”.
La contratación de Antequera, descrita en la confesión inicial del 'yonqui del dinero' ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, resultaba “sumamente descriptiva del proceso fraudulento seguido para contratar a ciertas personas en Imelsa como favores personales, sin control de actividad y sin constar la justificación de la necesidad de esa contratación”, remacha el TS.
En cuanto a la contratación irregular en Imelsa del futbolista, la sentencia considera que existe “prueba suficiente” de que Rus lo hizo como favor personal al capitán de su equipo, tal como confesó éste último.
Además, el TS acredita el “ascendiente” que tenía Alfonso Rus sobre cargos del partido fuera del estricto ámbito de la Diputación de Valencia, singularmente para contratar 'zombis' en Ciegsa, la empresa pública de la Generalitat dedicada a la construcción de colegios, cuyo gerente y consejero delegado de la época, Máximo Caturla, también fue condenado a cinco años de prisión.
La sentencia asevera que Caturla contrató a algunos 'zombis' por “razones de filiación política” y enmarca los fichajes en un “patrón de comportamiento” propio de Alfonso Rus, dada la “relevancia” de su “rol institucional”, que le “permitía tener influencia directa en este tipo de actuaciones”, al ser tanto presidente de la Diputación como máximo líder del PP de la provincia de Valencia “desde el congreso de 2004”, tal como anota el TS. El alto tribunal, eso sí, estima parcialmente el recurso de Caturla y le rebaja en 65.438 euros la responsabilidad civil impuesta inicialmente.
Por otro lado, en Ciegsa fue colocado, en un puesto de alta dirección y a modo de “mero favor personal”, Antonio Gil Monteagudo, quien acabó haciendo tareas que “terminaron degenerando en la prestación de servicios al Partido Popular”, afirma la sentencia del TS, cuyo ponente ha sido el magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
Contrato al testaferro de Marcos Benavent
El TS también confirma la pena de cinco años de prisión para Marcos Benavent, que cumple actualmente pena de prisión en Picassent por la primera sentencia firma del 'caso Taula'. El alto tribunal no se cree la retractación del 'yonqui del dinero', que contrastaba con la confesión en su etapa de colaboración con la Fiscalía durante la fase de instrucción (“más detallada y más espontánea”).
Benavent colocó como 'zombi' en Imelsa —“como un favor personal”— a su propio testaferro, José Estarlich, quien no hizo “ningún trabajo efectivo” más allá de acudir a una escuela taller de la Diputación (“llegaba antes de almorzar y se iba a las tres de la tarde”, afirma la sentencia).
El TS avala de plano el fallo condenatorio dictado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, del que dice que “contiene unos extensos razonamientos sobre la valoración probatoria realizada y sobre la calificación jurídica de los hechos”.
Aval a los audios del 'yonqui del dinero'
La sentencia del TS vuelve a respaldar (como ya hiciera en relación con la pieza separada J de la causa) las grabaciones secretas del 'yonqui del dinero' como prueba fundamental contra la trama corrupta y descarta cualquier tipo de lesión al principio de presunción de inocencia.
Los audios se erigen en “una prueba más sujeta a la prudente valoración del tribunal”. Y las defensas no han podido demostrar que se aportaran “de forma sesgada o seleccionada”.
Fue el exsuegro del 'yonqui del dinero' quien aportó a Anticorrupción (por venganza pura y dura, según ha explicado varias veces) los audios que Benavent se dejó almacenados en un ordenador del chalet propiedad del padre de su exmujer, “incluso después de su separación conyugal sin que en ningún momento lo reclamara”, remarca la sentencia.
También descarta una eventual lesión del derecho al secreto de las comunicaciones. La resolución argumenta que su aportación a la Fiscalía Anticorrupción no perturba la “intensa expectativa de privacidad” instaurada por la doctrina el Tribunal Constitucional en relación con la exclusión de pruebas por vulneración de ese derecho fundamental.
“La exclusión probatoria [de los audios] no tendría una finalidad disuasoria, salvo impedir a los particulares la denuncia de hechos que hubieran conocido en el ámbito de su vida privada”, explica el TS.