El Ayuntamiento de València del PP y Vox advirtió de riesgos “puramente especulativos” de la nueva Ley del Suelo de Pérez Llorca
La polémica Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana que el PP y Vox se han propuesto aprobar por vía de urgencia y con inusitadas prisas, hasta el punto de presionar a una diputada de Compromís que está en avanzado estado de embarazo para agilizar los trámites, pasará el próximo 23 de noviembre por la comisión de Medio Ambiente, en la que se debatirán y votarán las enmiendas parciales. Este es el último paso antes de llevar el texto legal a su aprobación definitiva en diciembre.
Más allá de las supuestas irregularidades en la tramitación de la normativa denunciadas por la oposición, el contenido de la ley, en cuya elaboración la patronal de promotores alicantinos ha reconocido tener un importante protagonismo, ha generado una amplia controversia, no solo entre los diferentes grupos parlamentarios, sino también en el Consell Jurídic Consultiu, que planteó 53 objeciones esenciales, esto es, disposiciones directamente contrarias a derecho, que supuestamente se han corregido después.
En la misma línea, durante el plazo de alegaciones llama la atención la contundencia de los apuntes planteados por el Ayuntamiento de València, que preside la alcaldesa popular, María José Catalá. En concreto, la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Juan Giner (PP), quien fue director general de Urbanismo de la Generalitat cuando se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) de la Comunitat Valenciana de 2014, presentó un documento firmado el pasado 9 de marzo por el jefe del Servicio de Planeamiento.
Fue la diputada del PSPV en las Corts María José Salvador quien desveló el documento, que pone de relieve, en primer lugar, que el exceso de simplificación de los trámites administrativos que prevé la normativa “se traduce en falta de agilidad, complejidad e inseguridad jurídica”.
Como ejemplo, destaca que, en el ámbito del planeamiento, “desde un punto de vista competencial, no resultan claras las competencias entre las administraciones que participan en los procedimientos de planificación urbanística, en la medida en que los límites de la Ordenación Estructural y la Ordenación Pormenorizada son difusos, lo que genera inseguridad jurídica en el contenido y la aprobación de los planes”.
En otro apartado, desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de València ponen de relieve que se produce un “vaciamiento del Plan General”, con el que “la Generalitat da un paso atrás y renuncia a su tradicional función de control de los elementos reglados del planeamiento general, pues las decisiones más relevantes se tomarán en sede municipal con ocasión de los desarrollos parciales”.
En resumen, añade, “la figura del Plan General que conocemos, a fuerza de ir desnudándolo capa a capa, se convierte en un documento estratégico que renuncia a cumplir con las funciones que históricamente tenía atribuidas en el urbanismo español”.
Otra de las notas más contundentes por parte de los servicios municipales de Urbanismo apunta a que “la presentación de Planes Parciales o de Planes de Reforma Interior que delimiten unidades de ejecución en suelo urbano o urbanizable, que no formen parte de un Programa de Actuación Integrada, es decir, sin ir acompañados de un compromiso inversor, puede tener una finalidad puramente especulativa que la Ley estaría fomentando con este tipo de previsiones”.
El PSPV denuncia que se trata de una ley especulativa
Al respecto, la socialista María José Salvador destacó este miércoles que todas estas alegaciones, que van en la línea de las planteadas por el PSPV, no salen del Partido Socialista, “lo dice el Ayuntamiento de València, gobernado por María José Catalá, número uno de la candidatura del Partido Popular por València”.
Salvador señaló que el texto ofrece “menos seguridad jurídica y cuenta con informes y dictámenes muy contundentes tanto del Consell Jurídic Consultiu como de la Abogacía de la Generalitat” y alertó de que “el PP pretende la recalificación de suelo y otorga todo el poder a la iniciativa privada, incluso al margen de los planes generales municipales”. Además, Salvador explicó que “la norma contempla menos reserva de suelo para vivienda protegida, con parámetros inferiores a los contemplados en la legislación estatal”.
Por su parte, el portavoz de los socialistas en las Corts, José Muñoz, explicó que la nueva legislación permite a los promotores intervenir al margen de los planes generales de ordenación urbana municipales y facilita la reclasificación de terrenos sin determinados informes sectoriales preceptivos previos. Una circunstancia que ha calificado de especialmente grave después de la dana y de las consecuencias de las inundaciones en la Comunitat Valenciana.
Compromís critica que “antepone los intereses privados”
La portavoz adjunta y de Medio Ambiente de Compromís en el Parlamento valenciano, Paula Espinosa, denunció que “esta ley no ordena el territorio ni protege a la gente; expone a la ciudadanía a riesgos futuros que sufriremos en el País Valencià” y consideró que busca “provocar un cambio de paradigma urbanístico que desplaza a la administración del control del suelo y antepone los intereses privados”.
Espinosa dijo no entender “cómo, después de haber sufrido una dana y una terrible crisis habitacional, el modelo de Pérez Llorca se parece tanto al de Carlos Mazón: un modelo especulativo en toda su profundidad que da barra libre a un modelo territorial al servicio de intereses privados que no afronta de manera seria los retos del cambio climático”.
El PP dice que la ley es “una pasada” y Vox la defiende
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts, Nando Pastor, ha defendido las ventajas de la Ley del Suelo impulsada por el Gobierno valenciano y ha reclamado al PSPV y a Compromís que dejen de obstaculizar su tramitación. “Yo soy un firme convencido de que la Ley del Suelo es muy buena. Yo sé que a ellos les pesa, yo sé que les duele que este Consell haga viviendas, pero, por lo menos, lo que podrían hacer es ponerse de lado y dejar que las cosas funcionen”, ha señalado.
Pastor ha recordado que la ley garantiza por primera vez que el 50% de los nuevos desarrollos residenciales de la Comunitat Valenciana se destinen a algún tipo de vivienda de protección pública. “Eso, en el argot de la calle, es una auténtica pasada”.
Para el grupo parlamentario Vox, “el urbanismo debe estar al servicio de los ciudadanos, la actividad económica y la creación de vivienda, y no convertirse en un laberinto administrativo que retrase inversiones, encarezca proyectos o impida a los propietarios ejercer sus derechos”, por lo que “es necesario avanzar hacia un modelo urbanístico más ágil, previsible y eficaz, que permita construir más viviendas, rehabilitar edificios, desarrollar suelo y atraer inversiones, manteniendo las garantías legales y ambientales correspondientes”.
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