Trabajadores de un proveedor de Ford denuncian presiones de la dirección para no presentarse al comité de empresa
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Trabajadores de Ilunion-MLV, un centro especial de empleo proveedor de Ford en Almussafes con una plantilla de unas 660 personas, han denunciado presiones de la dirección de la mercantil para evitar la presentación de una candidatura alternativa a la que califican de “oficialista”, representada por UGT y “copada por cargos de la empresa”, ante las elecciones sindicales de este miércoles. “Es una estrategia que ya utilizaron hace cuatro años, cuando sí consiguieron que no presentáramos lista. En estos cuatro años, el comité no ha hecho nada por los trabajadores”, explican Javier Alcañiz, Juanma Sabater y Laura Serrano, miembros de la candidatura de Intersindical.
Según sus testimonios, han sufrido múltiples presiones y se les ha impedido realizar la campaña electoral o entablar conversación con la plantilla en el interior de las instalaciones. “Hace unos días, nos echaron porque hablábamos con los compañeros y tuvimos que llamar a la policía para que nos dejaran acceder al recinto, en el exterior de los edificios, para estar apenas 20 minutos. Mientras tanto, el actual comité de empresa lleva un mes de campaña con la petición del voto”, señalan los representantes de Intersindical. Los portavoces lamentan la “fortísima discriminación sindical” que padecen y acusan a la dirección de “coaccionar” a los empleados.
En este contexto de tensión, la empresa ha abierto un expediente por una falta muy grave —que puede acarrear el despido— a Sabater por difundir una resolución de la Inspección de Trabajo del 5 de agosto en un expediente aún en trámite. Dicho documento alerta de un riesgo ergonómico “inaceptable” en un puesto para el que la empresa se compromete a aplicar medidas organizativas, tales como que la tarea “solo la realicen los hombres” y en un rango de edad determinado para que el riesgo resulte “moderado”. Asimismo, la Inspección solicitó una auditoría externa de riesgos psicosociales específica para la nave afectada.
En la comunicación oficial, la empresa atribuye al expediente la vulneración del artículo 97 por la difusión a través de un grupo de WhatsApp de trabajadores “y personas ajenas a la firma” de un documento “de carácter estrictamente confidencial”. En el escrito se identifica a un miembro del comité de empresa y se aportan datos personales especialmente protegidos de diversos empleados. Además, la mercantil acusa a Sabater de “desinformar” a la plantilla y de “desprestigiar” a MLV con informaciones “absolutamente falsas” sobre supuestos “abusos”.
Intersindical convocó una concentración el pasado viernes para protestar por la apertura del expediente a Sabater. Ante la movilización, la empresa emitió un comunicado dirigido a los trabajadores en el que aclaró que no ha impuesto “ninguna sanción disciplinaria”. “La empresa tiene la obligación de velar por la protección de los datos personales y por el cumplimiento de la normativa aplicable”, alega la gerencia, que justifica el proceso como una “investigación interna” para “esclarecer los hechos y determinar las circunstancias producidas”. Desde Intersindical se cuestionan: “¿Qué esconde la empresa para no querer que entremos al comité y podamos fiscalizar la actividad de la mercantil?”. La empresa no ha respondido a las consultas formuladas por elDiario.es sobre estas denuncias.
Problemas de los trabajadores afectados por el ERTE RED
Por otra parte, los trabajadores de MLV afectados por el ERTE RED desde el año 2025 aseguran que sufren “importantes retrasos” en el cobro de las ayudas complementarias concedidas por la Generalitat Valenciana a través de Labora. A punto de comenzar el mes de octubre de 2026, insisten en que una gran parte de la plantilla todavía no ha percibido ningún pago correspondiente al presente ejercicio, a pesar de que el expediente de regulación temporal de empleo continúa en vigor con la acumulación de nuevos periodos de suspensión.
A la parálisis de los abonos de este año se suman las diferencias en las liquidaciones de 2025, donde empleados con periodos de afectación similares han recibido importes “muy dispares”. Según relatan, algunos apenas han cobrado algo más de cien euros frente a otros que superan los 250 euros, sin que el organismo autonómico “haya ofrecido una justificación clara sobre los cálculos aplicados”.
Ante las reiteradas consultas de los afectados, la conselleria ha atribuido estos problemas a retrasos en la tramitación administrativa, discrepancias en las tablas salariales y la complejidad del propio sistema de cómputo. Sin embargo, los empleados denuncian la completa desinformación a la que están sometidos mientras asumen las pérdidas de ingresos derivadas de la reducción de su actividad laboral. Por todo ello, los trabajadores exigen a la Generalitat un ejercicio de transparencia mediante un desglose individualizado que detalle las bases reguladoras, los días computados y las cuantías exactas asignadas a cada expediente, además de la fijación de un calendario urgente para liquidar todos los importes pendientes de 2025 y 2026.