Antifraude alerta de irregularidades en procesos de contratación del concejal de València que oculta con qué empresas trabaja
La Agencia Valenciana Antifraude pone contra las cuerdas al concejal de contratación de València, José Marí Olano, que compatibiliza su actividad como responsable de contratación con el ejercicio de la abogacía. El organismo señala en un informe provisional que la mano derecha de María José Catalá no motivó correctamente sus abstenciones como presidente de la Mesa de Contratación, órgano que presidió entre abril y diciembre del pasado año, porque no identificó a las empresas con las que trabajó. El órganon aprecia irregularidades en contratos que superan los 255 millones de euros y abre la puerta a la impugnación de los procesos por las empresas que concurrieron.
El edil, que tiene dedicación parcial y ejerce la abogacía de forma privada, fue apartado en diciembre de la presidencia de la Mesa de Contratación, el órgano colegiado que delibera sobre los contratos públicos, después de abstenerse en al menos seis procesos por trabajar o haber trabajado con empresas que concurrían a los concursos públics. El propio edil comunicó las abstenciones a la mesa para evitar conflictos de intereses, pero no identificó a las mercantiles, alegando el secreto profesional de la abogacía. Ni siquiera a petición del Síndic de Greuges, que abrió una investigación e instó al edil a trasladar esos datos tras denuncias de la oposición.
No identifica a las empresas en las abstenciones
La coalición Compromís ha difundido algunos puntos del informe provisional de Antifraude, un texto “demoledor” que debe resolverse esta semana, atendiendo a las alegaciones que haya podido efectuar el edil de contratación. El organismo alerta del riesgo de conflicto de intereses en estos contratos, sujetos a financiación europea, por “la falta de resolución formal que resuelva la abstención en tiempo y forma real”.
“Para que una abstención sea plenamente eficaz (...) no basta una mención genérica. El concejal tiene la obligación de: identificar plenamente (nombre o razón social) a la persona física o jurídica afectada que motiva el conflicto”, dice el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, que añade que se debe “justificar de qué manera concreta” la abstención encaja con la ley “permitiendo verificar que la relación profesional o de interés es real y encaja en el tipo legal”.
“Actos viciados de irregularidad”
El organismo también aprecia “defectos en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum”. Apunta que la retirada del presidente de la Mesa (Marí Olano) tras manifestar su abstención “no habilita al resto de miembros a continuar la sesión de forma automática”. Al no haber una sustitución formal, dice el organismo, “la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario”, en referencia a una sesión del 5 de junio de 2025. Por tanto, prosigue, “los actos derivados de ellas [de la sesión cuestionada[ estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constituión de los órganos colegiados”.
El conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurado
Antifraude también recalca que el edil no realizó correctamente el procedimiento de abstención. “La mera manifestación de la abstención no es suficiente; es imperativa una comunicación formal al órgano que lo designó y la correspondiente resolución administrativa aceptando la abstención”, dice el informe, que recalca: “La inexistencia de ese acto administrativo supone que la situación de conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurada”.
“Riesgo en materia de integridad”
Asimismo, apunta, “la existencia de una causa de abstención preexistente (servicios profesionales prestados en los dos últimos años) contradice las declaraciones suscritas por el concejal al inicio d elas sesiones. Este hecho puede constituir un indicador de riesgo en materia de integridad, dado que las declaraciones iniciales no reflejaban la situación real de imparcialidad”.
“Vulneración del plan de medidas antifraude”
El informe, que afea a Marí Olano que con su formación haya obrado de este modo, observa “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Tratándose de contratos sujetos a financiación europea, el defecto de constitución del órgano unido a “una gestión deficiente del conflicto de interés podría comprometer los fondos asignados”.
“Vicios que afectan a la legalidad”
Asimismo, dice el órgano, “si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado (...) la participación de un miembro incurso en causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”.
Como ha venido informando elDiario.es, Marí Olano se ha abstenido en al menos seis procedimientos: la regeneración urbana de Pérez Galdós y Giorgeta, el servicio de mantenimiento del sistema de saneamiento, los huertos urbanos de Orriols o mejoras en equipamientos municipales como los mercados de Russafa y el Polideportivo de Natzaret.
“Un informe provisional”
El Ayuntamiento de València ha rechazado valorar el contenido del informe y acusa a Compromís de acometer “una operación política” con el objetivo de “embarrar”. El portavoz del gobierno, Juan Carlos Caballero, ha recalcado que “es un informe provisional” y “tiene carácter reservado”. El edil “ya dio las explicaciones correspondientes, se abstuvo cuando se tuvo que abstener”.
José Marí Olano también ha sido denunciado por Compromís y el PSPV en Anticorrupción tras desvelar elDiario.es unos audios en los que aparece ofreciendo plazas de empleo público a trabajadores del Consorcio Valencia 2007, plazas investigadas por esta Fiscalía.