Catalá podría haber frenado subidas del alquiler de hasta 570 euros de haber declarado València zona tensionada en 2023

El drama vivido por Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda de Madrid a la que el fondo Urbagestión tras hacerse con la propiedad del inmueble, le exigió una subida de los 500 euros que pagaba por su contrato de renta antigua a 2.650 euros, ha abierto un debate sobre la situación del mercado de la vivienda y la política que se aplica en las diferentes autonomías.

En el caso de la Comunitat Valenciana, los desahucios por impago de los alquileres se han multiplicado y suponen el grueso de los que se ejecutan. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2025, los lanzamientos en territorio valenciano vinculados al alquiler alcanzaron los 2.158 casos, mientras que los hipotecarios sumaron 637.

Y es que, el incremento desmesurado y exponencial que han registrado los precios de los alquileres es uno de los principales causantes de estas situaciones, unos incrementos que cuanto menos se podían haber frenado de aplicarse la Ley Estatal de Vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 y que permite a los municipios, con el visto bueno del gobierno autonómico, declararse como zonas tensionadas. Esto implica que las renovaciones de los alquileres ya en vigor tan solo se pueden subir con el IPC, mientras que los nuevos contratos de viviendas con más de dos años sin salir al mercado del alquiler o para las que son propiedad de empresas o de fondos de inversión, deben fijar los precios de referencia marcados por el Gobierno.

Aplicado a la ciudad de València, una de las ciudades de España en la que más han subido los alquileres con un 82% desde el año 2020, se podría haber evitado un incremento de los precios desde mayo de 2023 hasta el pasado mes de agosto de hasta un 43%, según los datos de diferentes portales inmobiliario. En concreto, en ese periodo, la plataforma Idealista marca un incremento de 420 euros (un piso de 100 metros ha pasado de 1.210 a 1.630 euros), Engel & Völkers de 270 euros (de 970 a 1.240 euros) y Fotocasa de 571 euros por metro cuadrado (de 1.323 a 1.894 euros). El primer portal marcó el precio del metro cuadrado el pasado mes de agosto en 16,3 euros, el segundo en 12,4 euros y el tercero en 18,94 euros.

La petición de declaración de València como zona tensionada estaba prevista tanto por el anterior ejecutivo municipal de izquierdas liderado por Joan Ribó como por el del Botánico, presidido por Ximo Puig. No se llegó a aplicar porque la entrada en vigor de la normativa prácticamente coincidió con las elecciones, que tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023.

Preguntada la nueva alcaldesa, María José Catalá, a las pocas semanas de ganar los comicios sobre si pediría a la Generalitat la declaración de València como zona tensionada para poder limitar los alquileres, tal y como tenía previsto el anterior ejecutivo progresista, la respuesta fue negativa. Y apostó por incrementar la oferta incentivando la construcción, una medida que puede tener efecto a medio o largo plazo. Por contra, anunció la oficina antiokupación, ya creada, que apenas tiene actividad.

Tampoco desde la Generalitat Valenciana son partidarios de aplicar este mecanismo, pese a que hasta julio eran 13 los municipios que lo habían pedido, tres de ellos gobernados por el PP. Se trata de Bunyol, Alginet y Almàssera. El resto de los que han solicitado son Dénia, Mislata, Sedaví, Pobla de Farnals, Alginet, Sagunto, Almàssera, Gandía, Burjassot, Aldaia, Bonrepós i Mirambell, Petrer y Bunyol. En todos ellos gobiernan partidos de izquierdas.

Descensos en Barcelona, Euskadi y Navarra

Actualmente, 310 municipios de cuatro comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Navarra y Catalunya) han sido declarados como zonas tensionadas. Destaca el caso de Galicia, gobernada por el PP. En esas localidades no se pueden firmar contratos por encima del precio que marque el Índice de Referencia, ni actualizar precios de forma arbitraria.

Catalunya fue la primera en acogerse al mecanismo en 2024 tras experimentar 33 meses seguidos de incrementos de precios del alquiler. Es, por lo tanto, la autonomía que ofrece datos más fiables. Según los datos oficiales de las autoridades catalanas, los precios han caído un 4,7% en la ciudad de Barcelona y un 1,3% en todas las zonas de mercado tensionado declaradas. Asimismo, en este mismo período, el precio se ha incrementado un 9,5% en las zonas no declaradas mercado tensionado.

En Euskadi se ha conocido recientemente que en los 14 municipios declarados como zonas tensionadas en la provincia de Gipuzkoa la evidencia es inapelable: los nuevos alquileres bajaron un 3,5% en la provincia, mientras el número de contratos activos aumentó un 3,2%.

En Navarra, durante el primer año de aplicación de zonas tensionadas (del segundo trimestre de 2025 al segundo de 2026) el precio del alquiler ha descendido un 5,3%, al tiempo que se mantiene el ritmo de contratos firmados por trimestre, a pesar de un descenso considerable en el crecimiento del saldo por la reducción de la rotación y la comparación con el último trimestre en el que no estaban en vigor las zonas tensionadas.

A diferencia de otras autonomías, Galicia solo publica los datos de las fianzas que se depositan, sin capacidad para realizar un análisis o seguimiento que permita observar la evolución real del precio o del número de contratos en vigor. En A Coruña, en mayo 2026, se depositaron 1.696 fianzas de alquiler, un 14,4 % menos que hace un año. En el conjunto de Galicia se depositaron 2.586 fianzas, un 3,6 % más que hace un año.