El informe de la investigación del robo en EMT València concluye que hubo “vulnerabilidades” en el control de tesorería y propone el cese de una directiva
“El resultado del trabajo de la comisión constata vulnerabilidades no resueltas en el procedimiento de conciliación bancaria y control de la tesorería, así como en la falta de delegación de funciones de forma protocolizada en situación de baja o permiso”.
Así reza parte del documento de conclusiones de la comisión de investigación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) al que ha tenido acceso elDieario.es y que este lunes la presidenta del grupo de trabajo, la consejera y edil socialista Elisa Valía, ha entregado al resto de miembros de la comisión con motivo del consejo de administración que se celebra este medio día.
El informe pone de manifiesto que “a pesar de que la empresa había iniciado la elaboración de protocolos y procedimientos ante la inexistencia de los mismos en 2015 y con la llegada de la nueva dirección, este proceso no se había podido concluir en su totalidad”.
Además, propone “el cese de la directora del área de gestión, María Rayón, como Directora de Gestión, ante la falta de diligencia constatada”. Como máxima responsable del área de gestión, “se han podido constatar a lo largo de los meses de trabajo de la comisión numerosas acciones y decisiones por parte de la jefa del área que, si bien no facilitaron el fraude no impidieron que éste pudiese prolongarse durante más de veinte días”.
El pasado 30 de septiembre, el presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, anunció el cese del gerente de la EMT, Josep Enric García, un año después del robo de 4 millones de euros que sufrió la entidad mediante el timo del CEO.
Recomendaciones de la comisión
Además, entre las recomendaciones se insta a separar el área de gestión actual “en dos departamentos o áreas distintas, finanzas y recursos humanos”, dada “la distinta naturaleza de los asuntos” y los “cambios estructurales” que aconseja para gestión en favor de “una mejor organización y mayor seguridad en el trabajo”. Al respecto, sostiene que este departamento “tiene una envergadura considerable” que “no facilita el seguimiento de los procesos” por sus dirigentes.
Igualmente, la comisión invita a hacer protocolos para finanzas con “especial atención” en administración al “control de la tesorería y la conciliación bancaria”. “Deberán diseñarse de forma que la distribución de tareas actúe de cortafuegos ante posibles irregularidades”, subraya.
Por otro lado, recomienda dar “formación específica” a los empleados del área “para que conozcan todos los protocolos y procedimientos” ya que son “quienes deben aplicarlos”. “La empresa debe asegurarse de que la formación que reciben es la adecuada para desarrollar su trabajo con las máximas garantías”, expone.
La comisión aconseja hacer protocolos para “la delegación formal de funciones en caso de que una persona empleada se encuentre en situación de baja, permiso o descanso --la jefa de gestión estaba de baja por maternidad cuando se produjo el fraude, que coincidió con vacaciones del exgerente--”. “Debe quedar establecido quién asume las tareas de un compañero” ante “una ausencia” para que “ninguna función quede desatendida”, sostiene.
Las conclusiones recuerdan que la actuación de la jefa de administración y de Caixabank --desde la que se emitieron las transferencias del fraude--, está investigándose en un juzgado y precisa por ello que este documento no se refiere “a las posibles responsabilidades judiciales” que puedan señalarse.
Sin responsabilidades políticas
El concejal de Movilidad y presidente de EMT València, Giuseppe Grezzi, ha destacado que el borrador de conclusiones de la comisión de investigación sobre el fraude en la empresa pública descarta “responsabilidades políticas” tanto de él como del recientemente cesado gerente en esta estafa de cuatro millones de euros cometida hace un año y ha defendido, por tanto, que “las responsabilidades políticas se tienen que asumir si existen”.
Grezzi ha hecho hincapié en que el borrador de la comisión interna recoge lo que han dicho “desde el primer momento” y apunta a un reajuste de la jefa de Gestión para que “deje de tener esa función y ser asignada a otro puesto”. Con este cese, esta trabajadora “pierde la condición de mando de la empresa”, ha garantizado.
Por otro lado, sobre la indemnización que recibirá el gerente tras su cese, Grezzi ha indicado que es algo que determinará el departamento de recursos humanos tras la aprobación en el consejo. La ley, ha recordado, establece siete días por año trabajado y otra indemnización si no hay un preaviso de tres meses.
También ha destacado que el nombramiento del próximo gerente es algo que deberá proponer él mismo al consejo de administración. “Cuando haya una persona con la mismas cualidades, capacidad de gestión y trayectoria, se aprobará”, ha augurado.
Por parte del PSPV, como presidenta de la comisión de la investigación, Elisa Valía ha celebrado que las conclusiones están ajustadas a la realidad y plantean recomendaciones que se abordarán este miércoles, 7 de octubre, en la reunión del órgano. El objetivo es “poner todos los medios para recuperar el dinero y evitar que vuelva a suceder”.
“La EMT abre una nueva etapa con mejores garantías de que un fraude así no vuelva a ocurrir”, ha aseverado, garantizando que habrá colaboración con el Ayuntamiento para mejorar los procesos. También ha defendido que el gerente no aparezca en el borrador porque “puede tener una responsabilidad que ya ha asumido” con su cese, además de abogar porque su relevo se elija “muy bien”.
Por parte de la oposición, la portavoz del PP, Mª José Catalá, ha criticado que “el dictamen chapucero, breve y de escasa calidad culpa a dos trabajadoras del robo de cuatro millones y exime al gerente”, con lo que cree que falta depurar responsabilidades políticas.
Ciudadanos también quiere que la empresa sea intervenida y rechaza que el gerente no figure en el informe, con lo que cree que “se intenta justificar una salida procedente cuando no es así”, además de exigir que el nuevo se elija por concurso público.