Se hacen públicos los gastos de caja fija que ocultó el Puerto de València: 10.400 euros en comidas de la presidenta
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La presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y su equipo (gabinete técnico y de comunicación) han gastado desde octubre de 2023 a junio de 2025 un total de 10.447 euros de dinero público en comidas y cenas. La mayor parte del gasto corresponde a la propia presidenta, según la información facilitada a elDiario.es por la APV a elDiario.es.
Esta cifra arroja un coste medio de casi 500 euros al mes. Según la mencionada documentación, las tres facturas más elevadas con bastante diferencia del resto corresponden a tres ágapes por parte de Chao que tuvieron lugar en el año 2024 por valor de 466,20, 421,75 y 305,5 euros respectivamente. Así pues, entre octubre y diciembre de 2023 los gastos en manutención fueron de 2.280 euros, los de 2024 de 6.908 euros y los de los seis primeros meses de 2025 de 1.259 euros.
La APV ha facilitado esta información tras una resolución del Consejo de Transparencia que concluye que se trata de información pública y que debe facilitarla a quien la requiera. El dictamen viene como consecuencia de un particular que solicitó la mencionada información al organismo portuario, que a su vez la denegó. El solicitante puso entonces una reclamación ante la mencionada instancia que se resolvió el pasado 24 de febrero.
Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, la APV dictó resolución expresa en plazo denegando el acceso a la información solicitada al señalar que la divulgación de esa información “podría comprometer la posición competitiva de Valenciaport frente a otros enclaves portuarios, con el consiguiente riesgo de pérdida de clientes y deterioro de su cuota de mercado”. A ello añadió que “el contenido de las reuniones estaba amparado por el deber de confidencialidad y el secreto comercial”. Junto ello señaló que “los gastos realizados durante el ejercicio 2025, como aún no habían sido objeto de fiscalización, era información que estaba amparada por el límite previsto en el artículo 14.1.g) de la LTAIBG, debiendo esperar a que se produjera el cierre contable para facilitar el acceso a dicha información”.
Disconforme con la respuesta recibida el interesado que solicitó la información interpuso reclamación ante el Consejo en la que señaló “la falta de motivación” e la respuesta denegatoria de la APV y solicitó la entrega de la información reclamada sin anonimizar con indicación, al menos, del cargo ocupado.
Ante la disyuntiva, el Consejo de Transparencia resolvió que “para considerar que una información puede estar protegida por el secreto empresarial ha de tratarse de conocimientos propios de un operador económico de carácter técnico o comercial, vinculados a su organización interna, y cuya divulgación debilite su posición en el mercado y frente a sus competidores”.
El organismo entiende que es contradictoria la argumentación utilizada por la APV para denegar el acceso a esta información cuando afirma sobre los gastos de 2025 que no se pueden hacer públicos porque están pendientes de fiscalizar y, en cambio, en el caso de los de 2023 y 2024, que sí están fiscalizados, se aduce el mencionado secreto comercial y la confidencialidad de las actuaciones.
La resolución se apoya en diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala “el interés público en acceder a la información referida a la titulación y a las retribuciones de los cargos de confianza, personal de libre designación y personal técnico perteneciente a las entidades del sector público” y que es “plenamente trasladable al acceso a la información relativa a los gastos de dicho personal sufragados con cargo a los presupuestos de dichas entidades”. En consecuencia, al igual que sucede con las retribuciones, “prevalece el interés público en acceder a la información sobre los gastos cargados al presupuesto de la Autoridad Portuaria frente a la protección de los datos de carácter personal de quienes los devengaron”.
Por este motivo, el Consejo de Transparencia estimó la reclamación presentada e instó a la APV a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información, teniendo en cuenta lo indicado en el último párrafo del fundamento octavo: “Relación de todos los movimientos de la caja de la Autoridad Portuaria de Valencia desde el 1 de octubre de 2023 a junio de 2025”.
Investigación del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), unas pesquisas relacionadas con presuntas irregularidades en el cobro de dietas por parte de la presidenta. En concreto, como avanzó elDiario.es, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.
La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
La OCI abrió una primera investigación para comprobar si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.