Los problemas se le acumulan a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.
Según ha averiguado elDiario.es, la investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.
Además el Tribunal de Cuentas requiere a Chao para que designe a un representante legal de la APV ante la existencia de un posible conflicto de intereses en su condición de presidenta y presunta responsable por alcance. Además, remite copia de las actuaciones a la Fiscalía y a la propia Autoridad Portuaria para que presenten alegaciones si así lo consideran. El Tribunal ha notificado la resolución tanto al Ministerio Fiscal como a la APV advirtiendo de que contra la misma cabe recurso de reposición.
Al respecto, fuentes de la APV consultadas por elDiario.es han explicado que “a raíz de una denuncia anónima ante la OCI” el organismo habría atendido las alegaciones de la presidenta y “dado traslado de la denuncia al Tribunal de Cuentas a fin de que sea éste, como única institución que puede pronunciarse sobre la existencia de un alcance contable, el que determine si existe o no”. Para ello, han confirmado que “el Tribunal de Cuentas ha acordado unas diligencias preliminares y dado traslado a la APV”.
Las irregularidades investigadas
Aunque el Tribunal de Cuentas no detalla qué aspectos concretos están siendo objeto de investigación, al proceder el escrito que da origen a las diligencias de la Secretaría de Estado de la que depende la OCI, todo apunta a que se trata de algunas de las cuestiones que estaban siendo analizadas por este organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital, principalmente las relacionadas con contratos o con el cobro de dietas.
Así, tal y como avanzó elDiario.es, la OCI abrió una primera investigación para comprobar si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.
A esta causa se suman otras tres. La primera de ellas se refiere a la contratación supuestamente directa, sin el preceptivo concurso público, de un book de fotos institucional para dar soporte gráfico a diferentes actos.
La segunda y la tercera están reflejadas también en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) destapado por esta redacción. En concreto, una se refiere a un contrato que adjudicó el 21 de octubre del pasado año por importe de 160.930 euros (IVA incluido) a Andràs Abogados, asesoría ubicada en Barcelona. El órgano de contratación fue la propia presidencia de la APV que lidera Mar Chao y el objeto del contrato licitado el pasado 24 de julio fue la asistencia técnica para el apoyo en la gestión de personas. Sin embargo, como informó elDiario.es, un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia remitido a la APV advirtió de que los pliegos licitados podían incurrir en una limitación del derecho a la pública concurrencia. Tras este requerimiento, la APV publicó el pasado 17 de diciembre su desistimiento del contrato. El denunciante ante la OCI considera que puede haber un delito de prevaricación puesto que Chao ya contrató a esta empresa en una etapa laboral anterior a la que le adjudicó un contrato por valor de 475.000 euros.
La tercera investigación de la OCI pone de manifiesto irregularidades en diferentes procesos de contratación que supuestamente se habrían amañado. Se trataría de al menos cinco puestos públicos adjudicados de forma presuntamente teledirigida a determinadas personas sin seguir las instrucciones para la selección de personal.