El Puerto de Valencia modifica el contrato del canal de denuncias tras las irregularidades que pueden acarrear una multa de 1 millón

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha vuelto a licitar el servicio de gestión de su canal de denuncias internas aunque con notables diferencias con respecto al anterior contrato, recientemente finalizado, que le ha acarreado un expediente sancionador que podría finalizar con una multa de hasta 1 millón de euros.

El servicio que ahora se saca a concurso contempla menos atribuciones a la empresa que lo adjudique y por lo tanto cuenta también con una menor dotación económica. Según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado se trata de un contrato con un valor estimado de 35.000 euros y un precio base de licitación sin impuestos de 15.800 euros y dos años de duración. Contempla únicamente “el suministro de la herramienta que permita la gestión externa del Canal Interno de Información de la APV (actualmente Canal Ético APV), su gestión técnica y mantenimiento”.

Como informó elDiario.es, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo público estatal de carácter independiente, abrió un expediente sancionador que podría finalizar con una multa administrativa de hasta 1 millón de euros por irregularidades en las cláusulas del contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financierso, SL (GPartners) para la gestión del canal interno de denuncias.

La investigación se inició como consecuencia de una denuncia que alertó de que se habría vulnerado la independencia y la correcta gestión del sistema de alertas interno incluido en el buzón de denuncias de la entidad portuaria, una función que se habría delegado a la mencionada empresa externa a la que además se le atribuyeron funciones de investigación reservadas legalmente al responsable interno del sistema, es decir, a la APV. La investigación de la AIPI concluye que existen indicios suficientes para abrir un expediente sancionador específico contra la Autoridad Portuaria de Valencia.

En concreto, el objeto del contrato investigado incluía, entre otras cosas, “los servicios de apoyo jurídico, consultoría y emisión de informes en relación con la tramitación interna de las denuncias y los procesos de investigación (formal o informal) llevados a cabo por los comités o comisiones correspondientes”.

En cambio, el nuevo contrato establece claramente los límites que establece Ley 2/2023 de Protección del Informante, que permite encargar a un tercero la gestión técnica del canal (por ejemplo, la plataforma informática o la recepción inicial de las comunicaciones), pero limita esa externalización a funciones instrumentales, reservando la investigación de fondo y la valoración de los hechos al responsable interno del sistema.

Por este motivo, el pliego de condiciones del nuevo contrato establece que “en ningún caso la herramienta contratada podrá suponer sustitución, asunción o interferencia en las funciones legalmente atribuidas al Responsable del Sistema Interno de Información”. Además, añade que “la herramienta suministrada constituirá un canal seguro, confidencial, trazable e independiente para la recepción de comunicaciones, gestionado de forma externa para evitar los posibles conflictos de interés por lo que se configurará como un SaaS, garantizando las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema Interno de Información (SII), sin que ello suponga, en ningún caso, la asunción por el adjudicatario de funciones decisorias reservadas en exclusiva a la APV y a su Responsable del Sistema Interno de información”.

UGT exige independencia

La Sección Sindical de UGT en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha solicitado formalmente a la dirección del organismo toda la documentación que regula su canal interno de denuncias con el fin de comprobar que cumple las garantías de independencia y autonomía establecidas por la Ley 2/2023.

La petición, registrada el pasado 7 de julio, se produce tras el análisis por parte del sindicato de distintos documentos públicos de la Autoridad Portuaria, entre ellos la resolución de delegación de competencias publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2024 y los pliegos de contratación del canal ético correspondientes a 2023 y 2026.

Según explica UGT, el estudio de esta documentación plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema interno de información y, en particular, sobre la independencia del órgano encargado de gestionar las denuncias. El sindicato recuerda que la Ley 2/2023 establece que la persona responsable del sistema debe actuar con plena autonomía respecto del resto de órganos de la entidad y sin recibir instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

El análisis realizado por UGT pone de manifiesto que el modelo implantado por la APV atribuye al Responsable del Sistema Interno de Información —cargo que ostenta el secretario general de la entidad— funciones relacionadas con la gestión del canal de denuncias, al tiempo que preside la Comisión Antifraude encargada de la instrucción de los expedientes. Asimismo, la resolución de delegación de competencias de 2024 atribuye a la Presidencia la aprobación de las funciones y la revisión de la composición de dicha comisión, según denuncia el sindicato.