El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que preside Mar Chao aprobó el pasado 29 de julio sin dar ningún tipo de información pública una “propuesta de resolución sobre la aprobación de la 'Política de gestión y liquidación de dietas e indemnizaciones por razón del servicio' de la Autoridad Portuaria de Valencia”.
En su nota de prensa habitual para informar de los temas más destacados de cada reunión (Chao eliminó las ruedas de prensa al acceder al cargo) el organismo tan solo informó del resultado económico del pasado ejercicio y dio un balance de tráficos.
El documento aprobado al que ha tenido acceso elDiario.es (completo al final de la información) da cuenta del proyecto denominado Sistema Integrado de Control Interno de la APV (SICI), “en fase avanzada de implantación”, que establece “un marco normativo homogéneo y jerárquico de los documentos de aplicación al funcionamiento de la Autoridad Portuaria”, dice el texto.
Así, propone “adaptar la estructura documental relacionada con las dietas e indemnizaciones de la APV al marco normativo establecido en el SICI, y aprobar la Política de gestión y liquidación de dietas e indemnizaciones por razón del servicio de la APV”.
Sin embargo, afirma que “la nueva política pretende ser de aplicación a comisiones de servicio con derecho a indemnización y a asistencias por concurrencia a Órganos Colegiados por participación en tribunales de oposiciones y concursos” y añade: “Se incluye en su ámbito de aplicación a las personas que ostenten la Dirección General y la Presidencia de la APV, que tendrán la misma consideración que el personal excluido de convenio a los efectos de la aplicación del presente procedimiento, acogiéndose al régimen de indemnizaciones regulado en la presente política, de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio”.
Sin embargo, según han apuntado diversas fuentes conocedoras de la legislación consultadas por elDiario.es, en este punto surgen dudas jurídicas ya que consideran que legalmente no es compatible que un alto cargo (solo tienen esta consideración la presidenta y el director general) se equipare en lo referente al cobro de dietas y compensaciones al personal excluido del convenio.
Y esto lo argumentan en que un alto cargo se rige por la Ley 3/2015, de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002 señala que deben cobrar a factura presentada: “Con la aprobación del nuevo procedimiento interno en el que se equipara a los altos cargos con el personal excluido de convenio en lo que a cobro de dietas se refiere, en realidad se está atentando contra toda esta normativa de ámbito estatal”, afirman las mencionadas fuentes.
Según el documento, con la nueva política de dietas aprobada tanto la presidenta como el director general, junto al personal no incluido en el convenio, pasarán a cobrar un plus de 195 euros por alojamiento en el territorio nacional, de 290 euros por alojamiento en el extranjero, 53,34 euros por manutención en territorio nacional, 26,67 euros por media manutención en territorio nacional, 84,14 euros por manutención en territorio internacional y 48.08 euros por media manutención en el extranjero. En cuando al kilometraje, se les abonará 0,26 euros por kilómetro y los gastos de viaje se pagarán según justificante.
Preguntadas al respecto fuentes de la APV, niegan que se haya ocultado y afirman que “se informa en los sitios donde se publica todo lo que aprueba el Consejo y que requiere ser publicado”, sin dar más detalles. Según comprobó este diario, fue precisamente tras preguntar por este acuerdo cuando apareció publicado en la web de la entidad.
Sobre la supuesta incompatibilidad legal de equiparar a la presidenta y al director general con el personal no incluido en el convenio, desde la APV aseguran que “esta política no modifica ni supone novedades respecto al procedimiento seguido hasta la fecha por esta APV para el devengo y pago de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio reguladas en el mismo (es decir, gastos de kilometraje, límites de gasto de hoteles, manutención, gastos de transporte público, etc)”, algo que contradice la literalidad del acuerdo mencionado anteriormente.
Las mismas fuentes añaden que “estas dietas constituyen las indemnizaciones por razón de servicio que tienen su marco regulatorio en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Conforme a lo establecido en este Real Decreto, estos conceptos no tienen carácter salarial, sino indemnizatorio. La Presidencia y la Dirección General de la APV no cobran ni han cobrado otro tipo de dietas, estando sujetos a los mismos límites de gasto, controles y procedimiento operativo que los aplicables al personal excluido de convenio de la APV”.
Se da la circunstancia de que este acuerdo que se ha aprobado en pleno verano y sin dar información pública ha surgido un mes después de que este diario revelara el correo anónimo que recibieron varios consejeros en el que, entre otras cosas, se alertaba del supuesto cobro irregular de unos 15.000 euros en dietas por parte de la presidenta Mar Chao, un asunto que, según el mail, estaría investigando la Oficina de Conflicto de Intereses.