El misterioso correo anónimo que advirtió a los consejeros del Puerto de Valencia del supuesto cobro irregular de 15.000 euros por parte de la presidenta

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, dio cuenta en la reunión del consejo de administración del pasado 30 de junio de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que, según explicó, se ha centrado en analizar todos los procesos, incluidas las jubilaciones o las bajas incentivadas, así como una recomendación sobre el necesario rejuvenecimiento de la plantilla: “No recoge ninguna cuestión que incida en que hay perjuicio económico a la entidad”, aseguró.

Según fuentes consultadas por este diario, Chao inició esa reunión con un discurso que no estaba previsto sobre pulcritud en los procesos de contratación pública, lo que llamó la atención entre los diversos consejeros. Posteriormente, abordó el contenido el informe, aunque no dio copia del mismo a los consejeros. De hecho, según aseguran, hasta última hora no estuvo claro si se metía en el orden del día del consejo, lo que finalmente sí se hizo en el punto 11. Las mismas fuentes han comentado que quizás el motivo de esta introducción de la presidenta y de la incorporación del informe de la Intervención al orden del día del consejo fue un correo anónimo remitido, en teoría, a todos los consejeros días antes de la reunión. Varios consejeros han confirmado a elDiario.es la recepción del documento.

El correo electrónico, al que ha tenido acceso esta redacción, viene a ser una recopilación de las diferentes situaciones polémicas que se están dando en la APV en materia de contratación de servicios y de personal y advierte a los consejeros de la falta de transparencia e información facilitada, lo que puede ponerles en una difícil situación como miembros del consejo. Además, alertaba de la existencia del informe de la Intervención General de la Administración del Estado: “Se le está ocultando el mismo, que no se va a llevar al consejo del día 30 de junio como está obligada a hacer la Presidenta para darles cuenta”, dice el correo dirigido a los consejeros. Finalmente, sí que se incluyó en el orden del día y se explicó parte de su contenido. El informe, según diversas fuentes consultadas por esta redacción, es mucho más delicado de lo que trasladó la presidenta y apuntaría a irregularidades en procesos de contratación.

El correo anónimo remitido a los consejeros pone de manifiesto otro hecho relevante como es una supuesta denuncia en la Oficina de Conflicto de Intereses por el cobro indebido de 15.000 euros en dietas y gastos de representación de la presidenta Mar Chao, algo incompatible puesto que los altos cargos no tienen derecho a cobrar dietas: “Parece ser que pasaba las cuentas de comidas de cortesía con clientes en esos días. Es decir, cobraba las dietas sin justificar, y además por partida doble (dieta más factura de comida)”, dice el correo. Tan solo tienen consideración de altos cargos la presidenta y el director general. A preguntas de este diario, desde la mencionada Oficina no han podido confirmar la existencia de esta denuncia puesto que, según han explicado, estos procedimientos no son públicos. Tampoco desde la APV se han pronunciado al respecto.

El mail recoge también la judicialización por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT, y de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras. El primer juicio que estaba previsto para el pasado 3 de junio se aplazó por la indisposición de uno de los abogados.

Como avanzó este diario, ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.

El correo también recoge el contrato que la APV dejó sin efecto en diciembre del pasado año y que adjudicó dos meses antes por importe de 160.930 euros (IVA incluido) a Andràs Abogados, asesoría ubicada en Barcelona. El objetivo era crear una suerte de departamento de recursos humanos externo al que ya tiene el organismo portuario. Sin embargo, un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia remitido a la APV el pasado 22 de octubre paralizó la adjudicación.

Además, recoge que la APV adjudicó un contrato de 225.000 euros por la gestión de los viajes a Europa Travel, empresa cuya consejera delegada es la vicepresidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Eva Blasco, amiga íntima de la presidenta de la APV, Mar Chao, quien se ausentó del consejo de administración que adjudicó el servicio por esta relación personal con Blasco. Sin embargo, acabó firmando el contrato el vicepresidente de la APV y jefe de la patronal CEV, Salvador Navarro. Pese a todo, según la APV, no se detectó “ninguna situación de conflicto de interés”.

De estas y otras situaciones pone en alerta a los consejeros de la APV a los que advierte de que se les está ocultando documentación y que podrían verse salpicados en caso de que de alguna de estas cuestiones se derivaran responsabilidades.