“Se recogen una serie de recomendaciones que adoptaremos como siempre hemos hecho. La última parte del informe llegó el viernes pasado, es muy extenso y sensible y obviamente no es público. Simplemente, tiene un montón de análisis en materia de recursos humanos”. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, se pronunció así este lunes en declaraciones a diversos medios de comunicación tras la celebración de la reunión del consejo de administración.
Chao dio cuenta ante los consejeros y consejeras del informe de la Intervención General de la Administración del Estado que, según explicó, se ha centrado en analizar todos los procesos, incluidas las jubilaciones o las bajas incentivadas, así como una recomendación sobre el necesario rejuvenecimiento de la plantilla: “No recoge ninguna cuestión que incida en que hay perjuicio económico a la entidad”, aseguró.
Sin embargo, llama la atención que no se incluyera el informe entre la documentación que se entrega relacionada con los diferentes puntos del orden del día a los consejeros y consejeras, aunque más llamativo es si cabe que ningún consejero lo reclamara a pesar de que Chao se ofreció a entregar copias a aquellos que lo solicitaran.
El informe, según diversas fuentes consultadas por esta redacción, es mucho más delicado de lo que trasladó la presidenta y apuntaría a irregularidades en procesos de contratación como los tres que están judicializados, el primero de los cuales se dirimirá este jueves en los tribunales. Por este motivo, elDiario.es solicitó hace semanas el informe de la Intervención a través del portal de transparencia, sin que hasta ahora se haya dado respuesta a la petición.
Como informó elDiario.es, la APV se sentará en el banquillo de los acusados este jueves 3 de julio por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT. Y no es el único que tendrá lugar, puesto que, si no hay cambios, el 1 de octubre de 2026 habrá otra vista por el mismo motivo por la selección de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras.
Como avanzó este diario, ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.
Al respecto, Chao afirmó este lunes que nadie recurrió las bases y tampoco ninguna de las personas participantes en los procesos, recurrió el resultado del mismo. Sobre el tercer caso, explicó que no firmó la superación del periodo de prueba.