En este sentido, Fiscal, a pregunta del Grupo Popular, ha recordado que el pasado 6 de junio se aprobó el expediente de contratación para cubrir dichos servicios médicos y el 28 se cerraba el plazo para presentar ofertas. No obstante, dos días antes, el 26 de junio, una empresa interpuso recurso contra los pliegos del contrato ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, un órgano administrativo no judicial.
A causa de este recurso, el procedimiento se suspendió mientras lo resolvía el tribunal, el cual el 5 de septiembre aceptó dos de los ocho motivos que argumentaba la empresa: en concreto, los que tenían como objeto determinar cierta documentación en materia de acreditación de formación como una cuestión de solvencia técnica y no como evaluables en los criterios de adjudicación, y desglosar qué actividades del contrato no estarían exentas de IVA.
Por todo ello, “se está redactando el nuevo pliego para incluir estas dos advertencias del tribunal, que no son invalidantes sino subsanables, y se reanudará de inmediato el expediente, que solo ha sufrido una demora para corregir dos aspectos que en absoluto son fundamentales”, ha concluido, calificando de “invento” lo afirmado por el PP.
De su lado, el parlamentario popular Amós García ha criticado que la gestión de la Consejería pueda quedar “en entredicho” por lo ocurrido respecto al Infoca, “dada la tensión y el estrés por los que atraviesa su personal”, que lleva a cabo una encomiable labor “empañada y banalizada por una sospechosa gestión de los despachos de la Junta”.
“Hablamos de que está bajo sospecha por el uso del dinero público”, ha agregado García, refiriéndose a “irregularidades” en las licitaciones de cascos y accesorios y en la de medios aéreos.