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La Fiscalía de Ceuta ha denunciado este viernes a la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y a la vicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu (PP), por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa durante la expulsión a Marruecos en agosto del año pasado de forma “concertada” y “a sabiendas de hallarse infringiendo el ordenamiento jurídico” de varias decenas de menores migrantes solos que habían accedido a territorio español en mayo. El Ministerio Público abre así la vía penal contra ambas políticas, cuya actuación ya ha sido sancionada por los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Aunque la Delegación y la Ciudad cifraron en 61 los jóvenes marroquíes (seis con más de 18 años) que fueron devueltos de forma expeditiva a su país desde los alojamientos de emergencia habilitados en Ceuta, la Fiscalía ha limitado el alcance de su denuncia a la repatriación irregular de 34 menores.
La investigación administrativa del Ministerio Público comenzó el 13 de octubre a partir de una denuncia de la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola. Su presidenta, Nuria González, ha anunciado que se personará en el procedimiento “con el objetivo de defender los Derechos Fundamentales de la Infancia en el Estado”.
Entre los meses de diciembre y enero la Fiscalía de Área tomó declaración tanto a Mateos y a Deu, consejera competente en materia de Protección de Menores, como a sus altos cargos políticos. Una vez completadas sus pesquisas, comunicó sus resultados a la Fiscalía General del Estado.
“Se omitieron de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho”, alerta la denuncia formulada, que apunta que la delegada y la vicepresidenta podrían haber vulnerado los artículos 74.1 y 404 del Código Penal.
La Fiscalía ha concluido que después de la crisis migratoria de mayo y cuando vio al Gobierno de Ceuta “desbordado” para atender a los más de 1.200 menores marroquíes que se quedaron solos en la ciudad, Deu “decidió emprender varias actuaciones a fin de agilizar su repatriación”, concretamente aplicando “el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno” de 2007.
El 11 de agosto, en la frontera del Tarajal, las autoridades españolas y marroquíes pactaron implementarlo, algo que no se había hecho nunca, a pesar de que en su artículo 5 estipula que la repatriación de cualquier menor solo debe hacerse “con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de los estableció en la Convención sobre Derechos del Niño por parte de las autoridades competentes españolas”.
“Dicho acuerdo”, refiere la Fiscalía en su denuncia, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, “fue alcanzado de forma verbal y a pesar de que la jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta [Antonia Palomo] hizo patente una vez más, en esta ocasión de viva voz, su disconformidad con aquel proceder, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”, tal y como posteriormente reiteraron el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el Defensor del Pueblo y multitud de asociaciones y expertos.
Caso omiso se hizo también a las reticencias que los responsables de la Fundación SAMU, con la que se había contratado la gestión de algunos albergues de emergencia, expresaron a Deu para transmitirle “su preocupación por la posible situación de vulnerabilidad de los menores, así como por no preservarse de aquel modo su superior interés”.
A pesar de las reticencias de la funcionaria, las dos administraciones siguieron adelante con un proceder en el que “no sólo se omitieron algunos de los trámites preceptivos del procedimiento sino todos al no existir traza alguna del expediente exigido”. “No consta la incoación de procedimiento, al igual que la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia, la fase de prueba ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores [se elaboró un listado de 145] o la comunicación a la Fiscalía”, añade la denuncia, que ahora deberá ser admitida a trámite o no por el Juzgado al que por turno le corresponda para, en caso afirmativo, ordenan las diligencias que estime oportunas.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta condenó en marzo a la Administración General del Estado a “adoptar las medidas necesarias” para conseguir “el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados” a Marruecos al margen de la legislación española, pero tanto la Delegación como el Ejecutivo local han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y han advertido que no intentarán cumplir el veredicto hasta que sea firme.