3.000 empresas deberán detallar su brecha salarial o sus medidas contra la corrupción desde enero

Antonio M. Vélez

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El próximo año va a triplicarse el número de compañías españolas obligadas a detallar la brecha salarial de sus plantillas o sus medidas de lucha contra la corrupción y el soborno, según ha advertido este miércoles la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Montserrat Martínez.

“En unos meses, el 1 de enero, las empresas de más de 250 trabajadores van a tener que hacer ese reporting. Eso significa multiplicar prácticamente por tres el volumen de empresas obligadas a explicar”. A partir de enero, habrán transcurrido tres años desde la entrada en vigor de la Ley/2018 de Información No Financiera, que permite medir el compromiso con la sostenibilidad de las grandes empresas, y se amplía el número de empresas obligadas a publicar esa información.

“Pasamos casi de 1.000 a 3.000”, ha explicado Martínez durante su intervención en las Jornadas de Sostenibilidad 2021 de Red Eléctrica que han comenzado este miércoles en Madrid.

La vicepresidenta de la CNMV ha reconocido que para las empresas puede ser “costoso” recopilar esos datos y ha recordado que actualmente el regulador bursátil recibe estos informes de alrededor de 100 cotizadas. Y en muchos casos, la información que figura en ellos tiene carencias. La información “debe ser comparable” y “comprensible” y no siempre es así.

“Para luchar contra el cambio climático la transparencia en el mercado es clave” y para ello “es fundamental lograr una comparabilidad de la información no financiera de las empresas”, ha señalado Martínez.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha avanzado en las mismas jornadas que en la información que “en breves semanas” se va a publicar en los test de estrés a la banca sobre la exposición de las entidades al cambio climático se va a desprender un “impacto bastante manejable”, si bien se mide el impacto “a muy largo plazo”, hasta 2050. “Las conclusiones no son dramáticas ni para la rentabilidad bancaria ni para el PIB del país, pero es verdad que sí que tiene un impacto”.

“Regate corto”

Las jornadas las ha inaugurado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha destacado que “los principios ambientales, sociales y de gobernanza deben orientar las decisiones empresariales”. En plena tormenta de precios energéticos, ha instado a huir del “regate corto” y ha destacado que los plazos de las cuentas de resultados de las empresas son todavía más cortos que los de las legislaturas de los gobiernos.

“La actual crisis exige acelerar una recuperación verde y social, invirtiendo en las personas. Las preocupaciones sociales, junto con los riesgos ambientales, son ahora componentes centrales que orientan las decisiones desde el punto de vista del emprendimiento y de las inversiones públicas y privadas”, ha destacado Ribera.

Por su parte, la presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha asegurado que “no hay beneficio de la empresa si no hay bien común”. La cuenta de resultados es “sagrada”, pero no “incompatible” con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), según la ex ministra, que ha estado acompañada por Aitor Jáuregui, responsable de BlackRock en Iberia. Este ha asegurado que “la generación de valor a largo plazo es incompatible con las prácticas no sostenibles”.

En el panel final ha intervenido Roberto Fernández, director de RSC y reputación de Iberdrola y miembro del TEG [grupo de expertos técnicos] que convocó la Comisión Europea para redactar el reglamento de Taxonomía sobre inversiones sostenibles, sobre cuya aprobación el responsable de BlackRock se ha mostrado “optimista”.

El directivo de Iberdrola ha celebrado la comunicación publicada la semana pasada por la Comisión Europea para hacer frente a la actual crisis energética, criticada por la vicepresidenta Ribera, y que Fernández ha calificado como “ejemplo claro de buena regulación”. El directivo de Iberdrola ha destacado que, según Bruselas, “tenemos que mantener los mercados marginalistas”. En la comisión “Son plenamente conscientes de que la estabilidad es el primer factor de éxito”. “Por muy verde que sea un préstamo si la actividad y el modelo de negocio por detrás sufre de inestabilidades será muy verde pero no es financiable”, ha asegurado.