Carlos Cuerpo: “La vivienda es la gran prioridad, pero no hay una bala de plata”

Carlos Cuerpo se muestra orgulloso de las cifras macroeconómicas: “Estamos consiguiendo darle la vuelta a España”. El vicepresidente y ministro de Economía defiende que los buenos datos en el empleo o el PIB, muy por encima de la media europea, suponen “una mejora en el día a día de los ciudadanos”. En esta entrevista con elDiario.es, Cuerpo también reclama la colaboración de partidos y administraciones para atajar el problema de la vivienda: “Las competencias son compartidas”. En ese frente, apunta a impulsar la construcción de alquiler asequible con el Fondo España Crece, cambiar la fiscalidad de los pisos turísticos y crear cuentas de inversión que ofrezcan a los ahorradores alternativas a la inversión en vivienda.

¿Confía en que este año se logren aprobar los Presupuestos?

Ese es nuestro escenario central. Estamos ya dando los pasos, con la presentación del cuadro macroeconómico que sirve de base para el informe de situación económica. Y ya anunció el ministro de Hacienda que este lunes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el techo de gasto. El propósito es cumplir con el calendario ordinario para presentar los Presupuestos a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.

Llevamos tres años sin ellos por falta de un acuerdo político con los socios de Gobierno en el Parlamento. ¿Por qué este año sí que pueden salir?

Se trata de plasmar un escenario de políticas económicas que se traducen en líneas presupuestarias y, por lo tanto, es un aterrizaje del proyecto de la mayoría parlamentaria para seguir avanzando. Yo creo que uno de los grandes éxitos de esta legislatura es la gestión económica, el crecimiento y un crecimiento que además está suponiendo una mejora en el día a día de los ciudadanos.

Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de las prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda

¿Qué han supuesto estos tres años con las cuentas públicas prorrogadas? ¿Qué consecuencias ha tenido y qué ha perdido la sociedad española por tener que estar prorrogando un año tras año las cuentas públicas?

Consecuencias en términos prácticos no ha tenido ninguna. Hemos sido capaces de llevar adelante todos los grandes objetivos en materia de inversiones y de reformas que teníamos, incluyendo también los asociados al plan de recuperación. Y esto se traduce: lo vemos perfectamente en las cifras de crecimiento, en la creación de empleo, en atracción de inversión... Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de estas prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda.

El Gobierno acaba de mejorar sus previsiones económicas en el nuevo cuadro macroeconómico. Confían en que el PIB seguirá creciendo un 2,6% este año y que hasta 2029 estará por encima más o menos del 2%. ¿Por qué creen que vamos a crecer tanto? ¿Qué es lo que va a tirar de la economía española?

Llevamos creciendo estos últimos años no solo por encima de nuestra media histórica, sino por encima de las principales economías, europeas y mundiales. España es líder en crecimiento, pese a los shocks que hemos sufrido y pese a este contexto de incertidumbre internacional. Normalmente, ante este tipo de circunstancias la economía española solía resentirse más que sus principales socios. Y este no está siendo el caso, estamos consiguiendo darle la vuelta a España. Yo creo que nos hemos acostumbrado, aunque sea difícil decirlo, a que nuestra economía sigue dando sorpresas positivas de manera continua. Lo hemos visto en estos últimos años y en este primer semestre ya cerrado, donde se mantiene el pulso de actividad. Miramos las ventas de grandes empresas, las afiliaciones, los indicadores más coyunturales y nos dicen que la actividad sigue tirando.

Además, hemos visto que han funcionado bien las medidas que pusimos en marcha el 20 de marzo tras el inicio de la guerra de Irán. Han conseguido contener de media en un punto la inflación.

En cuanto a los factores que la van a impulsar, es la demanda interna, esencialmente el consumo privado y la inversión, sobre la base de un mercado de trabajo que está muy fuerte, con un efecto positivo del proceso de regularización.

La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. (...) Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución

¿Qué impacto va a tener en la economía la regularización de más de un millón de inmigrantes? ¿Supone un problema para los servicios públicos, como critica la derecha?

Conviene insistir en que el impacto de la inmigración en nuestra economía es positivo: el dinamismo de nuestro mercado laboral atrae población extranjera por el éxito de nuestra economía y la demanda de nuestras empresas, algo que reconocen la mayoría de las instituciones. El Banco de España señala que la inmigración aportó, en términos per cápita, teniendo en cuenta el aumento de la población, hasta una cuarta parte del aumento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.

La regularización es un proceso necesario de reconocimiento de derechos y obligaciones que responde a las necesidades de nuestra economía. Lejos de suponer un problema para los servicios públicos, tendrá una aportación presupuestaria positiva, ya visible en el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. Los inmigrantes regularizados ya estaban aquí, en muchos casos trabajando en empleos de cualificación inferior a su formación o experiencia porque son los que pueden ocupar a trabajadores irregulares. Permitirles acceder a empleos más acordes con sus habilidades supondrá una ganancia neta para nuestra economía.

Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución.

Por último, se desplegará un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, con más de 500 millones de euros de dotación inicial, que actuará sobre empleo, educación, vivienda, sanidad y convivencia para mejorar barrios, escuelas y servicios públicos allí donde hoy se concentran más tensiones.

Los indicadores macroeconómicos son envidiables, sin duda, pero al mismo tiempo muchas familias pasan apuros. El poder adquisitivo de los sueldos no mejora e incluso retrocede, especialmente para los que viven de alquiler. ¿Qué ha hecho mal el Gobierno para que este crecimiento no llegue a todos?

El crecimiento y las buenas cifras macroeconómicas son una condición necesaria para que pueda acabar llegando al día a día de las familias. Y, cuando miramos cómo este crecimiento se está traduciendo en una mejora, hay distintos elementos que tenemos que considerar. Primero, el mercado de trabajo, que es el primer indicador de evolución y de reducción de desigualdad de nuestro país. Vemos que cada vez hay más gente empleada: el número de familias o de hogares con todos los adultos empleados está en máximos históricos. Vemos también las mejoras que ha habido relacionadas sobre todo con la subida del salario mínimo en aquellos segmentos de menores rentas. Además, se han producido mejoras salariales en su conjunto, entre otras cosas a través de la creación de empleo en sectores de mayor valor añadido. De los empleos que se han generado en los últimos dos años y medio, la mitad han ido a las cinco ramas de mayores salarios.

Hay un cambio, una modernización de nuestra economía que está llevando a que tengamos empresas más productivas que atraen a trabajadores más cualificados porque pueden permitirse mayores salarios. Evidentemente, hemos pasado en los últimos años el mayor shock de precios de los últimos 50, con una inflación que llegó en 2022 a estar por encima de los dos dígitos. Y esto afecta, sin lugar a dudas, a los ciudadanos. Y a ello se le suma otro elemento esencial en su carga mensual, como es la subida del alquiler. Pero en este escenario, hemos apoyado a las familias en todo este proceso inflacionario, como las medidas para reducir el impacto del shock energético por Irán. Si miramos los combustibles, el INE nos señala que, en ausencia de medidas, los precios tenían que haber subido un 28% en gasolinera y subieron apenas un 12 o 13%. Cuando miramos, el salario real ha evolucionado positivamente. El crecimiento estaba en torno a un 3,6% entre 2018 y 2025 y, cuando le quitamos el impacto del IRPF, había subido un 2,3%, más del doble de lo que lo hizo en el periodo 2014-2018. Somos conscientes de las dificultades, pero este esfuerzo porque el crecimiento llegue al día a día está en el frontispicio de la política económica. Y eso lo podemos ver cuando miramos el número de hogares que pasan dificultades para llegar a final de mes: el porcentaje se ha reducido del 26 al 20%, que sigue siendo elevado. Seguimos teniendo todavía demasiados hogares que tienen dificultades, pero vamos en la buena dirección.

¿Qué es lo que más le preocupa de la economía española ahora mismo?

Conseguir que ese crecimiento no se frene, seguir ampliando la tarta para poder tener un reparto más justo. Y remover cuellos de botella de este crecimiento. Con la finalización de los fondos europeos del plan de recuperación, tenemos que ser capaces de que no se pierda el impulso de la economía y, sobre todo, que sea un crecimiento transformador. Es decir, seguir creciendo y modernizando nuestra economía y además que ese crecimiento siga revirtiendo.

El Banco de España dice que el déficit de vivienda ha alcanzado las 750.000 casas entre el 21 y el 25. Y el gobernador Escrivá dijo el otro día que no entiende por qué esto no es una gran prioridad nacional. ¿Cómo atajamos este problema?

Para nosotros esta es la gran prioridad de la política económica. No hay una bala de plata para resolver la situación actual de falta de acceso asequible a la vivienda de muchas familias, en particular de nuestros jóvenes. Por eso la solución viene por un conjunto de políticas que estamos llevando a cabo. Hay una parte esencial que tiene que ver con la recuperación de la oferta. Durante la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción representaba un 13% del PIB, hoy está apenas en torno a 6%. Este es el efecto que tuvo la contracción del sector y, en este caso, de escasez. En cuanto a la nueva inversión, le falta oferta desde el punto de vista del parque público. Sabemos que esto lleva tiempo, pero el impulso en materia de inversión pública para recomponerlo está ahí, en gran parte con fondos europeos. Hablábamos antes de darle continuidad al crecimiento, incluso una vez finalizados los fondos. Hemos puesto en marcha el Fondo España Crece, que dedicará gran parte de su actividad también a seguir fomentando la construcción de viviendas para alquiler asequible. En el ámbito del sector turístico, ya hemos hecho el esfuerzo por hacer un filtrado de todas aquellas viviendas que estuvieran incumpliendo.

Que no haya pisos turísticos ilegales.

Exacto. Queremos hacer un esfuerzo adicional también por realinear la carga impositiva para que haya un mayor incentivo a poner esos pisos en un alquiler de medio y largo plazo con elementos de seguridad para los propietarios. Medidas que intenten cubrir los fallos de mercado que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en aquellas zonas más tensionadas. Por ejemplo, un fallo de mercado que detectamos afecta a los jóvenes, que con sus sueldos actuales podrían permitirse pagar una cuota de una hipoteca, pero, sin embargo, no pueden conseguir ahorros suficientes porque están en lo que se denomina la trampa del alquiler: el alquiler supone demasiado esfuerzo mensual y no les permite ahorrar. El ICO está entrando para avalar hasta el 25% del coste y acabamos de renovar las condiciones de estos avales para subir los umbrales de renta por encima de los 60.000 euros en aquellas zonas más tensionadas. En las próximas semanas volveremos a llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con medidas para seguir reforzando nuestra actuación en materia de política de vivienda, siendo conscientes de que hay competencias compartidas.

¿Es usted partidario de intervenir el mercado de la vivienda para evitar operaciones especulativas, como ya se plantea el Gobierno en la Generalitat catalana?

Es importante tener en cuenta lo que ha pasado en las últimas décadas. La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizar ese ahorro. Hay que trabajar también para que ese ahorro pueda estar no solo en la vivienda, sino en activos financieros. Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas.

¿Tiene el Gobierno herramientas para entrar de verdad a solucionar el problema de la vivienda? Porque las políticas de vivienda están transferidas a las autonomías, y los planes urbanísticos y los permisos de construcción dependen en gran medida de los ayuntamientos.

Vamos a llevar adelante medidas importantes para contribuir a que este problema se resuelva. Pero necesitamos la colaboración del resto de partidos políticos. Es un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria y, por lo tanto, las medidas tienen que pasar por esa mayoría del Congreso, como por ejemplo la ley del suelo. Las competencias son compartidas y necesitamos esa colaboración.

Todas las comunidades autónomas son conscientes de que la nueva propuesta de financiación mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa?

El Gobierno ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de agosto. ¿Creen que pueden sacar adelante la nueva financiación autonómica a pesar del rechazo de todas las comunidades, excepto Catalunya?

Ha habido también conversaciones con aquellas comunidades autónomas que han querido hablar del sistema de financiación. Pero lo que para mí es más importante es que todas son conscientes de que esta propuesta mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa? Llevamos más de diez años retrasando este debate. Hemos puesto sobre la mesa una propuesta y queremos avanzar en un debate que sabemos que es complejo porque es imposible repartir una cantidad fija de tal forma que sea beneficioso para todo el mundo, que consiga alcanzar los objetivos de máximos de todas las comunidades autónomas. Pero el Gobierno hace el esfuerzo de ceder 20.000 millones a las comunidades para poder conseguir que en términos absolutos todas mejoren. En términos relativos todas querrían ser la que más mejora, pero esta propuesta reduce la distancia entre autonomías. Todas van a tener más financiación de la que tenían, todas van a ganar, igual que con la propuesta de condonación de deuda.

Van a mantener las rebajas a las gasolinas para amortiguar los efectos de del conflicto de Oriente Medio, a pesar de que el precio del petróleo y de la gasolina en España ya están por debajo de los niveles anteriores a la guerra de Irán. ¿Por qué lo hacen?

Queremos seguir ayudando, acompañando a las familias para que noten lo menos posible el conflicto. En gasolinas estamos ya por debajo del nivel preguerra, y en gasoil, ligeramente por encima, pero muy cerca. Pero estos precios siguen teniendo el apoyo del Gobierno a través de la reducción de impuestos. Queremos que esa retirada se haga en paralelo a la bajada de los precios de los carburantes a nivel internacional. Es un apoyo temporal y proporcional al impacto de la guerra.

Pero antes de estas rebajas, España ya era el país de Europa occidental que menos impuestos cobra por el gasóleo y por la gasolina. ¿No sería mejor gastar este dinero en subvencionar la transición ecológica?

Lo que estamos haciendo con las medidas para reducir el impacto de la guerra es también avanzar en la electrificación, en el apoyo a las renovables. El presidente Sánchez ha dicho en numerosas ocasiones que en el año 2019, el 75% de las horas al día del precio de la electricidad lo determinaba el precio del gas. Hoy día estamos en torno al 9 o 10%. Esto ha supuesto que mientras los precios de los carburantes subían un 12%, el precio de la electricidad en el mes de mayo estaba cayendo un 4%. Queremos seguir impactando como lo estamos haciendo, por ejemplo, con medidas estructurales como la eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica. Este 7% que vamos a ir reduciendo hasta su eliminación en el año 2028 es una señal muy potente.

¿Cuándo se aprobará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el registro de la jornada laboral? ¿Va a entrar en vigor este año?

Ya tenemos el informe por parte del Consejo de Estado, y ahora mismo estamos trabajando internamente para ser capaces de llevarlo lo antes posible. Es un proyecto importante que tiene que ver con el proyecto de reducción de la jornada. Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas.

¿Es partidario de seguir subiendo el salario mínimo por encima de la inflación como se ha hecho a lo largo de los últimos años desde el Gobierno?

Es importante contextualizar. El salario mínimo en España estaba muy lejos de la referencia que había marcado la Comisión Europea, que era el 60% del salario medio. Había que cerrar esta brecha y es lo que hemos hecho estos últimos años pese a que había en origen algunas dudas sin impacto significativo en el mercado laboral.

Alrededor de un tercio del aumento de los ingresos públicos desde la pandemia, según algunos estudios, viene de no haber ajustado el IRPF con la inflación. ¿Se plantean actualizar el IRPF con estos nuevos Presupuestos a la subida de la inflación anterior, como le pide la oposición?

La AIReF señala que en los últimos años el 80% del aumento de los ingresos procede de la buena evolución de la economía. La modernización de nuestra economía se traduce también en unos mayores ingresos de manera estructural. Un mercado laboral más pujante se traduce en mayores ingresos. La regularización de inmigrantes se traducirá también, estructuralmente, en unos mayores ingresos. Son políticas que mejoran nuestro crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. A partir de ahí, las medidas concretas que vayan a entrar en los Presupuestos Generales del Estado las veremos en la presentación y en la posterior negociación. Por otro lado, del efecto de la deflactación el IRPF, la mitad corresponde a no deflactar la tarifa autonómica por parte de las comunidades autónomas.

Una de las últimas polémicas o largo de estos años ha sido la medición del PIB por parte del INE, que ha tenido que revisar al alza en varias ocasiones su medición. ¿Sigue habiendo un PIB infraestimado en España?

Todos los institutos de estadística de Europa han tenido que ir revisando las cifras de crecimiento posteriores a la pandemia, ha sido un proceso generalizado. ¿Hasta qué punto las estadísticas oficiales reflejan la realidad de la economía? Yo creo que hay muchos aspectos donde hay que seguir avanzando y ahí el INE está haciendo un esfuerzo por intentar modernizar teniendo en cuenta también las mejoras que ya están disponibles en cuanto a datos diarios, a los registros que tenemos más allá de las encuestas. Y tenemos que hacerlo alineados con Eurostat, ya que las estadísticas del INE tienen que llevar el visto bueno de Eurostat para asegurar que hay una cierta homogeneidad en términos de Europa.

¿Se plantea el Estado salir de CaixaBank?

Hace unos meses tomamos la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank. En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente. Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial.

¿Y entrar en más empresas estratégicas, como ocurrió con Telefónica?

En la mayor parte de los países de nuestro entorno, los Estados tienen una presencia en las grandes empresas de telecomunicaciones. Es un sector clave dentro de los que se señala en el informe Draghi de importancia estratégica para la competitividad de nuestro continente. Y somos todos conscientes que, en el contexto de política industrial actual, el rol de los Estados como apoyo a estas grandes empresas es un elemento consustancial a estas políticas de seguridad económica y de autonomía estratégica. El apoyo a las empresas se puede hacer de muchas maneras, desde la presencia del Estado en su capital, como es el caso de Telefónica, pero también a través del resto de instrumentos como apoyar su financiación, como el ICO o la SETT [la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica].

¿Cree que Yolanda Díaz sería una buena presidenta de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuenta con el apoyo del Gobierno?

Por supuesto. Si decide presentarse a este puesto, la apoyaremos en todo lo que podamos.

Vuelve la lucha de la vieja Europa por el presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 entre países frugales frente a amigos de la cohesión, como se les llama ahora. ¿Teme una ola de austeridad y de endurecimiento de las reglas fiscales en Europa?

Tenemos que ser conscientes de que el contexto actual no es el que teníamos hace 10 o 15 años, e intentar superar estas discusiones que yo creo que ya tendrían que haber quedado obsoletas. Todos estamos de acuerdo con el informe Draghi y su hoja de ruta: habla de unos 800.000 millones de inversión al año para ser capaces de mantener el paso con Estados Unidos. Luego se ha actualizado a 1,2 billones. Y ese dinero tiene que venir del sector privado en su mayor parte, pero también con un impulso del sector público y del sector público nacional doméstico. Necesitamos un presupuesto europeo a la altura de las ambiciones que nos estamos dando en los otros grandes objetivos de seguridad y defensa, donde yo creo que ahí sí que se ha roto esta discusión tradicional entre frugales y no frugales. Hay muchos elementos de bienes públicos donde tenemos que reforzar a través de una aproximación genuinamente europea. Por ejemplo, nosotros estamos abogando por el incremento de los mercados de deuda europeos en euros. Dar liquidez a la emisión conjunta de deuda de tal forma que haya un beneficio muy claro, porque ahora mismo la Comisión no obtiene los beneficios que debería por ser un triple A. De hecho, España ahora mismo se financia más barato en muchos plazos que la Comisión Europea.

El Supremo acaba de condenar a José Luis Ábalos con la mayor pena de un ministro en democracia, 24 años de prisión. ¿Qué responsabilidad política cree que tiene el Gobierno por haber confiado en él durante tantos años?

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: hay un elemento esencial que tiene que derivarse de estos casos que estamos conociendo, que es la tolerancia cero en cualquier circunstancia frente a comportamientos irregulares o fuera de la ley. Y que cuando existan estos comportamientos se detecten y se deriven las consecuencias tanto en el ámbito político, como ya sucedió hace tiempo con el señor Ábalos, como en el ámbito judicial. En segundo lugar, hay que ayudar y fomentar que no exista impunidad en estas situaciones. ¿Cómo? Reforzando el Poder Judicial y a la Policía para que existan suficientes unidades como para perseguir este tipo de situaciones.

¿Usted confía en la inocencia de Zapatero, como ha asegurado el presidente del Gobierno?

Todos tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. Y en este caso, como en otros, yo creo que se están haciendo muchos juicios paralelos. Y es importante respetar la evolución de estos procesos, deberíamos todos de intentar ceñirnos a este elemento. Es comprensible que los tiempos políticos vayan más rápido de que lo que puedan ir los tiempos de la justicia, pero a mí me gusta mantener siempre un punto de prudencia y de respeto a estos procedimientos.

Desde que está en el Gobierno, ¿usted ha recibido regalos caros? ¿Qué ha hecho con ellos?

Los regalos que recibo pasan siempre a formar parte del patrimonio del Ministerio. Yo he recibido alguna moneda conmemorativa o incluso, a veces, algunos bienes perecederos, como chocolates, que al final se acaban repartiéndolos entre los colaboradores. Nada exótico.

Usted es un independiente del Gobierno, no tiene carné del PSOE. ¿Qué papel va a jugar en las próximas elecciones? ¿Se ve haciendo campaña?

En todo lo que pueda ayudar. En primer lugar, ahora, con mi gestión. Estoy convencido de que la actuación del Gobierno en estas dos legislaturas está contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos y siento que es un privilegio poder formar parte de ello; que en mi día a día, el trabajo que hago pueda hacer que los ciudadanos estén mejor de lo que estaban cuando llegamos. Eso es lo que mueve mi actuación y lo que pueda contribuir a que este proyecto siga desde luego que lo haré.

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