CCOO obligará a sus cargos en los consejos de administración a declarar sus bienes

CC.OO. quiere despejar toda duda sobre sus actuaciones tras casos como el de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, en el que están implicados seis de sus miembros, o los supuestos sobresueldos de la ex federación de la banca Comfia-CC.OO. Para ello, someterá a debate en el Consejo Confederal del próximo 4 de marzo una batería de medidas para aumentar la transparencia y los mecanismos de control interno, algunas de las cuales se pondrán en marcha de forma inmediata.

Así lo han avanzado en rueda de prensa el secretario de Comunicación y Organización de CC.OO., Fernando Lezcano, su responsable de Política Social, Carlos Bravo, y su secretaria de Administración y Finanzas, María Cardeñosa. Según Lezcano, con esta iniciativa, “si ha habido un problema de transparencia estamos en condiciones de garantizar que no lo va a haber de inmediato”.

Una de las medidas más destacadas es la que persigue acabar con las posibles malas prácticas de los miembros que forman parte de consejos de administración en empresas públicas o privadas. El secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, abrió un debate en el Congreso Confederal de febrero de 2013 para plantear la salida del sindicato de estos ámbitos.

No obstante, este debate ha dado como resultado que CC.OO. seguirá, de momento, en estos consejos, ante la necesidad de no abandonar ningún espacio de participación, pero redoblando los controles y a la espera de que el sindicato plantee y finalice con éxito una negociación con el Gobierno, otros sindicatos y la patronal para crear comisiones de vigilancia en el seno de las empresas, que sirvan de vehículo para que los trabajadores participen en las grandes decisiones que tengan que ver con el empleo.

“Mientras tanto vamos a seguir participando en los consejos de administración, pero hilando más fino en las condiciones en las que participamos”, ha explicado Lezcano. Así, CC.OO. plantea que sus miembros en estos consejos presenten una declaraciones de rentas y bienes antes y después de pasar por el cargo, así como una revisión del régimen sancionador para atajar malas prácticas en éste y otros ámbitos.

Además, en el caso de percibir emolumentos por esta labor, CC.OO. prevé obligar a que estos vayan directamente al sindicato. Esta cuestión ya funciona en el sindicatos, si bien Bravo ha reconocido que han faltado mecanismos para asegurar el adecuado trasvase de recursos a la organización. “El cambio es que se establecerán mecanismos para que eso se cumpla en todos los casos”, ha añadido.

Por otro lado, CC.OO. quiere acreditar la “tradición y experiencia sindical y algunos elementos de profesionalidad que van en la dirección de asegurar la eficacia en la gestión” de estas personas y estudia “formar y asesorar” para que asuman dicha responsabilidad.

Limitación de mandatos

Otra de las medidas que se debatirán el 4 de marzo es el establecimiento de un límite de mandato de 12 años a todos los máximos responsables de las ejecutivas federales, como el que ya opera para el secretario general de la organización. Este límite será sólo voluntario para los niveles inferiores, si bien estos deberán pedir autorización para no aplicarlo y justificar la imposibilidad de llevar a cabo una renovación. “Es una medida de higiene para no eternizar a los equipos”, ha expresado Lezcano.

Por su parte, Bravo ha precisado que la idea es que se aplique para los primeros nombramientos o renovaciones a partir de ahora. Además, este límite será de aplicación también en el caso de los miembros de los consejos de administración.

Defensor del afiliado

Otra iniciativa también destacada será la creación de la figura del defensor del afiliado con autonomía de actuación a nivel confederal, para solventar cualquier “malestar” interno relacionado con la prestación de servicios en el seno del sindicato, al margen de que sigan operando los actuales mecanismos sancionadores.

Como ya adelantó el sindicato la semana pasada, el 4 de marzo también se debatirá la posibilidad de homogeneizar los sistemas de compensación económica que operan en algunas federaciones para que los miembros no tengan que poner de su bolsillo gastos de transporte o manutención.

Otras de las medidas apuntan a la publicación de las cuentas en todas las organizaciones que integran CC.OO., así como la publicación de los bienes de sus responsables, así como de un mapa de participación institucional en entes públicos o privados o la creación de un portal de la transparencia.

Responder ante la sociedad

Según ha explicado Lezcano, todas estas medidas se plantean ante un sociedad “cada vez más consciente de sus derechos y menos tolerante” con ciertas conductas inadecuadas. “Estamos dispuestos a superar la Ley de Transparencia”, ha dicho, para añadir que, aunque el sindicatos ha actuado de forma “inmediata” en los casos “puntuales” de supuesta corrupción que han surgido, lo que pretende es cortarlos de raíz.

Con todo, lo cierto es que muchas de estas medidas no se podrán aplicar a corto plazo, puesto que suponen cambios en los estatutos del sindicato y, por ello, la aprobación del Congreso Confederal, que podría dilatarse hasta 2017.

Es el caso de los relacionado con la figura del defensor del afiliado. Otras cuestiones, como lo que tiene que ver con el código de conducta o los sistemas de compensación económica podrán aplicarse en el corto plazo.