La escalada militar reabre el debate de la soberanía alimentaria en Europa: “Vivimos en la ley del más fuerte”

Cada vez que hay una crisis que afecta al precio de los alimentos, la mirada se vuelve sobre el campo. Esta vez, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el conflicto bélico en Oriente Medio, la situación no es diferente. De nuevo, se vuelve a hablar de la necesidad de ser lo suficientemente autónomos, tanto en España como en la Unión Europea, para resistir este tipo de envites. Ahora, ese debate coincide con el acelerón del acuerdo de Bruselas con Mercosur y con Australia, para intentar abrir alternativas, tanto en el acceso a más países a los que vender, como para comprar alimentos. Una situación que no solo convive con la escasez de fertilizantes por el cierre del estrecho de Ormuz, sino también con EEUU desplegando –con vaivenes– el esquema arancelario ideado por la Administración de Donald Trump.

Ese cierre de Ormuz y la guerra en Oriente Medio han vuelto a poner de relieve la poca capacidad de Europa para ser autosuficiente y contar con productos esenciales para el campo, como los fertilizantes y el gasóleo agrícola, que han disparado sus precios en origen. De momento, aquí no faltan alimentos, pero en países con menos poderío económico ya empieza a haber problemas.

En España, para tratar de paliar esa escalada de precios, el Gobierno ha aprobado ayudas por valor de más de 870 millones de euros con los que tratar de dar oxígeno a las finanzas de los productores del sector primario.

Sin embargo, el trasfondo es que, cada vez que hay un revés, se hace énfasis en proteger al campo, a sus productores y productoras, porque son quienes sustentan la alimentación del conjunto de la sociedad. “Siempre digo que es un sector estratégico, del que la opinión pública se acuerda cuando tenemos, por ejemplo, la pandemia, con la invasión rusa de Ucrania, cuando hay sequía, con el cierre del estrecho de Ormuz. El sector primario es estratégico haya o no haya problemas”, recalcó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la VI edición del Foro Económico de elDiario.es. “La gran vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, para nosotros, es que suba el IPC de la alimentación un 0,2% o 0,3%. En Sudán es vivir o morir. Hay que tener una visión más amplia”, resumió. 

Reglas justas en un mercado que no siempre funciona

“Con cada situación complicada, con cada crisis, se vuelve la mirada al campo; pero, cuando se pasa, dejamos de estar en el foco”, critica a elDiario.es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “El sector agrario tiene que ser considerado estratégico, porque esto no va de deslocalizar, de comprar no se sabe dónde y a qué precio. Si perdemos la soberanía alimentaria, si pensamos que la solución es comprar fuera, evidentemente estamos ante un claro riesgo”, argumenta.

Cano ahonda en la necesidad de “reglas justas”. “El mercado libre no funciona. Vivimos en la ley del más fuerte, dejémonos de tonterías”, enfatiza. “La ley de la oferta y la demanda es de boquillas, necesitamos que haya una retribución justa en cada eslabón de la cadena”. Por eso, apunta, ve necesario reforzar la Ley de la Cadena, “para que haya precios justos”. “No hay más que ver las cuentas de la distribución, da igual lo que pase, una crisis, incendios, a ellos nunca les va mal”. “Hay que tener valentía para intervenir y que haya condiciones dignas. Y todo pasa por el primer paso, que es la rentabilidad, respeto al medio ambiente, generando economía y empleo”. 

En gran medida, ese enroque tiene que venir desde Bruselas. “Tenemos claro que necesitamos una Europa fuerte, fortaleciendo las instituciones, no debilitándolas, porque hay fuerzas que se erigen como defensoras del campo y, en realidad, hay que ponerlas un espejo para que se vean sus incoherencias”. En ese tablero también juega un papel fundamental la PAC, la Política Agraria Común de la UE. “Es fundamental que no sea solo presupuesto, sino un reparto más social de las ayudas, que vaya a los agricultores que lo merecen, no a empresas de la industria, que muchas veces incumplen la Ley de la Cadena. Y, a nivel de productores, que haya un techo máximo de ayudas que limite la percepción de los latifundios, primar las primeras cabezas de ganado, a los sectores más vulnerables y a las explotaciones más familiares”, enumera.

Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), recalca que “España es una potencia. Tendríamos que garantizar a la población que, en casos de emergencia, podemos alimentar a nuestra población”. “Hablamos de una Seguridad Social Alimentaria”, propone. “Igual que está garantizada la Sanidad, que se provea en momentos complicados de los alimentos necesarios para vivir, sobre todo a los más vulnerables”, añade. Todo, en un marco donde la legislación española tiene que ir de la mano de la UE, porque “porque no podemos legislar en contra de las directrices que marca la UE”, recuerda Padilla.

“Tenemos tanta diversidad en agricultura y ganadería”, argumenta el responsable de COAG. “Tenemos el potencial, la fruta, las hortalizas, la mayor parte de lo que nos alimentamos cada día, es una producción muy completa, no nos falta casi nada”. Con un par de matices. Uno, “la leche, que le compramos a Francia”. Otro, que “en la producción ganadera necesitamos mucha proteína, como la soja, para la alimentación animal. Sería donde menos riesgo podría haber”, reconoce.

También la visión del campo ligada al agroecologismo pone sobre la mesa la necesidad de que haya un cambio de visión. “Hay que dar más paso para apostar por la resiliencia en base a los recursos que tenemos”, explica David González, socio de la cooperativa Sustraiak y experto en regeneración de suelos y fertilización orgánica. “Desde la agroecología llevamos años demandándolo, después del COVID, cuando se atascó el barco en el Canal de Suez, en los momentos en los que nos damos cuenta de nuestra fragilidad, es necesaria la relocalización de productos en nuestros territorios que, además, pueden crear empleo y revertir la llamada España vaciada”.

González también señala a la PAC que podría servir para financiar la transición hacia la agroecología y favorecer, con ello, a los circuitos cortos y de proximidad. “La planificación es fundamental, el papel de la administración y de lo público”, añade. 

En cuanto al peso del sector agroalimentario, esta semana el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), junto a Cajamar, han publicado un análisis donde señalan que se trata de un “pilar estratégico” para la economía nacional, ya que supone casi 131.000 millones de euros de valor añadido bruto (VAB), aunque los datos son a cierre de 2024. Este análisis también destaca que en su mayoría son microempresas (más del 60%) y hay más de 27.800 empresas activas, principalmente concentradas en los territorios de Andalucía, Catalunya y Castilla y León. “La mayoría pertenece a la industria de alimentos (82,5%), mientras que solo el 1,1% son grandes empresas, con mayor presencia en Navarra y Murcia”. “La mayoría de la superficie en España es productiva, con un 88,3% de tierras agrícolas y forestales” y, añaden en su análisis, que “regiones como Andalucía, con el 32,1% de las explotaciones, y Castilla y León, con el 22,6% de la superficie agrícola útil”, son las que tienen más peso por territorio. 

Naciones Unidas ya detecta una subida de precios

Al margen de ver cómo afecte a España, sobre todo si el conflicto se prolonga, la situación provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha derivado en un terremoto para el sector primario de muchos países. “Es una grave conmoción, con importantes implicaciones para la producción y los precios internacionales de los alimentos”, reconoce la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en sus siglas en inglés), el organismo que aspira a presidir el ministro de Agricultura, Luis Planas. De nuevo, señalan el impacto tanto de los combustibles como de los fertilizantes.

Otra derivada, que los precios suben. La FAO ya apunta un aumento de los precios de productos básicos importantes como el trigo, el arroz y los aceites vegetales. Una situación global que afecta, especialmente, a los países de Oriente Medio, pero hay más consecuencias. “El aumento de costes de los insumos lleva a los agricultores a reducir el uso de fertilizantes, lo que podría disminuir el rendimiento de los cultivos”, explican las citadas fuentes del organismo de ONU. “Este efecto es particularmente preocupante en las regiones de Asia y África que dependen de las importaciones, donde los pequeños agricultores son muy sensibles a los aumentos de precios”.

Además, FAO apunta que “más allá de la agricultura, el conflicto podría reducir las remesas de los trabajadores migrantes del Golfo, lo que afectaría aún más los ingresos de los hogares en los países en desarrollo y agravaría los riesgos de inseguridad alimentaria”. “La situación tiene un gran potencial para reducir la producción de alimentos y elevar los precios a nivel mundial, con mayores repercusiones en las regiones vulnerables y dependientes de las importaciones”, concluye FAO.