El Ingreso Mínimo Vital, la renta estatal diseñada por el gobierno actual de coalición PSOE-UP, se presentó en febrero de 2020 dos veces, previo al estallido del coronavirus. La autoría fue reclamada por dos miembros del ejecutivo en sus primeras comparecencias tras tomar posesión: el entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y José Luis Escrivá, recién nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que ya desde su anterior puesto en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había sugerido crear una modalidad de prestación similar. Ambos hablaron de una renta mínima de carácter estatal que conviviría con las autonómicas y que triplicaría el alcance de estas.
El 29 de mayo de 2020 se anunció, al alimón y en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, como un gran hito de legislatura la herramienta que llegaría a 850.000 hogares, lo que suponía 2,3 millones de personas. Un año y medio y una pandemia después, el pasado 1 de octubre, en nota de prensa y sin comparecencia, el equipo de Escrivá reconocía que el IMV había llegado a 800.000 personas, que no hogares, lo que reducía en un 60% el número de familias beneficiarias con respecto a lo anunciado, y aún más, un 65% a las personas, comparándolas a las previsiones calculadas. En espera de los resultados de los incipientes itinerarios de inclusión, presentados esta misma semana, y que se espera que sirvan como “palancas” para que las personas beneficiarias salgan de su situación vulnerable, los resultados quedan muy lejos de lo previsto.
Analizando los propios datos ministeriales con la tasa de riesgo de pobreza, la cifra media de cobertura del IMV se reduce a un 10% para el territorio nacional, con datos dramáticos en zonas como Catalunya, donde sólo cinco de cada cien personas vulnerables son receptoras de esta ayuda, seguidos de Canarias, Castilla La Mancha, Illes Balears y Galicia, con seis, Extremadura con siete y Murcia, Comunitat Valenciana, Madrid y Cantabria, donde son ocho de cada cien las personas en situación de pobreza protegidas. La CCAA que sale más favorecida en esta mirada sería Navarra, con un 22% de cobertura sobre el total de población vulnerable.
Una fuente oficial del ministerio valora estas cifras como un reto: “Hemos detectado la existencia de un grupo importante de personas en situación de vulnerabilidad que no ha solicitado el IMV. Se emprenderá una búsqueda activa de las mismas y, por esta vía, se podrían incorporar entre otras 20.000 y 40.000 nuevas prestaciones”, calculan.
La Plataforma RMI Tu Derecho ha valorado esta misma semana de forma positiva que las solicitudes pendientes de tramitación se hayan reducido en el último medio año en más del 70%, pasando de 350.000 a 97.500, en un dossier en el que analizan las deficiencias estructurales que identifican y monitorizan en la implementación de esta ayuda, un año y cuatro meses después de su lanzamiento.
Y es que aún se están quedando fuera miles de personas. Una pista la dan las 890.000 solicitudes denegadas de los 1,45 millones recibidas, según la información del ministerio de mediados de septiembre.
Denegación por estar empadronada en un hogar del que fue desahuciada
Una es Lorena, junto a su marido y sus cuatro hijos de entre dos y nueve años. Actualmente viven en Zaragoza en casa de su madre. Hasta hace poco habitaban en Quinto de Ebro, a 45 km, de donde fueron desahuciados este verano. Les han denegado el IMV hasta dos veces por estar empadronados en aquella dirección con sus suegros y de la que han sido expulsados por sentencia judicial. Además, no conviven desde 2017 con ellos, y así lo han documentado en sucesivos recursos. Es lo que se lee en las cartas de denegación cómo “formar parte de otra unidad de convivencia”.
Han cambiado a los niños del colegio, “pero no el padrón, me da miedo que si me pongo con mi madre, nos lo denieguen por tercera vez”, explica. Y eso le lleva a no poder solicitar ayuda en los servicios sociales de la capital aragonesa. Sobreviven con 675 euros al mes para los seis miembros, procedentes de las ayudas para parados de larga duración y prestaciones por hijo a cargo, que le retiraron también al iniciar el proceso de solicitud. De acuerdo a la tabla del IMV, deberían estar ingresando al mes 1.034 euros. Llevan desde julio de 2020 esperándolo.
Desde la European Anti-Poverty Network, la EAPN, autora del índice AROPE que acaba de ser publicado, aseguran que “el IMV es el mayor avance social desde la Ley de Dependencia, pero no está llegando a todas las personas que lo necesitan”. Los requisitos a cumplir (que lo alejan de la idea de renta básica incondicional), y la excesiva burocracia, acrecentada por el torpe flujo de información entre instituciones como la Agencia Tributaria y la propia Seguridad Social, el cruce con la gestión de las rentas autonómicas y la presión sobre los servicios sociales locales, junto con el colapso administrativo generado por la pandemia, ayudan a explicar en parte los bajos índices de éxito.
Para entidades y asociaciones que trabajan con personas en exclusión, sin embargo, hay errores de base. “Las personas con necesidades de entre 18 y 22 años quedan fuera a menos que estén emancipados y con familia propia”, explican desde la red europea como uno de los ejemplos de inoperancia. Y, sin embargo, aún cumpliendo esos requisitos, en la localidad de Vilardevós, en Ourense, Tamara Balboa, coordinadora de la entidad CDR Portas Obertas y trabajadora social, se dio de bruces con respuestas contradictorias desde el teléfono de atención para solicitantes al intentar ayudar a una chica de 22 años sin recursos que acababa de ser madre. “Ella y su bebé sí constituían una unidad familiar, por lo que podía solicitar el IMV. Me contestaron con informaciones totalmente contrapuestas: una vez me dijeron que al no haber cumplido 23 no podía, y en otra que sí”, recuerda. Después vino el problema del tiempo, no llevaba un año siendo una unidad de convivencia familiar, ya que el bebé tenía pocos meses, y eso la dejaba fuera.
La actividad de la asociación se centra en el desarrollo rural de la zona y la complicación más presente, de acuerdo a su experiencia intentando ayudar a las familias, es la brecha digital. “Es una prestación pensada para que las personas posibles candidatas a percibirla la soliciten por sí mismas y en el medio rural los recursos son menores, también la alfabetización digital”, explica. Tampoco el acceso a internet es igual al de las zonas más pobladas. “Hay pueblos que se han pasado meses sin cobertura móvil decente. Menos mal que aquí estamos nosotras para echarles una mano”, denuncia. En otras localidades, según cuenta, las familias solicitantes han terminado pagando gestorías o abogados para tener ayuda en la solicitud. Familias con graves carencias económicas. “Es algo aberrante”, sentencia.
La trampa de computar los ingresos de hace años para delimitar rentas
Según el ministerio, la causa mayor de que más de seis solicitudes de cada diez sean denegadas es la superación de los niveles de renta. El problema, señalado por numerosas entidades, es que para delimitarlos se utilizan las declaraciones de la renta de los potenciales beneficiarios en los ejercicios fiscales anteriores, lo que da lugar a que aquellas personas que hubieran estado trabajando en 2019 y en 2020 sufrieran reducción de ingresos por causas sobrevenidas, relacionadas o no con la pandemia, quedaran fuera. Lo mismo es aplicable con las anualidades de 2020 y 2021. Desde hace unos meses, en el registro de solicitud se puede señalar la opción de que se tengan en cuenta los ingresos del año en curso.
Esto es lo que hizo Sandra Arauz, coordinadora de Servicios Sociales de la Zona Baja del Ebro con Tino Ramos, de cincuenta años, que había estado trabajando tres meses colocando placas solares en 2020 y por esos ingresos le denegaron una primera vez el IMV, a pesar de haber pedido en marzo de 2021, al hacer la solicitud, que se tuviera en cuenta que desde el año anterior no ingresaba nada. El ministerio responde con asepsia a casos como este. “Las personas que no estén conformes con las resoluciones tendrán la opción de presentar un recurso”, explican.
“Gracias a que tengo buenos vecinos tengo un plato de comida. Algo así no me había pasado en mi vida”, cuenta Toni al teléfono. Actualmente acumula impagos de recibos de luz, dos meses de alquiler y está en tratamiento psicológico. “No tengo ganas de vivir, me siento completamente desamparado”. Una vez al mes habla en lo que llama “en asamblea” con su equipo de trabajadoras sociales. Arauz apunta que “Toni lleva casi 11 meses sin ningún tipo de ingresos y sobrevive gracias a la solidaridad de los vecinos y al apoyo que se le presta desde los servicios sociales comarcales”. De primera mano ve cómo la demora en las resoluciones del IMV “fomenta la dependencia de las personas hacia los servicios sociales en lugar de estar trabajando por su normalización, independencia y autonomía”. Llevan desde finales de agosto esperando la respuesta a una reclamación para que revisen su solicitud y tengan en cuenta los meses que lleva sin ingresos.
Inmersos ya en el cuarto trimestre, aún no se han actualizado las rentas del 2021, pero sí se están haciendo revisiones de las concedidas en 2020 desde la Seguridad Social, lo que da lugar a situaciones complejas. Rosa Sánchez, del Centro de Derechos Sociales de Zaragoza, explica cómo han estado acompañando en el tortuoso camino burocrático a una familia a la que se le retiró sin previo aviso la ayuda tras no haber comunicado un cambio en su situación familiar como penalización. Dicho cambio fue la muerte dramática un mes antes de su hijo de 15 años por ahogamiento.
A Alberto, vecino de 62 años de Madrid, el cómputo de las rentas a sumar, unido en su caso a que se haya contabilizado el año 2019, ha hecho que de los 470 euros que le corresponderían como unidad familiar unipersonal solo esté percibiendo 116. En el 2019 fue beneficiario de RAI, la Renta Activa de Inserción del Estado, y de prestaciones de desempleo. Ambas ayudas le han computado como rentas, por lo que se le descuentan mes a mes de lo que recibe. En palabras de Roberto Borda, de la Asociación Apoyo, que ha explicado el caso en Twitter, “está devolviendo en 2021 al Estado las prestaciones recibidas en 2019, en una política de recaudación a los más pobres”. Desde el equipo de Escrivá y sobre este caso concreto, a preguntas de eldiario.es se responde que “si existen rentas preexistentes se cubre la diferencia hasta garantizar el nivel asignado”. Alberto ha pagado, pues, el pato de la mala definición del cómputo de rentas, ya que el desempleo previsiblemente dejará de sumar para futuras prestaciones, si se consigue meter en la ley esta mejora.
Intentos de mejora que chocan con instituciones
En febrero de este año, el Gobierno modificó el decreto por el que se regula el IMV ampliando algunas opciones de unidades de convivencia, para facilitar el acceso a personas con complicaciones para justificar residencias. También quedó rubricada la necesidad de que los municipios comuniquen a la Seguridad Social los cambios en el padrón en un plazo de treinta días para que no se produzcan fallos en el cruce de datos que lleve a denegaciones erróneas, una de las causas de denegación y recurso más repetidas.
En cualquier caso, el certificado que se exige para acreditar situaciones especiales de residencia es otro problema. Se ha delegado el mismo en los servicios locales municipales. “Se han tardado meses en tener los modelos y las instrucciones” explica Hontanares Arranz, de ATD Cuarto Mundo y RMI Tu Derecho. “Genera en las instituciones locales inseguridad jurídica. Además tiene que ir firmado por el secretario de los ayuntamientos”. Varias trabajadoras públicas consultadas explican que esta indicación desde el ministerio de Escrivá ha generado rechazo, en algunos casos incluso la negativa del funcionario responsable, que no quiere firmar modelos que no ha diseñado. Arranz explica que “aunque legalmente está contemplado, se retrasa y hay casos en que no se está haciendo”. En la práctica, “se dan casos de familias que acceden a su expediente, y ven que no está resuelto, y en realidad lo que está pasando es que el secretario del ayuntamiento aún no ha firmado el certificado”, concreta la trabajadora social desde el Bajo Ebro.
El pasado lunes hubo una nueva comparecencia conjunta. De nuevo, José Luis Escrivá, acompañado en esta ocasión de la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, adelantaron algunas mejoras que previsiblemente se implementarán cuando el actual decreto ley se convierta en ley: que no sea una excepción que se utilicen los ingresos del año en curso y que no se computan como rentas el desempleo o pensiones por dependencia. También se reducirá el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia a los seis meses y se complementará con una ayuda extra por menor a cargo de entre 50 y 100 euros mensuales, entre otras modificaciones. Y más allá del redactado de la ley, se está trabajando en el diseño de itinerarios de inclusión dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Hoy por hoy, todo sigue igual. Aún falta tiempo, el texto que incorpora las mejoras aún no ha sido debatido en pleno ni enmendado y está a medio camino para llegar a convertirse en ley. Durante todo este tiempo, nadie de Unidas Podemos ha hecho declaraciones públicas alabando la gestión de la ayuda. Incluso provocó un encontronazo público entre Iglesias y Escrivá en febrero pasado. Desde las filas moradas llegaron a decir que “no podemos permitirnos como gobierno progresista que (el IMV) funcione mal y que no llegue a todas las familias a las que tiene que llegar”. Su grupo parlamentario presentó, finalmente, doce enmiendas al texto original, que esperan su tiempo de presentación en pleno parlamentario.
Lorena en el momento de la entrevista para este diario había leído la noticia. “Yo no quiero que mejoren nada, si yo con que le den a mi familia lo que nos corresponde y que llevo esperando desde hace más de un año, me conformo”.