Tras el aumento del empleo, los salarios. El Gobierno ha aprobado esta semana una oferta de empleo público (OEP) para más de 44.700 plazas a lo largo de 2022, un nivel que según ha señalado es el “más elevado de la historia”. La mitad son puestos nuevos y los demás son de promoción interna y para consolidar plazas ocupadas por interinos. Los sindicatos no han ocultado su satisfacción tras alcanzar un acuerdo el pasado lunes, aunque tampoco esconden que hay aspectos referentes al trabajo de los funcionarios que todavía tienen que dirimirse. El principal punto es la subida salarial.
Unos días antes de que se acordara la nueva oferta de empleo público —que cubre exclusivamente a la Administración General del Estado— CCOO y UGT ya emitieron un comunicado urgiendo a la secretaría de Estado de Función Pública que convocara en el menor plazo de tiempo posible una mesa de negociación para tratar aspectos como la subida salarial. De lo contrario, avanzaban que habría movilizaciones por parte del colectivo de trabajadores públicos. Unas movilizaciones que ya ha iniciado este miércoles el sindicato CSIF, otra de las fuerzas sindicales mayoritarias en el sector público.
“No debemos tardar en reunirnos, el 2% que se ha subido este año a los funcionarios ha resultado ser muy inferior a la inflación”, señala Rosa Cuadrado, portavoz del área pública de CCOO. “Tiene que haber una recuperación salarial porque encadenamos 12 años de pérdida de poder adquisitivo”, añade. Cuadrado remarca que esta negociación debe afectar a todos los trabajadores del sector público en España, no solo a los de la Administración General, por lo que la mesa de negociación es distinta a la que ha acordado esta semana la oferta pública de empleo.
Un 15% de pérdida de poder adquisitivo desde 2010
Desde CSIF se cuantifica en un 15% la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos desde el año 2010. “Llevamos desde marzo pidiendo al Ministerio que comenzase la negociación salarial para tratar el aumento de la inflación y han dado la callada por respuesta”, defienden fuentes del sindicato. Aunque hay otros temas abiertos para este colectivo que se deben negociar en los próximos meses, sitúan la mejora salarial como el aspecto más apremiante.
Isabel Araque, responsable de acción sindical de UGT Función Pública, defiende que “los empleados públicos no pueden quedarse sin revisión salarial otra vez”. “No se puede volver a cargar sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis una vez más”, añade. “Ni podemos ni vamos a consentir que tres millones de empleados públicos se queden sin la actualización salarial que justamente le corresponde”, enfatiza.
Al igual que los trabajadores del sector privado, los funcionarios y empleados públicos han comprado en los primeros meses de este año que la subida que se acordó para este ejercicio a través de los Presupuestos Generales del Estado ha resultado ser inferior a la inflación. El último dato del IPC, en abril, alcanzó el 8,3%, frente a un 2% de subida salarial. La guerra de Ucrania ha supuesto una mayor presión en los precios a la que ya se venía apreciando desde el pasado verano y los funcionarios consideran que se deben actualizar los salarios.
Las mejoras salariales no son una reclamación nueva por parte del colectivo, aunque se han visto urgidas en las últimas semanas por el aumento de la inflación. En el sector privado, sindicatos y patronal negociaron mecanismos para la subida salarial de los nuevos convenios que evitaran la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, aunque le negociación acabó encallada sin acuerdo. La CEOE acabó planteando a sus asociados que hubiera “moderación salarial” y evitar vincular salarios e inflación.
En el sector público los puntos no parecen muy diferentes. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, manifestó este martes tras el consejo de ministros que el Gobierno debe “combatir la inflación” y, para ello, “no puede convertir ninguna medida coyuntural en estructural”. “Se debe hacer [la subida salarial de los funcionarios] en tiempo y en forma, con cautela”, señaló. La ministra, que es a la vez responsable del empleo público y de las cuentas del Estado, apostó por esperar a que el indicador “se module” en el segundo semestre de este año y, por tanto, será “después del verano” cuando las negociaciones se “intensificarán”. Por tanto, vincula esta negociación con la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, los que están llamados a ser los últimos de la legislatura.
En el pasado, los sindicatos han protestado por los modos en que se suele llevar la negociación salarial en el sector público, ya que entienden que no se suele dejar mucho margen de maniobra. Por ello, llevan tiempo abogando por que la negociación se realice con más tiempo y con un plan plurianual. Esta es una idea compartida por los tres sindicatos mayoritarios, que se fije un plan de actuación que al final de un horizonte temporal a medio plazo haya permitido a los funcionarios recuperar un mayor poder adquisitivo. “Somos responsables en nuestras reclamaciones, pero se debe de dar un mensaje de confianza al sector público”, señalan desde CSIF.
Hace un mes, el Gobierno envió a Bruselas una actualización del Programa de Estabilidad, donde traza algunas líneas básicas del gasto y los ingresos del Estado para los próximos años. En el documento, el Ejecutivo evitó valorar este posible pacto plurianual y señalaba que “a partir de 2023” se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos “en línea con la evolución de precios para el periodo contemplado”, que en las previsiones que maneja el Gobierno es sensiblemente inferior a la de este curso. Es decir, se descartaba hacer una actualización adicional por la subida de precios de este año.
“Actualización” del Estatuto Básico del Empleado Público
No es el salarial el único problema que contemplan los sindicatos y que debe de ser abordado en la mesa de negociación. Cuadrado, de CCOO, resume que uno de los puntos clave es la “actualización” del Estatuto Básico del Empleado Público, que señala que lleva sin modernizarse dos décadas. En este apartado se incluyen materias como son las carreras profesionales y sus niveles en la administración acordes al nivel de estudios. “Es necesario actualizarlo y reformarlo”, apunta Cuadrado.
La portavoz de CCOO también señala otros aspectos como los planes de igualdad en la administración y en las empresas públicas, un hecho al que están obligadas las empresas privadas a partir de cierto tamaño y que en las sociedades públicas se arrastra un retraso, según Cuadrado. Apunta también a otras demandas que vienen de lejos como la recuperación de las 35 horas semanales, ya que en 2012 se elevaron a las 37,5 horas.
Desde Csif se incorporan también otros acuerdos pendientes en el seno de la función pública, como el desarrollo del teletrabajo en la administración. Esta semana se ha acordado en el Consejo de Ministros junto con la oferta de empleo público un plan para reducir el consumo energético de la administración que incluye la recuperación de los tres días de teletrabajo. Este fue un acuerdo que se alcanzó hace un año con el anterior ministro del ramo, Miquel Iceta, y que los sindicatos reclaman que lleva meses de retraso su concreción y su aplicación.
El acuerdo de la oferta de empleo público ha incorporado cuestiones demandadas por los sindicatos como los procesos de consolidación de interinos o la agilización de las oposiciones para la movilidad interna, reduciendo los tiempos y los contenidos. Además, se ha logrado el compromiso por parte del Gobierno de que las plazas anunciadas en una oferta de empleo público salgan a concurso en el mismo año. Sin embargo, Cuadrado recuerda una última reivindicación que, como la subida salarial, dependerá de los Presupuestos: la eliminación de la tasa de reposición. Los sindicatos mantienen que la existencia de estos porcentajes que limitan la creación de puestos frente a la jubilación han provocado el ascenso de la temporalidad en el pasado y la merma de las plantillas.