Trabajo propone a los empresarios ayudas fiscales ligadas al aumento del salario mínimo a 1.221 euros
El Ministerio de Trabajo ha planteado este lunes a las patronales una nueva ayuda fiscal a las empresas ligada a la subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% este año, hasta los 1.221 euros brutos al mes. La medida, que está pactando el departamento de Yolanda Díaz con el de Hacienda, liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero, trata de lograr el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme a este nuevo alza del SMI, algo solo se ha producido un año, en 2020.
A la espera de que se cierre la negociación con Hacienda, Trabajo ha explicado que la ayuda fiscal consistiría –en prinicipio– en una bonificación en el Impuesto de Sociedades a las empresas más afectadas por la subida del salario mínimo.
La bonificación, que no se ha cuantificado, estaría condicionada a dos circunstancias: que las empresas mantengan el empleo y que reduzcan a futuro la cantidad de plantilla que cobra el SMI, el sueldo más bajo legal.
Un incentivo fiscal “para subir salarios”
“El mensaje no es sigan pagando el salario mínimo”, ha afirmado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha precisado que Trabajo y Hacienda trabajan para afinar la ayuda fiscal de manera que no incentive que las empresas se mantengan en el SMI.
“Nos interesa que remonten el salario mínimo, que tengan un estímulo que pueda compensar la subida de SMI de este año, pero que estimule a avanzar en esa escala salarial” en los años siguientes, ha explicado Pérez Rey.
La representante de la patronal CEOE, Rosa Santos, así como los portavoces de los sindicatos, Javier Pacheco (CCOO) y Patricia Ruiz (UGT), han explicado que la oferta del Ministerio ha sido “verbal”, algo que han criticado por la falta de concreción.
Así, los agentes sociales han pedido a Trabajo “los detalles” de la medida para poder valorarla. Se prevé que la concreción se produzca en los próximos días y que las partes vuelvan a reunirse el próximo jueves para intentar alcanzar un acuerdo tripartito.
La ayuda fiscal está condicionada a que las patronales entren en el acuerdo para subir el SMI. De lo contrario, la bonificación pública a las empresas decaería. El 'número dos' de Yolanda Díaz ha argumentado que la iniciativa trata de “convertir la política salarial en un asunto de Estado”, involucrando también a las empresas en esta meta.
Desde los sindicatos CCOO y UGT han subrayado que la medida, que supondría bonificar a las empresas con dinero público las subidas salariales, no es “cómoda” para sus organizaciones. Sin embargo, han afirmado que analizarán la iniciativa y que la considerarán de cara a tratar de alcanzar el consenso en el diálogo social en la subida del SMI, que no se logra desde 2020.
La oferta del Gobierno sustituye a otra medida que Trabajo y Hacienda estaban negociando en las últimas semanas: la posibilidad de actualizar los contratos públicos ya asignados a las subidas del salario mínimo. Reclamación constante de las patronales de empresarios, así como de los sindicatos, Trabajo ya se había mostrado partidaria de ello, frente a la negativa de Hacienda, y finalmente no ha salido adelante.
Pérez Rey ha sostenido que esta ayuda fiscal es “más ambiciosa” que la indexación de los contratos públicos al SMI, ya que afecta a más sectores y no solo a los que licitan con la Administración Pública.
El secretario de Estado de Trabajo ha mencionado algunos ejemplos de actividades que podrían beneficiarse de la ayuda fiscal, como “empresas de ayuda a domicilio, dependencia, de la limpieza, del campo, de la agricultura.... Sectores que necesitamos estimular para que también en ellos sus salarios sean altos”, ha sostenido.
Salario mínimo de 1.221 euros y sin pagar IRPF
Trabajo debate el diálogo social un incremento del salario mínimo interprofesional del 3,1% en 2026. Suponen 37 euros más al mes desde los actuales 1.184 euros brutos al mes, hasta situar el SMI en los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.
El SMI seguirá sin pagar IRPF, como había pedido Trabajo a Hacienda, para lo que se actualizará la deducción aprobada el año pasado.
El aumento de 2026 se sumará a los incrementos acumulados del 61% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. El Gobierno de coalición ha pactado hasta ahora todas las subidas con los sindicatos CCOO y UGT, y solo una con las patronales CEOE y Cepyme (a comienzos de 2020).
La cifra del 3,1% planteada por el departamento de Yolanda Díaz era la más baja recomendada por el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, para el escenario en el que el SMI siguiera sin pagar IRPF, como finalmente se volvió a acordar para este 2026, contra el criterio de los sindicatos.
Aunque se apruebe más tarde, el Gobierno subirá el SMI con efectos retroactivos desde el 1 de enero, como ha hecho en años anteriores.