Este es el prefijo con el que podrás identificar una llamada comercial y que acabará con el 'spam' telefónico
La lucha contra el incesante ‘spam’ telefónico y las comunicaciones comerciales invasivas entra finalmente en una nueva y decisiva fase dentro del territorio español. Y es que el Gobierno ha presentado una ambiciosa propuesta normativa para establecer el prefijo 400 como el código identificativo obligatorio para todas las llamadas con fines publicitarios. Esta iniciativa, impulsada desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, busca devolver a la ciudadanía el control sobre la telefonía en general pero, sobre todo, en lo que respecta a su privacidad telefónica. Con la implementación de este rango de numeración específico, cualquier usuario podrá reconocer de un solo vistazo el origen comercial de la llamada entrante antes de descolgar su teléfono móvil o fijo.
La medida se fundamenta jurídicamente en dos resoluciones publicadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que tratan de dar cumplimiento efectivo a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela aprobada en diciembre del pasado año. Este marco legal establece rangos diferenciados para separar nítidamente las llamadas comerciales de aquellas destinadas estrictamente a los servicios de atención al cliente. El objetivo central es facilitar que las personas consumidoras identifiquen estas comunicaciones de forma rápida para decidir con plena libertad si desean atenderlas o simplemente ignorarlas. De este modo, se pretende reducir drásticamente las molestias que genera el bombardeo constante de llamadas indeseadas que saturan diariamente los terminales de muchos usuarios.
El funcionamiento del nuevo sistema garantiza que la numeración comercial que utilice el prefijo 400 sea bidireccional, permitiendo así que los ciudadanos puedan devolver la llamada si lo consideran oportuno. Un aspecto fundamental de esta regulación es que el coste de estas comunicaciones no podrá superar en ningún caso el precio de una llamada normal, evitando recargos ocultos. Además, el Gobierno ha estipulado que los números asignados deberán contener nueve dígitos, siguiendo la estructura tradicional del plan nacional de numeración para asegurar su correcta integración tecnológica. Esta transparencia en la identificación y en el coste supone un avance significativo respecto al modelo anterior de opacidad en el telemarketing.
Uno de los pilares más importantes de la reforma reside en la protección del consentimiento del usuario, que deberá ser renovado obligatoriamente cada dos años según la Ley SAC. Con esta disposición, se anula la posibilidad de que las empresas utilicen autorizaciones antiguas o poco claras de forma indefinida para justificar sus campañas publicitarias. Además, la normativa introduce una medida disuasoria de gran calado al considerar nulos todos aquellos contratos que se formalicen mediante llamadas comerciales realizadas sin el consentimiento previo del cliente. Este refuerzo legal busca incentivar que las empresas respeten rigurosamente las reglas del juego y eviten prácticas abusivas o fraudulentas en la captación de nuevos abonados.
La iniciativa gubernamental también establece una distinción clara y necesaria entre las llamadas de carácter publicitario y las gestiones propias de atención al cliente o contratos existentes. Mientras que las ventas deberán usar el prefijo 400, las llamadas de soporte solo podrán efectuarse desde rangos gratuitos como el 800 y 900, o mediante números geográficos. También se permitirá el uso de números cortos corporativos específicos que ya son familiares para el gran público, garantizando así la trazabilidad de la empresa que contacta. Esta separación técnica de los canales de comunicación evita que las llamadas comerciales se camuflen bajo la apariencia de avisos de gestión técnica o incidencias contractuales engañosas.
Para erradicar definitivamente el fraude y el engaño telefónico, la nueva normativa prohíbe de manera expresa el uso de numeración móvil para realizar este tipo de comunicaciones masivas. Hasta ahora, era habitual que muchas empresas utilizaran números personales o móviles para lograr que el usuario descolgara el teléfono por confusión o curiosidad. Al restringir estas llamadas exclusivamente a los rangos autorizados, se cierra una de las principales vías que utilizaban los estafadores para suplantar identidades o realizar prácticas de ‘spam’. La claridad en el prefijo permitirá que cualquier número móvil que intente vender un producto sea identificado instantáneamente como una comunicación fuera de la legalidad vigente.
La implementación técnica de este sistema otorga a los operadores de telecomunicaciones la capacidad y la obligación de bloquear preventivamente las llamadas que no respeten la numeración asignada. Una vez que los números que comienzan por 400 estén plenamente operativos, cualquier llamada comercial o de atención al cliente desde un origen no autorizado será interceptada automáticamente. El Gobierno ha previsto un periodo de adaptación de cuatro meses para que tanto las operadoras como las empresas del sector ajusten sus sistemas de emisión a las nuevas reglas. Este plazo garantiza una transición ordenada hacia el nuevo modelo, asegurando que para mediados de 2026 la protección sea plena y efectiva para toda la ciudadanía.
Millones de llamadas
Este nuevo avance se integra dentro de una estrategia nacional mucho más amplia denominada Plan Antiestafas telefónicas y por SMS, en vigor desde marzo de 2025. Desde su lanzamiento, los datos reflejan la magnitud del desafío, habiéndose bloqueado ya más de 169 millones de llamadas y aproximadamente 10,4 millones de mensajes de texto fraudulentos. La creación del prefijo 400 viene a complementar estas herramientas tecnológicas de defensa, atacando la raíz del problema de la saturación comercial en los teléfonos de los ciudadanos. La coordinación entre los diferentes organismos públicos y las empresas de telecomunicaciones resulta vital para mantener la integridad de las redes y la seguridad del usuario.
En caso de que un ciudadano reciba comunicaciones que incumplan estos requisitos, se han habilitado vías directas para presentar denuncias formales ante las autoridades competentes en la materia. Las quejas podrán tramitarse a través de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o directamente ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este mecanismo de supervisión no solo refuerza la capacidad sancionadora del Estado, sino que convierte al consumidor en un actor fundamental para detectar infracciones en tiempo real. El objetivo final es que la vigilancia ciudadana y la acción gubernamental consigan erradicar las prácticas abusivas que han definido el sector del telemarketing durante las últimas décadas.