Delitos de una entidad menor

Un anexo a la parte contratante de la primera parte del código ético del PP: el partido incompatible con la corrupción sólo actuará contra sus cargos imputados cuando las resoluciones judiciales “tengan una cierta entidad”. La nueva enmienda es obra y gracia de María Dolores de Cospedal, que con esta original teoría intentó explicar ayer por qué Génova sigue mirando hacia otro lado mientras las evidencias rodean a sus principales dirigentes en la Comunidad Valenciana. En Castellón, el PP mantiene como líder a ese “ciudadano ejemplar” llamado Fabra al que le han encontrado 3,6 millones de euros en dinero OVNI, de origen no identificado, despistado por sus 94 cuentas corrientes (94, sí; hay quien no se cansa de que le regalen edredones). En Valencia, el PP presume del único presidente autonómico imputado por cohecho al que todo le parece muy bonito, mientras la Justicia suma cada día más pruebas de una presunta red de financiación ilegal. En Alicante, el partido lo dirige otro imputado, Joaquín Ripoll, acusado de cinco delitos de corrupción en el caso Brugal, al que han grabado escogiendo qué par de pisos prefería a cambio de una contrata de la basura, según la Policía. Y mientras tanto en Madrid, el PP espera que Trillo y sus chicos de la judicatura lo arreglen por la vía habitual, a lo Naseiro: por el defecto de forma.

En estos casos de corrupción ya han intervenido la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el Tribunal Superior de Justicia valenciano. ¿Qué tribunal de mayor entidad necesita Rajoy para tomar medidas? ¿El de Estrasburgo? ¿El del Juicio Final? ¿Sólo la condena carcelaria es una evidencia suficiente como para que alguien en el PP asuma alguna responsabilidad política?