La ley es igual para todos

Es una frase que los enemigos de Garzón repiten como si fuese el conjuro de la queimada: “La ley es igual para todos”. Qué bonito, y ojalá fuese cierto. Aunque basta repasar lo sucedido para dudar de tan hipócrita alegato.

Miércoles, 12 de mayo. Pocas horas después de que llegase al CGPJ la petición de traslado de Garzón a La Haya, el juez Luciano Varela presenta tres providencias y cuatro autos en un día, entre ellos, la apertura de juicio oral contra el reo Garzón. El veloz magistrado se da tanta prisa que no espera a que se resuelvan varios recursos pendientes e incluso se lía con alguna de las fechas. Con la apertura de juicio oral recién firmada, varios magistrados del Tribunal Supremo interrumpen las deliberaciones sobre la suerte de Francisco Camps para que Juan Saavedra, presidente de la Sala de lo Penal, comunique el auto inmediatamente al CGPJ, que también era urgente. Ese mismo día, seis vocales del CGPJ propuestos por el PP fuerzan un pleno extraordinario con un único punto a debate: la suspensión de Garzón. Para que luego digan que la Justicia es lenta.

Lo demás ya es historia, de la peor historia de España. El viernes, Garzón salía de su juzgado. ¿Para siempre? Tiene pinta. El mismo Supremo que esprintó para poder suspenderlo antes de que el CGPJ discutiese su traslado será también quien dicte su sentencia. No parece probable que autoricen siquiera su traslado a La Haya, algo en lo que Garzón aún confía. El kafkiano proceso se ha convertido en un choque de trenes donde el Supremo conduce la mayor locomotora, una máquina que ya no puede frenar. No se ve otro final que un Garzón descarrilado; condenado y humillado porque, si no, alguien podría decir después que la ley es igual para todos. También para los magistrados del Tribunal Supremo.