Mentiras, cacerías y dimisiones
Jesús Maraña
Ha llegado ya la hora de preguntarse si la trama de corrupción en el Partido Popular consiste en la picaresca de unos cuantos golfos o si esa red estaba organizada también para financiar ilegalmente al PP. La posible imputación del tesorero nacional nombrado por Mariano Rajoy, el senador Luis Bárcenas, apunta claramente en esa dirección. Pero no es, ni mucho menos, la única pista.
Desde el mismo momento en que estallaron los escándalos de las tramas de espías en el PP de Madrid y de las adjudicaciones irregulares que recibían las empresas ligadas a Francisco Correa, la dirección “popular” ha hecho infinitos esfuerzos por limitar los daños a la actividad de unos individuos que “no eran trigo limpio”, y que supuestamente fueron apartados de la sede nacional de la madrileña calle Génova en cuanto Rajoy asumió el liderazgo. Así al menos lo proclamó el propio presidente del PP, desmentido después por su portavoz Esteban González Pons, que reconoció la existencia de algunos contratos firmados con la trama de Correa al menos hasta 2005. Incluso pasando por alto aquella mentira de Rajoy, el argumento utilizado es realmente curioso. ¿Apartados porque no eran “trigo limpio”? Desde marzo de 2004 el PP está en la oposición, de modo que lo que se hizo fue “apartar” a Correa y sus secuaces hacia territorios en los que el PP sí manejaba poder y grandes presupuestos públicos. Esta panda empezó a llevarse todo tipo de adjudicaciones millonarias en la Comunidad de Madrid y en algunos de los ayuntamientos más boyantes gobernados por el PP. Lo mismo en Valencia, y ya se verá en qué otras autonomías en manos de la derecha. O sea que Rajoy y su gente hicieron lo que cualquiera haría en su lugar. ¿Que uno descubre a un ladrón en su propia casa? Pues nada, en lugar de llamar a la Policía y denunciarlo en el juzgado, facilita al ladrón las direcciones de los amigos y vecinos más ricos para que no se canse de robar. Lo normal.