Según ha anunciado la Diputación de Álava este lunes, “la inmensa mayoría de las visitas de inspección [residencias] se realizarán sin preaviso, una dinámica que ya se instauró durante la pandemia”. Además, el personal de inspección acudirá de dos en dos a las visitas, lo que permitirá interactuar más con personas usuarias y profesionales, y los controles podrán ser en horarios “poco habituales, incluso de madrugada”.
En la pandemia, con decenas de brotes de COVID-19, las inspecciones han hallado algunas irregularidades. En el centro San Francisco Javier de Arróyabe, por ejemplo, se notificó la apertura de dos expedientes sancionadores con multas que pueden alcanzar hasta los 660.000 euros, 600.000 por atar injustificadamente a los mayores (infracción muy grave) y 60.000 por no cumplir los protocolos de prevención contra el coronavirus (falta grave).
“El Plan de Inspección pretende no solo la revisión de las condiciones materiales, funcionales y de personal de los centros y servicios sociales, sino también velar por el respeto a los derechos de las personas usuarias, con el fomento de las buenas prácticas en la atención a personas, de forma que se garantice un trato digno y respetuoso, en especial en el entorno residencial”, ha concluido el diputado foral del ramo, Emilio Sola, quien ha comparecido acompañado por la directora de Servicios Sociales, Ana Belén Otero, y que ha informado de que esto se aplicará en 233 recursos sociales situados en el territorio histórico, tanto de titularidad privada como foral.
En concreto, las inspecciones se realizarán en 115 centros para personas mayores -residencias, viviendas comunitarias, apartamentos tutelados, centros de día, y centros rurales de atención diurna-; 45 recursos para personas con discapacidad; 23 para personas menores de edad; 5 para víctimas de violencia de género, y 50 para personas en exclusión social o con problemas de salud mental, informa Europa Press.
El plan contempla al menos una visita anual en el caso de los centros residenciales y centros de día para personas mayores y mujeres víctimas de violencia de género, mientras que las inspecciones serán un mínimo de dos al año en los centros para menores de edad. Según ha explicado, aunque el Servicio de Registro e Inspección de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava realiza ya estas inspecciones, la institución foral ha considerado necesario publicar un plan de inspección que establece prioridades, define las vías básicas de la actuación inspectora y fija los objetivos anuales del servicio de inspección. “Esto ha sido posible gracias al aumento de plantilla de inspección en los últimos años y a la incorporación de una nueva figura al equipo, con perfil profesional de enfermería, que reforzará la dimensión sociosanitaria de las inspecciones”, ha indicado.
Como principal novedad, ha explicado Sola , habrá “elementos diferenciadores de calidad”, de forma que no solo se revisarán las condiciones materiales, funcionales y de personal de los centros y servicios sociales y el cumplimiento de la normativa, sino también aspectos dirigidos a “velar por el respeto a la dignidad y los derechos de las personas usuarias”, según ha destacado Sola. Los aspectos en los que inciden las inspecciones son, entre otros, la supervisión de las instalaciones, que la prestación de cuidados básicos sea adecuada al igual que la alimentación, la realización correcta del plan de cuidados y el plan de atención individualizada, el control de las ratios de personal, sus funciones y su distribución horaria. También el conocimiento de los protocolos, entre ellos, los más importantes --caídas, malos tratos, derivación a urgencias, úlceras por presión, visitas, sujeciones, y errores en la medicación--, y si disponen de figuras profesionales de trabajo social, enfermería, medicina, psicología o fisioterapia.