Un desahucio más

Murió Mari Carmen. 87 años, cincuenta por ciento de discapacidad, cuatro intentos de desahucio, uno efectivo y más dignidad de la que cabe en toda la sede de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda. 

Las burlas, los chistes, los insultos y el odio de ciertos medios, políticos y tertulianos contra ella los pasados días son el nivel inferior de la ingente cantidad de violencia que diariamente se ejerce contra los más vulnerables en este país. Es una guerra contra los pobres y las clases medias. Una guerra sin cuartel por depredar los recursos públicos y las rentas de las clases trabajadoras para transferirlas a las grandes fortunas. 

En este nuevo turbo capitalismo todo es un producto de mercado. Cualquier aspecto de la vida humana es susceptible de ser mercantilizado, privatizado y monetizado. Nuestras casas, nuestra salud, nuestra educación, nuestro tiempo libre, nuestra vejez y pensiones, el amor, la infancia, el agua y si se les deja hasta el aire serían objeto de negocio. 

El proyecto de los nuevos conservadores extremos es acabar con cualquier obstáculo que se interponga en su saqueo. Ya sea éste la democracia liberal, las leyes internaciones, la ONU o las regulaciones y normas que protegen a la ciudadanía de la ley de la selva del mercado. 

La nueva premisa es que “la culpa de todo es de los pobres”

Los pobres del tercer mundo que tienen que migrar, ellos son por supuesto los principales acusados, pero también los locales que no pueden pagar un alquiler, los que no encuentran trabajo, los que necesitan becas de comedor, los que no pueden pagar seguros médicos privados, los que perciben subsidios de desempleo...Todos ellos son día sí y día también acusados de dilapidar el dinero de todas, de agotar nuestros recursos, de vivir del cuento, de parasitar lo de todos, de arruinar los servicios públicos, de ser unos auténticos privilegiados. 

A los pensionistas se los enfrenta con los jóvenes, a los parados con los migrantes, a los autónomos con los funcionarios. Y mientras tanto el dinero público, el de todos y todas, se va por inmensas cañerías directamente a las manos de las grandes fortunas a través del rentismo, los fondos buitre, contratos para a la sanidad y educación privada o concertada, construcción, desgravaciones fiscales, créditos blandos, subvenciones, ayudas, especulación, despiece de trabajos públicos para subcontratarlos con empresas privadas o simple y llana corrupción. 

Intentan convencernos de que cobrar una comisión de dos millones de euros por vender mascarillas en plena pandemia es ser un loable emprendedor, pero no poder pagar un alquiler de 2.650 euros con una pensión de 1.400 es ser una jeta.

La culpa siempre de los de abajo para que no miremos nunca hacia arriba. 

Este ejercicio de distracción requiere por supuesto de profesionales de la desinformación que sepan vomitar odio todos los días en tertulias, columnas o programas de televisión. 

El hecho cierto, sin embargo, es que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de vivienda. Su responsabilidad es evidente. Muchas han hecho todo lo posible por favorecer el saqueo de los fondos buitre y los grandes tenedores con absoluto desprecio por las vidas que han arrasado por el camino. 

Pero el Gobierno central ha tenido ocho años, ¡ocho! Noventa y seis meses, 2.920 días con sus 2.920 noches para poner coto al rentismo y hacer de la vivienda un derecho. No solo no lo han hecho, sino que han contribuido de forma activa al estado actual de las cosas. Su responsabilidad es innegable. 

No es tan difícil. Se trata de legislar para que la vivienda solo puede ser destinada a vivir y no a ser un bien de mercado. Quien quiera grandes rentabilidades que invierta en oro o cree empresas productivas, pero que no especule con un derecho humano básico como es la vivienda. 

Hemos comprobado estos días que solo la movilización popular ha conseguido arrancar unas mínimas medidas de protección a este Ejecutivo. Claramente, ese es el camino. Hay que mantener, consolidar y fortalecer los movimientos sociales organizados. Esa es la principal prioridad. Sin ellos y ellas nada podrá construirse ni mantenerse. 

A su vez es evidente que la diferencia entre unos partidos políticos y otros- y no es en absoluto una diferencia menor- es la receptividad a la presión popular en materia de vivienda y derechos sociales. Por eso mientras se mantiene la presión ciudadana en la calle habría que conseguir que los interlocutores en las instituciones fueran aquellos que pueden llegar a recoger esa presión popular. 

Hay que lograr que este no sea un desahucio más.