El juzgado de Balmaseda ha decretado el archivo de la investigación penal abierta por las irregularidades en la planta de purines del valle de Carranza, en Bizkaia, según ha informado 'El Correo' y ha confirmado este periódico. Explican fuentes judiciales que la Fiscalía instó a este movimiento al no hallar indicios de delito y que la Abogacía del Estado, personada por el hecho de que el proyecto recibió ayudas públicas del Gobierno central, no se ha opuesto.
El caso ya tuvo una vía paralela en la jurisdicción mercantil. Fue impulsada precisamente por la Abogacía del Estado cuando su responsable en Euskadi era Macarena Olona antes de su salto a Vox. El proceso mercantil determinó la culpabilidad de los promotores del proyecto, según visó el Tribunal Supremo, por la pérdida de hasta diez millones en inversiones públicas. Ahora, siempre según el diario de Vocento, un nuevo inversor plantea relanzar la iniciativa.
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