Del 15-M al 26-S, pasando por el 15-E
Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro
Este título, que parece un mensaje cifrado, contiene las claves de los grandes alzamientos populares producidos a nivel estatal en los últimos 15 años. El 15-M hace referencia al 15 de marzo de 2011, cuando se reclama una auténtica democracia con la consigna “No nos representan”. El 15-E viene del 15 de enero de 2018, fecha del inicio de las concentraciones de pensionistas contra la congelación encubierta del 0,25% . El 26-S corresponde al reciente 26 de septiembre, que marca el estallido contra la especulación inmobiliaria, reclamando el derecho a una vivienda digna con una consigna inequívoca: “O cae el rentismo, o cae el gobierno”.
Estas experiencias difieren del movimiento Anti-OTAN, consolidado el 20 de enero de 1981 en la marcha a Torrejón con la consigna “OTAN no, bases fuera”. Siendo una rebelión social, lo formaba una convergencia de organizaciones que ya existían, incluyendo sindicatos y partidos. Aunque de esa campaña surge IU, lo mismo que Podemos nace del 15-M, no posee los elementos esenciales que caracterizan a los movimientos autónomos: nueva estructura y carácter apartidista.
Esos tres acontecimientos con reivindicaciones diferenciadas tienen aspectos comunes. Los tres activan potentes movimientos sociales, alcanzando una incidencia política tan notable, que cabe plantear la siguiente hipótesis: las grandes movilizaciones que reclaman transformaciones políticas y sociales están surgiendo de iniciativas ciudadanas promovidas desde fuera de las instituciones y al margen de los partidos políticos de izquierdas. Analizaremos esta proposición utilizando dos variables: la vulnerabilidad del sector de pensionistas afectado por la problemática de los alquileres y la impotencia de la izquierda para impulsar movilizaciones de masas.
El 15-M es un estallido de indignación. Aplicando el modelo asambleario, tomando decisiones por consenso, se fomenta desde la Puerta del Sol de Madrid y otras ciudades una nueva cultura política, más honesta, democrática y participativa. Sin declararse antisistema, posibilita desmantelar el bipartidismo, al consolidarse Ciudadanos en la derecha y surgir Podemos por la izquierda. La juventud entra en las instituciones, dejando de ser la política una actividad elitista. Pone en evidencia la rapiña de la banca, las consecuencias de la crisis económica, el empleo precario y las desigualdades sociales. Fortalece el feminismo y el ecologismo, inspira victoriosas plataformas municipales. Cooperando con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la problemática de la vivienda, contribuye a sembrar el embrión del actual 26-S.
El 15-E da origen a las plataformas de pensionistas que surgen el mismo día en numerosos municipios. Las redes sociales, que parecían un instrumento de comunicación exclusivo de la juventud, transmiten de forma anónima y espontánea un rotundo mensaje: “El próximo lunes, día 15, a las 12.00 horas, en la puerta de todos los ayuntamientos de España, manifestación popular de pensionistas. No al 0,25% de la miserable subida de las pensiones”. Las movilizaciones fueron tan multitudinarias que ese mismo año las pensiones se volvieron a revalorizar con el IPC. Las consignas que se gritaban en las manifestaciones tenían un inequívoco alcance político: “Ni un día más de gobierno del PP”, Rajoy dimisión“. El movimiento de pensionistas contribuyó al éxito de la moción de censura que el 1 de junio de 2018 llevó a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez.
El 26-S está en plena efervescencia. Amparándose en la alarma social que provoca el angustioso desahucio de Maricarmen Abascal, el Sindicato de Inquilinas proclama consignas como: “La vivienda es un derecho, no un negocio”, “Casas para vivir, no para invertir”, “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”. Logrando movilizaciones multitudinarias, altera la agenda del Gobierno con el decreto Maricarmen, arrastra y une a la izquierda alternativa, pone en evidencia el carácter reaccionario de las derechas, se convierte en fenómeno social transversal. Tras caer los dos decretos presentados por el Gobierno en el Parlamento, lanza la consigna “Hacia la huelga general” y como remate precipita un adelanto electoral. La diferencia con el 15-M es evidente: en el 2011 se reclamaba un cambio político y cultural, 15 años después el 26-S organiza y dirige la lucha por el derecho a la vivienda.
La vivienda, problema en la juventud, tragedia en la vejez
En la actualidad la principal preocupación social es la vivienda, por encima de la precariedad laboral y el paro. Son problemas interdependientes que afectan sobre todo a la juventud. La vivienda en alquiler es un gran factor de vulnerabilidad que castiga a diversos grupos sociales: jóvenes pobres, personas en exclusión social, hogares monomarentales, familias desestructuradas, migrantes, trabajadores precarios, personas mayores con pensiones bajas. Dado que las movilizaciones del 26-S tienen como detonador el dramático desahucio de una mujer de 87 años, prestaremos atención a ese colectivo, que vive sin la esperanza de poder mejorar sus ingresos para afrontar la escalada de los precios de los alquileres.
Esa lamentable realidad choca con los datos sobre viviendas en propiedad. Según el IMSERSO, el 89 % de las personas mayores de 65 años tiene casa propia, frente al 21 % en menores de 30 años. Son cifras similares a las del Banco de España: el 85% de las personas mayores de 65 años son dueñas de su vivienda habitual, en jóvenes menores de 35 años baja al 31%. Tal constatación tiene una vertiente opuesta: la tasa de pobreza de mayores de 65 años es el 19%. El alcance de ese dato está en el informe publicado por elDiario.es el 29 de septiembre:
Cerca de tres millones de personas pagan un alquiler superior al 30% de sus ingresos, considerado el límite para poder cubrir sus necesidades básicas. El artículo de elDiario.es identifica a la gente que vive en esas condiciones como “inquilinos ahogados”. Aunque gran parte de ese colectivo son inmigrantes, hay 107.000 “ahogados” mayores de 65 años que viven solos. En la misma línea, el 3 de septiembre RTVE aporta datos comparativos sobre subida de los alquileres y mejora de las pensiones: Entre 2016 y 2025, el precio medio del alquiler se disparó casi un 90%. Una evolución que contrasta drásticamente con la revalorización de las pensiones. En el mismo periodo la pensión más habitual creció menos del 30%. Situación calificada como “desahucio invisible”.
Son casos similares a los de Maricarmen Abascal, pensionista desahuciada en Madrid por exigencia del fondo buitre Urbagestión, con intervención policial y mandato judicial. Este suceso marca el inicio del movimiento del 26-S. Acudiendo al llamamiento del Sindicato de Inquilinas, la juventud se lanza a la calle defendiendo a personas que viven en condiciones de miseria en casas alquiladas. El acuerdo para que Maricarmen volviese a la casa donde vivía desde hace 70 años, imposible de cumplir por su repentina muerte, era un triunfo de la lucha contra el rentismo, logrado por un movimiento social sin intervención directa de partidos políticos ni instituciones.
Una izquierda atrapada en el laberinto institucional
La problemática de la vivienda es una epidemia hispana originada en los años 50 del pasado siglo con el éxodo rural a las ciudades industrializadas y la miseria del chabolismo. En los 70 es una de las demandas de las asociaciones vecinales. El año 2006 hay grandes movilizaciones. Con la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008 nace la PAH, dedicada a combatir hipotecas y desahucios. El 15-M mantiene en el 2011 esa bandera, que el Sindicato de Inquilinas coloca en el mástil de las grandes gestas ciudadanas.
Durante el franquismo los ilegales partidos de izquierdas intervienen en la lucha por una vivienda digna a través de las plataformas vecinales. En el posfranquismo, sobre todo el PSOE, también el PCE, se institucionalizan. El movimiento de vivienda se consolida, siendo plenamente autónomo al llegar el siglo XXI. Plantea demandas en materia de vivienda que los partidos con poder institucional llevan en sus programas electorales, pero no las asumen. La probabilidad de que un partido político defienda demandas sociales es inversamente proporcional a su capacidad de intervención en los asuntos públicos.
Con Unidas Podemos en el primer gobierno de coalición, el año 2023 se aprueba la Ley por el derecho a la vivienda. El Gobierno PSOE-Sumar la desarrolla y en septiembre de 2026 elabora a marchas forzadas dos decretos, uno para aplicar, otro para dejar caer, siendo ambos derogados por las derechas el 2 de octubre. La consecuencia inmediata es que el 29 de noviembre habrá elecciones anticipadas y la Diputación Permanente del Congreso aprueba entretanto el decreto de vivienda con medidas a corto plazo, volviendo a caer los alquileres sin fecha de caducidad. La crisis de la vivienda seguirá sin resolverse, dependiendo su evolución de la correlación de fuerzas del próximo Congreso.
Desde que organizaciones políticas que se dicen de izquierdas ocupan escaños parlamentarios, las iniciativas dedicadas a dignificar el derecho a la vivienda corresponden a plataformas ciudadanas sin vínculos partidistas. A diferencia de lo que ocurre en la derecha, la izquierda carece de capacidad de movilización. PP y Vox pueden llenar la Plaza de Colón llamando a derribar al gobierno o a rechazar avances en derechos humanos. Tremendo dilema para los partidos que se declaran marxistas, tienen como meta un impreciso socialismo y proclaman como sujeto de transformación social a una clase obrera con amplios sectores sin conciencia de clase. El dilema se intensifica cuando gente con ideología de izquierdas recela de partidos afines, estando dispuesta a secundar llamamientos a la desobediencia civil promovidos por colectivos emergentes. Para descifrar el enigma habrá que analizar la política líquida de Bauman, el populismo de Laclau o tal vez volver al ¿Qué hacer? de Lenin.
El Sindicato de Inquilinas abre la ventana de oportunidad de Overton. Convirtiendo el desahucio de Maricarmen en causa general, logra presencia política, social y mediática. Agrupando a gente damnificada por el mercado del alquiler, levanta un poder colectivo que desconcierta a un gobierno débil, obligado a asumir las políticas públicas del decreto Maricarmen. Ejerciendo de contrapoder frente al rentismo especulativo, actuando como auténtico sindicato de clase, aspira a desmercantilizar la vivienda. El 5 de octubre el Sindicato de Inquilinas anuncia la convocatoria de una huelga general que se celebrará el 11 de noviembre, contando con la participación de todos los sindicatos del país, tanto estatales como nacionalistas.
Las acampadas no se paralizan, pese a las incursiones de bandas fascistas. La lucha se intensifica, preparando la huelga general. Además toca intentar evitar el abstencionismo de la izquierda social. Sin embargo, las elecciones del 29 de noviembre cogen desprevenida a la izquierda del PSOE. Dado que uno de los éxitos del Sindicato de Inquilinas ha sido lograr que la desarticulada izquierda alternativa apoyase el decreto Maricarmen, deberían prosperar los intentos de confluencia. Tarea compleja, estando a punto de cerrar las listas hay dos opciones: Irene Montero (Podemos) con Rufián (ERC) por un lado, el Frente Amplio, que sustituye a Sumar, en el otro.
Los partidos de la izquierda alternativa utilizan la consigna: un pie en las instituciones, otro en la calle, para explicar que su actividad política se desarrolla en ambos terrenos, combinando y alternando la participación en los movimientos sociales con la representación en cargos públicos. En la practica, por diversas razones, la acción se centra en el espacio institucional. Las luchas populares son promovidas por militantes que toman partido sin pertenecer a ningún partido. Se constata en titulares de prensa: Público: “La calle adelanta por la izquierda a los partidos: quién capitalizará la indignación por la vivienda”. Agenda Pública: “Maricarmen le da a la izquierda alternativa la causa que no encontraba”. 'El País': “Vivienda: ¿por qué no en ocho años y sí en ocho días?”.
El Sindicato de Inquilinas, junto con la Coordinadora Juvenil Socialista, logran algo insólito: una confluencia de fuerzas con partidos, sindicatos y movimientos sociales. Su determinación queda plasmada en las declaraciones del día 5 con motivo de las convocatoria de elecciones anticipadas: “El viernes el Congreso cerró una puerta, y nosotras no pensamos quedarnos delante esperando a que vuelva a abrirla, porque si algo hemos aprendido estos días es que la política no termina allí donde fracasan los políticos. En muchos momentos de nuestra historia, ha sido exactamente ahí donde ha empezado: ahora nos toca construir la fuerza para demostrarlo”.
Los acontecimientos se precipitan con la muerte de Maricarmen, dos semanas después de su desahucio, sin dejar de estar hospitalizada. Al conocerse la funesta noticia, en plena noche, el dolor y la rabia llevan a la gente acampada en Sol hasta el Congreso, donde entre lamentos y gritos de “Asesinos” se proclama: “Maricarmen tiene que ser la última víctima de este sistema”.