La deriva del espacio conservador en la crisis de Ceuta y su renuncia a los derechos humanos
Las jornadas del 30 y 31 de julio en Ceuta proyectaron una onda expansiva geopolítica que entrelaza Rabat, Washington D.C., Tel Aviv y Bruselas. Sin embargo, la situación diplomática no permite ver la realidad humanitaria: la llegada, durante esos días, de menores no acompañados que colapsan los recursos de la ciudad autónoma.
La gestión de esa realidad ha expuesto las costuras del Partido Popular. De tal forma, el pasado 4 de agosto desde Euskadi, ante la pregunta de una periodista sobre qué iban a hacer las comunidades autónomas donde gobiernan respecto a los menores no acompañados que les corresponden, Miguel Tellado dijo: “Esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional [...] y por lo tanto, lo que debe hacer [el Gobierno] es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido”.
Al día siguiente, el 5 de agosto, desde Vox Andalucía a través de su líder y vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, lanzaron un pulso al PP: “Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos”.
Sin embargo, ese mismo día la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, abrió la puerta a la acogida afirmando que “las comunidades del PP siempre van a cumplir la ley y van a estar al lado de los ceutíes”. Evidentemente esta recogida de cable viene porque el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó auxilio y exigido que el conjunto de las comunidades autónomas asuma solidariamente la acogida de los menores migrantes no acompañados que saturan la ciudad tras las recientes crisis, situando la capacidad local un 2.600% por encima del límite.
A pesar de esto, tres días después Vox volvió a apretar el pulso al PP al anunciar que plantaría al Gobierno y a su ministra de Juventud al no asistir a la comisión de Infancia del 13 de agosto cuyo tema principal es abordar la situación de los menores migrantes en Ceuta.
Mientras el Ejecutivo ceutí desesperado solicitaba auxilio al resto del Estado, la dirección nacional del PP y sus barones autonómicos se debatían en un tenso equilibrio entre el cumplimiento del marco legal, el temor al desbordamiento de los servicios sociales y la sombra de la extrema derecha.
Cualquiera esperaría que un partido que procede de la tradición demócrata cristiana tuviera cierta sensibilidad humana. Resulta chocante que siempre estén con el credo cristiano en la boca para luego demostrar una incapacidad total para abanderar la defensa de los derechos humanos. Esto genera un serio problema en el consenso básico sobre la universalidad de las garantías humanas. Obviamente, a nivel institucional también supone muchas dificultades para la articulación de pactos de Estado duraderos en materia migratoria y de cooperación internacional.
La falta de sensibilidad llega al punto de que el portavoz del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, dijo lo siguiente al hablar sobre lo sucedido en Ceuta y la cuestión sobre los menores: “me asombra que el Gobierno Vasco y el PNV le pregunten a Sanchez por un plan de migración como si no existiera un plan de migración por parte de Sánchez. Claro que tiene un plan migratorio, lo lleva aplicando 8 años [...] son las regularizaciones masivas, es el papeles para todos, es la nacionalización porque sí”.
No sé si me sorprende más que un candidato a lehendakari no sepa la diferencia entre regularizar y nacionalizar o que deje entrever en sus palabras la teoría supremacista de extrema derecha llamada “gran reemplazo” por la cual se sostiene que existe un plan deliberado de elites para sustituir a la población blanca y cristiana en Europa y Occidente mediante la inmigración masiva y la caída de la natalidad. Bueno, eso y que se le olvide que Aznar regularizase a 524.621 personas a través de tres procesos de regularización extraordinaria.
Cuanto menos curioso es que siendo vasco, Javier de Andrés opte por estas posiciones. Los vascos han sido migrantes y el pueblo vasco ha sido receptor de migrantes en diferentes momentos de nuestra historia.
Al calificar la llegada de menores como una “crisis de seguridad nacional”, la derecha española y vasca desplaza al individuo fuera del ámbito de la protección social para situarlo en el de la contención exterior. Y cuando se habla de menores no acompañados, esa intención resulta todavía más hiriente. Este prisma punitivo de la infancia migrante disuelve el principio del interés superior del menor, algo consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En esta lógica, la frase del “vuelvan por donde han venido” niega la complejidad del derecho de asilo y las garantías procedimentales que exigen el estudio individualizado de cada caso.
La disputa por la hegemonía electoral dentro del espacio conservador está provocando que el PP se resista a la hora de asumir de forma explícita el marco universalista de los derechos humanos. El partido de Abascal, otro vasco, y su estrategia de confrontación ejerce una presión constante sobre el PP. Lo hemos visto en multitud de concesiones del PP en las diferentes autonomías en las que gobiernan en coalición.
El resultado es un discurso fragmentado en el que se proclama el respeto a la ley y la solidaridad interterritorial, pero al mismo tiempo se asumen ideas e insinuaciones que deshumanizan el fenómeno migratorio.
En definitiva, la crisis de los menores no acompañados en Ceuta confirma el progresivo abandono de los valores del humanismo cristiano que en su día conformaron la columna vertebral de la democracia cristiana europea. Al intercambiar la doctrina del amparo al vulnerable por la retórica de la amenaza a la seguridad, la derecha conservadora española y vasca renuncia al espacio de los derechos humanos. Es decir, deja desamparado ese espacio frente al empuje de la narrativa de la extrema derecha.