La prórroga de Almaraz, con agosticidad y alevosía
En pleno agosto el Gobierno español ha concedido la prórroga a la central nuclear de Almaraz, lo que supone retrasar la clausura de sus dos reactores, inicialmente fijada para noviembre de 2027 en la Unidad I y octubre de 2028 en la Unidad II, y abre la posibilidad de que este movimiento pueda acabar afectando al calendario de cierres previsto para el conjunto del parque nuclear.
Como ha expresado Ecologistas en Acción, “el gobierno español ha optado por blindar el negocio nuclear de las grandes eléctricas frente al cumplimiento de sus propias promesas, dinamitando un calendario de cierre pactado. Esta decisión abre la puerta a un negocio radiactivo que carga sobre la sociedad mayores costes a medio y largo plazo, y retrasa una transformación energética inaplazable”.
El Gobierno español pretende escudarse en un procedimiento administrativo nada ortodoxo para justificar la prórroga, sin haber llevado a cabo una revisión de seguridad en profundidad. El propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la operación reconoce que se limita a analizar la concesión de la autorización, dejando fuera la labor de inspección y control de la central durante estos años, así como el cumplimiento íntegro de los compromisos exigidos en la renovación de 2020.
Pero no es solo Almaraz. Esta forma de proceder allana el camino para que el resto del parque nuclear reclame idéntico trato. En 2030 está programado el cierre de las centrales nucleares de Cofrentes y Ascó I. Es aquí donde está la primera trampa de la oferta de las eléctricas. Si el cierre de Almaraz se retrasa tres años -hasta 2030- en ese año nos encontraremos con el cierre programado de nada menos que cuatro centrales nucleares. Una tarea que ningún Gobierno querrá acometer. Cuando el oligopolio eléctrico acepta que la prórroga de Almaraz no suponga un coste para el Estado lo hace sabiendo que en tres años tendrá la sartén por el mango, y podrá imponer todas sus condiciones económicas al Gobierno de turno. En concreto, lo que buscan es un precio que les beneficie para el Mwh nuclear, y que se rebaje o elimine la llamada tasa enresa, la tasa para la gestión de los residuos radiactivos. Es decir, maximizar los beneficios manteniendo a las nucleares funcionando, arrastrando en su calendario a Ascó 1 y Cofrentes, bloqueando así el cierre nuclear pactado. De esta manera, el Gobierno ha cedido ante los intereses del oligopolio eléctrico y de la derecha política.
El Gobierno español se ha escudado para conceder la prórroga de la central nuclear de Almaraz en cuestiones, como que la medida no incidirá en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, ni tendrá incidencia en el mix energético, ni requerirá más instalaciones, en lo que respecta a los residuos radiactivos que generará la ampliación de la operación de Almaraz.
Pero es obligado referirme al informe 'Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz. Análisis de impactos económicos y ambientales', encargado por Greenpeace y cuyos autores son Eloy Sanz, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Transición Energética, y Víctor García Carrasco, investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el que afirman que prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz conllevaría una pérdida acumulada de inversiones en renovables de 26.130 millones de euros entre los años 2026 y 2033, y generaría unos sobrecostes en la factura eléctrica de 3.831 millones de euros.
El informe Eloy Sanz y Víctor García Carrasco se cimenta sobre modelizaciones a medio y largo plazo en cuanto a la evolución de la oferta y la demanda eléctrica, contemplando tres escenarios: el de cierre (tal y como se preveía en el calendario de cierres fijado en 2019 por las eléctricas y Enresa), el de prórroga (hasta 2030, como han solicitado las propietarias del complejo de Almaraz), y el de sucesivas prórrogas del resto de las centrales, denominado 'prórroga + desaceleración renovable'.
La conclusión general del informe es tajante: “Los resultados muestran que el cierre programado de Almaraz es técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga”. Y advierte que analizar la extensión solo por el alivio temporal de precios durante los años de prórroga sería mirar el sistema “por el retrovisor”, justo cuando la carretera exige acelerar la transición.
Pero hay más razones para el cierre definitivo de Almaraz, como que detiene la acumulación de estos desechos peligrosos y elimina el riesgo de accidentes, deja “espacio” en la red para que entren proyectos de energía solar, eólica y sistemas de almacenamiento masivo, y además las centrales envejecidas, requieren inversiones multimillonarias constantes para actualizar sus sistemas de seguridad.
El modelo de consumo energético ilimitado resulta insostenible para el planeta. Es necesario transitar hacia un sistema basado en la eficiencia, el ahorro y la suficiencia, adaptando la demanda a los límites ecológicos reales y reduciendo la dependencia de tecnologías centralizadas y de alto riesgo como la energía nuclear.
Celebrar como un éxito la prórroga de dos años y medio de Almaraz, tal como ha hecho el Gobierno español, refleja una incomprensión de la dependencia energética, frena la transición ecológica y desperdicia la oportunidad de alinear la producción y la demanda con los límites del planeta.
No quiero finalizar este artículo sin referirme a Sabino Ormazabal, que murió el pasado sábado en Donostia y al que conocí siendo muy jóvenes en la lucha antinuclear y ecologista. Un referente importante en el ecologismo vasco, en el antimilitarismo, en el periodismo ambiental, en la defensa de la paz y la no violencia y en otras causas justas. Beti arte. Hasta siempre.