Respeto y protección ante el aborto

1. El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.

2. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

Este miércoles, en la comisión de justicia, en víspera de la navidad, hemos ratificado la ponencia designada para informar de la iniciativa legislativa sobre la proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal a los efectos de penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, así como se ha emitido el correspondiente dictamen favorable sobre el informe referido. Un paso más adelante en defensa de las mujeres que lleva el sello del gobierno de progreso y de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Socialista que creemos que no es de recibo en un Estado Social y Democrático de Derecho una situación de ataques, indefensión e impunidad que vulnera la libertad de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. Seguridad jurídica por encima de todo. Quienes mediante coacciones, intimidaciones, y con la miserable excusa de la oración católica y la supuesta fe del mismo signo han dado el paso de criminalizar a mujeres que no están cometiendo delito alguno, sino más bien eligiendo libremente una opción recogida en la ley, deben saber que a partir de ahora el tiempo de la agresión física o verbal, la coacción y el hostigamiento, han terminado.

Desde un plano estrictamente religioso, moral lo llaman algunos, el uso interesado y marcadamente tergiversador del rezo, resulta lamentable. Son los mismos y las mismas que se apropian de himno, bandera, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ejército, iglesia, para sembrar las bases de la discordia, de una prepotencia propia que un día va y se desinfla como un globo liberado del nudo. Juzgar a los demás en base a principios personales, tratar de imponer la verdad absoluta, mancillar la libertad de elegir una opción respetable y legal, no va en consonancia con lo que ellos definen como virtudes cristianas. Desde un plano jurídico, las cosas están, si cabe, aún más claras.

Escuché tiempo atrás a la ginecóloga y docente argentina Gabriela Luchetti, activista firme de los derechos sexuales y reproductivos, manifestar su rechazo a que los intolerantes nos roben la palabra vida, porque como bien añadió nosotros y nosotras también estamos a favor de la vida. Porque plantear la seguridad física y emocional para interrumpir de modo voluntario el embarazo es estar a favor de la vida. Del patriarcado hemos aprendido que la negación de derechos que protegen y reivindican a las mujeres no es sino un síntoma de falsa moral y patética cobardía.

Con este cambio legislativo se pretende primero dar mayor seguridad jurídica a quien decida interrumpir su embarazo, aportar respeto y protección y por supuesto eliminar cualquier intento de criminalización contra quien haciendo uso de sus derechos legítimos, da el paso. Se acabó la vulneración, se terminaron las ofensas, porque una y otras son en realidad las conductas ilegítimas.

Ha sido una de esas sesiones parlamentarias en comisión que me llenan de orgullo porque con mi voto personal y con el general de mis compañeras y compañeros de grupo hemos contribuido una vez más, como ya lo hicimos antes con nuestros votos en pleno de la Ley de Eutanasia o la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, a construir un país más libre, más justo y enriquecedor, en donde las opciones se consolidan sin por ello obligar a nadie a tomar un camino, eligiendo libre e igualitariamente y protegiendo a los y las más vulnerables de los ataques de quienes pretenden imponer sin más argumento que el de la falsa moral y la prepotencia.