Son elecciones forales y una de las grandes competencias de las Diputaciones vascas son los servicios sociales. De 3.319 millones de presupuesto de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 2023 1.406 millones van a esa materia, el 42,36%. Son 286, 625 y 495 millones, respectivamente. Es la tercera materia que más gasto representa en Euskadi solamente por detrás de Sanidad y Educación, sufragadas por el Gobierno vasco. Queda muy por encima del coste de la Ertzaintza, por ejemplo, Y, dentro de las políticas sociales, en la legislatura que ahora acaba han sido las residencias de mayores el punto crítico. Un dato: la COVID-19 ha originado 1.397 decesos con diagnóstico confirmado y otros cien fallecimientos con sospecha de que el virus pudo ser su causante. Otra cifra: casi 700 internos murieron en la primavera de 2020 por esta causa, con porcentajes de letalidad que rondaron el 30% de los contagiados. Y un dato más: en Gipuzkoa solamente dos centros pequeños de un total de 65, Gisasola de Zestoa y Berriz I de Donostia, han esquivado del todo al virus.
El área de Políticas Sociales de Gipuzkoa es la única que tres años y tres meses después de la llegada de los primeros casos mantiene actualizada la información sobre la incidencia de la COVID-19. Este martes dio cuenta de cuatro brotes en los centros Bermingham y Zorroaga de Donostia y San Lázaro de Elgoibar y San Gabriel de Hondarribia. En total, siete infectados. Desde esta Diputación, la que más información ha dado de las tres durante la pandemia, indican que ahora la letalidad ha caído por debajo del 1% pero que en los peores momentos, antes de la llegada de las vacunas, alcanzó el 29,8%. De hecho, desde septiembre de 2022 -cuando este periódico recopiló los últimos datos- han muerto dos usuarios de estos centros de mayores. Gipuzkoa ha registrado 430 decesos a causa de la COVID-19.
Frente a las 65 residencias de Gipuzkoa (5.424 plazas), Bizkaia suma 153 (10.788). Durante el confinamiento, la oposición criticó a la Diputación por no ofrecer regularmente datos de los positivos en residencias. También fue Bizkaia el primer territorio en eliminar los reportes con los brotes, fallecimientos y contagiados. Álava tiene 82 residencias y 3.300 plazas. Los datos globales del fenómeno que ha supuesto la COVID-19 en las residencias vascas se pueden localizar o en los informes del Imserso (organismo dependiente del Gobierno central) o en las investigaciones de la Fiscalía, que hizo seguimiento intensivo durante los picos de la pandemia y que aún hoy mantiene un control más frecuente que el que hacía de estos servicios sociosanitarios antes de 2020. El último boletín del Imserso, con datos hasta enero, habla de más casos positivos que población residenciada, 21.665 por 18.407. Ha habido residencias -y no pocas- con más de media docena de brotes.
Los 1.497 fallecidos supondrían que ocho de cada cien mayores en residencias han muerto en la pandemia. Son el equivalente a toda la población de Laguardia, la cabecera de la Rioja Alavesa. También se constata que el 17,45% de los 8.580 muertos totales registrados durante la pandemia en Euskadi procedían de una residencia, murieran o no en ella. Las cifras -que no han emergido en ningún debate en la campaña ni suscitan comentario social- son elevadísimas. Como elemento comparativo, en la campaña de gripe del invierno 2018/2019, el último antes de la pandemia, murieron en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 79 personas, dentro y fuera de las residencias. En algunas residencias concretas han muerto más de veinte usuarios. Y la lupa que se puso a causa de la COVID-19 dejó entrever, además, casos de desatención de mayores -antes, durante y después de la pandemia las Diputaciones realizan inspecciones- y dio más eco a las protestas laborales del personal, un sector altamente feminizado. Fuentes de las tres diputaciones coinciden, sin embargo, en que la red genera “confianza”. En el confinamiento se ofreció la posibilidad de sacar a los mayores para que las familias los cuidaran en casa y la respuesta a aquella posibilidad fue mínima.
La residencia de Sanitas en el barrio de San Martín de Vitoria fue la primera de España en quedar en cuarentena por la COVID-19. Fue el 8 de marzo de 2020, una semana antes del inicio del confinamiento. Ya había habido contagios y fallecimientos para entonces. Esteban era el nombre del primer vasco usuario de una residencia que murió con coronavirus. José Emilio Gómez, familiar de una de las internas que entonces completaban su vida en Sanitas San Martín, recuerda aquellos días como jornadas de “impotencia”, “frustración permanente” y “total incomunicación”. Lamenta, por ejemplo, que se recurriera al “aislamiento total” de personas con deterioro cognitivo severo.
Indica Gómez, que también trabaja con personas mayores en ámbitos no residenciales, que la pandemia ha sido “un tiempo para comprobar una vez más la descoordinación entre instituciones” en materia de servicios sociales. Ya para acceder al sistema hay barreras. “Al no haber una oficina única, los familiares tienen que navegar en océanos para poder llegar al puerto que buscan”, explica. Y luego está el coste de las plazas residenciales. Por su experiencia familiar y su trabajo conoce que en Álava, en los centros privados, “una habitación individual puede estar en 3.200 euros o más al mes”. “Es un artículo de lujo para millonarios. Los ahorros de una persona mayor normal en un año o año y medio desaparecen”, recalca.
La red pública es diferente. Además de tener más personal por cada usuario, el coste es menor. Puede rondar los 1.500 euros. Además, la Diputación hace que la falta de recursos no genere la expulsión del centro. “Al fallecimiento se genera una deuda y se descuenta de la herencia. Acceder a la pública es un seguro de vida; acceder a la privada es una cuenta atrás”, señala Gómez. Cuenta que la tarifa deja fuera otros gastos como medicinas, podología, dentista o higiene, con “recibos de entre 200 y 300 euros” en centros concertados, que se rigen por las mismas normas que los públicos. Explica también lo que para muchos es una realidad desconocida hasta que piden enviar a una persona mayor a la residencia: existe un “economista” que revisa que la familia no haya vaciado las cuentas para poder pagar las deudas. “Te pueden mirar hasta diez años atrás para comprobar que no haya salidas. Y el economista te dice que no se pueden gastar más de 1.800 euros al año. Ni regalos ni nada. La institución se garantiza cobrar a largo plazo”, explica.
En su programa electoral, el PNV -el partido principal y que ahora controla las tres Diputaciones- asegura que Euskadi afronta un gran reto demográfico, con lo que para el sistema de cuidados va a suponer el envejecimiento. Y plantea reforzar la atención sociosanitaria. “En este empeño no partimos de cero, ya que en Euskadi tenemos una dilatada y contrastada trayectoria de atención sociosanitaria coordinada que representa un sostén necesario para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible”, se puede leer en el documento general elaborado para las elecciones forales.
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