La Ertzaintza ve una alta “sexualización” en la “práctica totalidad” de actividades del campamento de Bernedo investigado
La unidad de Investigación Criminal de la Ertzaintza entregó a comienzos de verano a la juez de Vitoria Marta Escudero y al fiscal de menores de Álava, Manuel Pedreira, un informe resumiendo todas las denuncias de presuntos casos de violencia sexual sobre el campamento de Euskal Udalekuak de Bernedo. La Policía estima que se produjo una “elevada sexualización” en la “práctica totalidad” de las actividades de esa colonia y que resultaron “del todo inapropiadas para la corta edad” de los asistentes, en algunos casos niños de nueve o diez años. Se atribuyen delitos como “exhibicionismo”, “coacciones” o “provocación sexual” a catorce monitores o personas relacionadas con Euskal Udalekuak pero, como ha venido publicando este periódico, están bajo investigación igualmente unos hechos tipificados como “agresión sexual”.
La Ertzaintza empezó a investigar unas primeras quejas sobre Euskal Udalekuak en enero de 2025. En aquel momento, fue una trabajadora social de Gipuzkoa la que alertó de que menores tutelados por la Diputación, ya adolescentes más próximos a la mayoría de edad, referían algunos episodios que les preocupaban en las colonias de verano a las que les enviaban. Esta asociación gestiona no solamente la colonia de Bernedo, en Álava, sino también otras dos en Navarra, Goñi y Abaigar.
La Policía entregó al Tribunal de Instancia de Vitoria un primer atestado en abril de 2025, pero quedó en un cajón del entonces titular de la plaza tercera de la sección de Instrucción, Álvaro Silván. Ese verano se repitió el campamento y las denuncias se multiplicaron, más de una veintena en la propia Ertzaintza pero también en Emakunde o en Kontsumobide. El asunto trascendió a la opinión pública y, entonces sí, se activó la investigación penal. En paralelo, la Diputación de Álava, con competencias en materia de ocio juvenil, activó una vía administrativa para tratar de sancionar los mismos hechos e impedir la colonia de 2026, aunque con varios tropezones judiciales tras los recursos de Euskal Udalekuak. Este verano no se ha celebrado la actividad ordinaria en Bernedo —pero sí una fiesta multitudinaria de apoyo a Euskal Udalekuak— y sí los campamentos de Navarra.
En el marco de la causa penal y tras la llegada de una nueva instructora, la magistrada Escudero, justo a finales de junio la Ertzaintza entregó su informe completo sobre el caso, al que ha tenido acceso este periódico. Son 32 páginas en las que se exponen los relatos de todos los niños y adolescentes denunciantes, la identidad de los presuntos responsables de los delitos que se imputan e incluso se señala a otras personas presentes en Bernedo por no haber protegido a los menores. La Policía, que da máxima gravedad a lo sucedido, llegó a pedir medidas cautelares adicionales a la vía administrativa de la Diputación para impedir todas las colonias, hasta el punto de sugerir un cambio en las cerraduras de los edificios.
Dice la Policía que “la conducta ilícita no se limitó a un acto único, instantáneo o que pudiera ser valorado de forma individual”. “Nos encontramos ante una pluralidad de actividades y acciones (físicas, psicológicas, omisivas o comisivas) que tuvieron lugar de manera continua durante los días de celebración de los 'udalekus'. Se considera que las actividades verbalizadas por los menores habrían sido aceptadas y llevadas a la práctica por la totalidad de los monitores y monitoras, ya que no se tiene constancia de que éstos hubieran denunciado situaciones de indefensión y vulnerabilidad alguna sufrida por los menores. El daño causado a éstos derivaría precisamente de la suma, reiteración y contexto en el que se produjeron estas actividades, entendiéndose por parte de este instructor que diversas acciones que individualmente podrían revestir menor gravedad, al ser evaluadas en su conjunto, integran un tipo penal más complejo y de mayor lesividad. Por último, [cabe] destacar la elevada sexualización de la práctica totalidad de las diversas dinámicas y actividades impuestas que se llevaban en las instalaciones del campamento”, indica justo en el inicio el atestado policial.
Según la Ertzaintza, añade gravedad a los hechos que “los monitores, directores y la entidad organizadora de los 'udalekus' ostentaban una posición de garante jurídica y fáctica respecto de los menores de edad que les fueron confiados por sus tutores legales”. “Se estima que quien asume la custodia de un menor asume la obligación de evitar cualquier menoscabo a sus derechos fundamentales. En el presente caso, lejos de proteger a los menores, los sujetos obligados utilizaron su posición de superioridad y autoridad para institucionalizar prácticas de desprotección, coacción y vulneración de la intimidad corporal de los niños”, estiman los ertzainas autores del informe.
En el apartado relativo a la individualización de los presuntos delitos, la Ertzaintza da por probado que el chef “cocinaba y servía la comida a los menores desnudo”. Se alude, asimismo, a que hubo prácticas de “exhibicionismo” y “provocación sexual”, como que hubiera personal “prácticamente todo el día en topless” o que “realizó prácticas de índole sexual” delante de menores. Los relatos de los menores incluyen una descripción detallada de las prácticas.
Sobre la agresión sexual, se estima que una de las imputadas solicitaba masajes en su espalda desnuda a cambio de comida. También hay una acusación de “coacciones” porque se obligaba a los menores “a ducharse desnudos a pesar de su oposición” en unas instalaciones mixtas y también con adultos. “Incluso se obligaba a los menores a desplazarse desde las habitaciones a la zona de duchas totalmente desprovistos de ropa, prohibiéndoles cubrirse con toallas, a pesar de las reiteradas muestras de incomodidad de éstos”, añade el informe.
“Esta absoluta falta de intimidad y la eliminación de barreras físicas y de protección facilitó que, durante los quince días que duraban los 'udalekus', se produjeran situaciones de verdadera angustia, vergüenza y desasosiego entre los menores, llegándose a producir incluso una situación grave en la que uno de los menores asistentes iniciara y mantuviera una situación de acoso sexual continuado sobre otra de las menores asistentes. La angustiosa situación provocó que varios de los y las menores afectados comunicaran la situación de forma expresa a sus monitores de referencia. Lejos de activar los protocolos de protección de menores, separar a las partes o cesar la práctica de la desnudez, restaron importancia al relato. Esta inacción, consintió y permitió que la situación de acoso sobre la menor se prolongara en el tiempo”, agrega el dictamen. Y abunda: “Obligar de forma sistemática a niños y niñas a marchar desnudos en grupo, prohibirles cubrirse con toallas o usar bañador, y forzar la convivencia íntima desnuda con adultos vulnera frontalmente el derecho a la integridad moral y la dignidad de los menores, lo que provocó en muchos de ellos sentimientos de humillación y desprotección física”.
“El sometimiento al que se expuso a los menores haciéndoles presenciar y participar en escenas de desnudez adulta impuesta, unidas a elementos de angustia, podría calificarse como un atentado contra la integridad moral. Se vulneraría aquí el derecho del menor a ser sometido a experiencias que menoscabaran su dignidad, o provocaran un sufrimiento psíquico innecesario”, dice también la Ertzaintza. Pone algunos ejemplos: “Se detectaron conductas de naturaleza coercitiva cuando las monitoras, mostrando sus pechos, forzaban a los menores a recibir abrazos no deseados. Ante la negativa de estos, el personal les impuso una charla en la que dijeron a los menores que continuarían abrazándolos, aunque fuera en contra de su voluntad y recriminándoles que vistieran 'muy tapados'. [...] Siendo significativo el episodio en el que un monitor, en el transcurso de una marcha y con el fin de forzar a los menores a caminar más rápido, se quitó las prendas inferiores mostrando sus genitales”.
El informe apunta también que en el campamento hubo “adoctrinamiento contra España” porque “se procedió a la quema de una bandera” en un juego y contra la Policía. Igualmente, se han identificado problemas con la alimentación y los materiales. “No había platos ni vasos, ni cucharillas ni servilletas para todos los niños, tenían que compartir los vasos y al acabar de comer les decían que chupasen el plato para usarlo la próxima vez. Al desayunar bebían leche y al darles la leche muy caliente salía nata; al día siguiente, cuando volvían a desayunar leche en el vaso había restos de nata, los vasos estaban sucios”, indicó una denunciante.
“Los menores expuestos a los hechos investigados verbalizaron, entre otros, sentimientos de miedo, desesperación, vergüenza extrema y sensación de vulneración, llegando a manifestar alguno de ellos que habían sido 'los peores días de su vida'. [...] Los monitores ignoraron deliberadamente los ruegos repetidos de algunos de los menores para abandonar el 'udaleku' y regresar a sus casas”, insiste la Ertzaintza. Explica que fue “impuesta” una prohibición de comunicaciones telefónicas salvo para casos de “gravedad”, siendo los trabajadores los que la determinaban. Sí pudieron escribir cartas y en algunas de ellas los menores refieren sus quejas. “A MI NO VAN A OBLIGAR. A MI NO ME VAN A SILENCIAR. ME VOY A QUEJAR. #MEVOYAESCAPAR”, redactó una niña. Correos entregó muchas de estas misivas una vez finalizada la actividad.
En 2024, una niña sí consiguió telefonear a sus padres. “A raíz de la llamada, sus padres fueron a recogerla y abandonó el campamento días antes de su finalización”, se puede ver en su declaración. Añade la menor que, cuando fue a por su maleta, varias monitoras le recriminaron el haber pedido irse. La madre pidió a la Ertzaintza que quedara constancia de que Euskal Udalekuak le “insistió reiteradamente” en que les contara la forma en que había conseguido hacer la llamada.
La investigación judicial avanza muy lentamente. Este otoño están siendo citados imputados y menores denunciantes para exponer su versión ante la instructora. Uno de los menores ya ha ratificado su testimonio anterior ante la Ertzaintza. Los interrogatorios se han hecho con el formato de “exploración” para que puedan servir ya como prueba preconstituida para un hipotético juicio, de modo que no tengan que repetir todas sus vivencias una vez más.
Por su parte, Euskal Udalekuak, que ha recibido un volumen de apoyos y adhesiones en estos meses claramente superior cuantitativamente a las denuncias recibidas, ha insistido en que su modelo busca la desexualización de la desnudez y ofrecer a los menores una perspectiva feminista y transinclusiva. En el sumario consta un documento en que la asociación Sarrea, la gestora concreta de la colonia de Bernedo —hay otras para los campamentos navarros—, ofrece su “voluntad de colaborar” con la Justicia, “siempre que se respeten los derechos y garantías procesales [...] conforme a la ley de enjuiciamiento criminal y la Constitución Española”.
Una familia recibió también una respuesta de Euskal Udalekuak tras quejarse directamente a la organización antes de la judicialización del asunto. En ella, la entidad lamentaba “profundamente” la “experiencia” negativa relatada. “El bienestar de les niñes y jóvenes y la confianza de las familias son prioritarias para nosotres”, señalaban también.
Y agregan: “En cuanto al uso de las duchas, aclaramos que en ningún momento se obliga a les jóvenes a desnudarse. Es cierto que, con el fin de garantizar una mejor higiene, se les propone retirar los bañadores una vez que entren en la ducha. Siempre hacemos un esfuerzo para que les jóvenes vivan su desnudez y su cuerpo con naturalidad y tranquilidad. Aún así, cuando se ha identificado la necesidad de ofrecer alternativas, siempre lo hemos hecho, y nunca hemos obligado a quitarse el bañador, como ha ocurrido con algunes jóvenes durante el campamento. Situamos las duchas y los baños, no solo como lugares de higiene, sino como oportunidades para normalizar todos los cuerpos, romper estigmas y liberar la desnudez de la vergüenza y de la carga sexual que se le impone. Por este motivo, los espejos se mantienen inutilizados y los utilizamos para promover los objetivos antes mencionados, sin ningún fin sexualizador, sino todo lo contrario”. “En ningún momento se ha permitido ni tolerado ninguna burla en ninguna dirección. Les jóvenes han sido correctamente atendides en todo momento”, se exponía igualmente.