Euskadi no ha conseguido del Estado el total de la ampliación de red eléctrica que demandaba, pero casi. Sumará en los próximos años un 40% más a su capacidad actual. No se llega al 50% que inicialmente pedía el Gobierno vasco, pero el departamento que dirige Mikel Jauregi se da por satisfecho con lo 'amarrado' en la reunión de este martes en Madrid, ya que considera que “cubre las necesidades energéticas de la industria vasca para los próximos años”.
No obstante, tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, Jauregi ha afirmado que son “más ambiciosos” y que la intención es conseguir más. “Quiero ser claro: estamos muy satisfechos con lo conseguido, pero no nos conformamos. Aún queda más trabajo para asegurar más potencia destinada a atraer nueva industria a Euskadi”, ha señalado. En este sentido, ha anunciado que en las próximas semanas seguirá “defendiendo esta ambición en Madrid mediante el trabajo de los equipos técnicos”.
Según la información que ha proporcionado el Gobierno vasco -el Ministerio no ha dado ninguna cifra concreta-, la capacidad aumentará un 40% sobre la que existe en la actualidad, eso supondría sumar 4.800 Mw a los 12.000 actuales, ya que hasta hora, siempre se ha hablado de una petición de 6.000 Mw que suponía aumentar un 50% más la vigente. Sin embargo, fuentes del Departamento de Industria han señalado que esos 4.800 Mw se quedarán cortos. Según señalan, no es “sencillo” hacer la equivalencia en Mw, y que, de hacerla, “saldrían ahora más de 5.000 Mw” es decir aproximadamente un 18% de la ampliación prevista para el conjunto del Estado, que es de 27.700 Mw, que se sumarían a los 12.000 Mw actuales.
En cualquier caso, Euskadi contará a partir de 2030, que es el año en que acaba la nueva planificación energética, con una capacidad cercana a las 17.000 Mw -frente a los 18.000 Mw que reclamaba-. Aun así, el Ejecutivo considera que será suficiente para cubrir “la demanda energética de más de 117 empresas identificadas con necesidades urgentes de descarbonización, y se contribuirá a salvar más de 70.000 empleos directos, indirectos e inducidos”.
Los sectores más afectados son los de metales, forja y fundición, vidrio y fabricación de vehículos de motor. “Esta planificación permite, por tanto, cumplir con las necesidades energéticas tanto de los grandes proyectos industriales de Euskadi como los de las pymes vascas”, ha señalado Jauregi, además de “acelerar el proceso de descarbonización de la industria vasca, permitirá ampliar la capacidad productiva y la competitividad de los proyectos industriales actuales, y ayudará a crear y atraer nueva industria a nuestro país”.
En concreto, lo amarrado este martes en Madrid supone inversiones en 20 subestaciones solicitadas desde el Gobierno vasco para ampliar la capacidad y se crearán cuatro nuevas, “que es lo que permite incrementar la capacidad de la red”. Eso ya está conseguido“, insisten desde el Gobierno vasco. A partir de ahora se tendrá que ”analizar en profundidad el borrador presentado“ y continuar perfilando las inversiones. Las líneas de transformación y transporte también se verán reforzadas con esta nueva inversión. ”Hablamos de inversiones estratégicas en Ayala, Abadiño, Santurtzi, Jundiz, Ormeiztegui, Gojain o Gatika“, ha señalado el consejero.
Jauregi ha señalado que cerrar este acuerdo ha supuesto “meses de intenso trabajo y negociación”. “Hoy podemos decir que Euskadi ha conseguido un compromiso vital para la industria vasca y que en los próximos cinco años se invertirá una cantidad sin precedentes en nuestras redes eléctricas”, se ha congratulado. Hace mucho tiempo que el Gobierno vasco alerta del embudo que supone para el desarrollo industrial y la descarbonización la saturación de la energía eléctrica. Pero la pasada semana las propias eléctricas pusieron cifras a esta saturación en todo el Estado, que en el caso de Euskadi es de un 100% para Bizkaia y Álava y de un 98% para Gipuzkoa. De ahí que este acuerdo se considere “vital” para el desarrollo industrial y avanzar en la descarbonización.
Desde el Ministerio no se ha ofrecido ninguna cifra concreta sobre el acuerdo con Euskadi, aunque sí se habla del “apoyo a las redes de distribución, fundamentalmente destinados a proyectos industriales, con cuatro nuevas subestaciones y el refuerzo de una veintena de las existentes”. La información traslada enmarca el encuentro en la “ronda de encuentros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va a mantener con las comunidades autónomas para compartir el escenario técnico de partida de la Planificación eléctrica con horizonte 2030, antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá realizar contribuciones”.
Según señalan, ambas administraciones han coincidido en la “oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación”, y que se han analizado las grandes líneas de la propuesta inicial, “valorando que contemple, de partida, actuaciones relevantes dirigidas a asegurar la descarbonización y desarrollo industrial en el País Vasco, tanto en red de transporte como en red de distribución”. Dentro de los proyectos relevantes que figuran en esta propuesta inicial de la planificación figuran “iniciativas de hidrógeno en el sector refino, facilitar la electrificación del Puerto de Bilbao y sus operaciones, así como actuaciones para electrificar grandes consumos industriales”.
El pasado 12 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó las líneas maestras de la primera propuesta de Planificación, que prevé una inversión superior a los 13.500 millones de euros. “La propuesta inicial de planificación del Miteco estima atender demandas por 27,7 GW para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución, cifra que puede redundar en una capacidad mayor en estas redes en función de la configuración en cada caso. A este volumen de capacidad, equivalente al 85% de la demanda máxima actual, se le añadirá progresivamente la capacidad que se libere cuando caduquen, a los cinco años de haber sido otorgados, los derechos de acceso concedidos desde 2020 para grandes proyectos que no hayan logrado ejecutarse”.