Un nueve de noviembre de hace siete años, Amaya Egaña, vecina de Barakaldo, se suicidaba cuando iba a ser desahuciada. La comitiva judicial que le iba a desalojar subía por las escaleras del portal hacia su domicilio. Aquella muerte despertó a España sobre la realidad de los desahucios. Miles de personas se echaron a las calles para denunciar los recortes sociales y, sobre todo, la vulneración del derecho fundamental a una vivienda. Lo cierto es que la conmoción que produjo la muerte de Amaya supuso un punto de inflexión en cuanto a los desahucios, que se habían desbocado.
Pero, siete años años, ¿qué ha cambiado? Aquel fatídico año las Plataformas Antidesahucios recogían un millón y medio de firmas en todo el Estado (80.000 en Euskadi) en apoyo de una Iniciativa Legislativa Popular que cambiase de raíz la legislación que estaba amparando que miles de familias perdieran su vivienda habitual y arrastraran deudas impagables de por vida.
Sin embargo, los avances son insuficientes y la vivienda sigue siendo considerado un negocio y no un derecho, según STOP Desahucios Euskadi. “La desigualdad y la pobreza han crecido, los desahucios por impago de alquiler han aumentado por la precariedad laboral y la especulación”. Y una nueva oleada de ejecuciones hipotecarias amenaza a las familias debido a la retroactividad de la nueva Ley de Créditos Inmobiliarios que “blanquea millones de prestamos hipotecarios cuya cláusula de vencimiento anticipado era abusiva y nula y ahora será legal”.
STOP Desahucios se queja de que después de cuatro años de su aprobación, la Ley de Vivienda Vasca sigue sin desarrollo y miles de viviendas vacías siguen sin cumplir ninguna función social.
El precio del alquiler de pisos en el mercado libre se ha mantenido inmune a la crisis. Incluso han subido. Y eso ha provocado que se disparen en los últimos años los desahucios relacionados con el impago del alquiler mientras han descendido los hipotecarios. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite que el propietario inicie el proceso de lanzamiento al primer impago, lo que también facilita el aumento de los desahucios en viviendas de alquiler