Martes, 16 de marzo de 2010. Cae la noche en Vitoria. Se acerca la primavera pero sigue haciendo frío. El agente de la Ertzaintza con código profesional 6312, de la unidad de Policía Judicial, es convocado de urgencia al juzgado de Instrucción número 4. Su titular, Roberto Ramos, ultima la firma de una pila de oficios. El secretario judicial le extiende al policía una de esas hojas. Se trata de la orden de detención del titular de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) en la Diputación y delfín del presidente del PNV en Álava, Iñaki Gerenabarrena. Se llama Alfredo de Miguel, cuenta 38 años y es apodado ‘Txitxo’. No es muy conocido, pero amasa poder político e influencia en el territorio. Desde hace unos minutos está oficialmente investigado por corrupción. La operación, le explican al funcionario, tiene que ser rápida y discreta. Con él tienen que ser arrestados otros dos dirigentes del Araba Buru Batzar del PNV, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, sus tres esposas, un empresario, Jon Iñaki Echaburu, y el gerente de una empresa pública, Alfonso Arriola. Sus domicilios se registrarán, así como distintas dependencias oficiales. Casi ocho años después de esta operación de la policía vasca, este 8 de enero, arrancará el mayor juicio por corrupción que se ha celebrado nunca en el País Vasco. 26 imputados se sentarán en el banquillo -en la cúpula de la supuesta trama corrupta, Alfredo de Miguel que él niega- y se enfrentan a penas ejemplarizantes solicitadas por la Fiscalía que ascienden a 119 años
El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre había presentado a su señoría una amplia denuncia por cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias contra estas personas. Unos meses antes, en diciembre de 2009, la joven empresaria Ainhoa Alberdi había acudido a su oficina con 24 grabaciones sonoras y un puñado de correos electrónicos. Vizcaína y abogada urbanista, explicó brevemente su biografía: estaba asociada en la empresa Urbanorma Consulting con el constructor Jon Iñaki Echaburu, que había abandonado la sociedad.
Urbanorma Consulting había recibido recientemente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, donde el gerente era el nacionalista Alfonso Arriola. Cuando Echaburu -afiliado al PNV y contratista habitual de los Departamentos de Seguridad y Educación- salió de la compañía, dos dirigentes políticos del partido Arriola y Echaburu, De Miguel y Tellería, le ‘recordaron’ que tenía que “pasar por caja” por haber recibido ‘a dedo’ la adjudicación de Miñano. Hasta su padre había recibido la visita de los ‘burukides’. 100.000 euros era el ‘peaje’ y Kataia Consulting la asesoría sin actividad que se utilizaría como empresa pantalla para la operación.
¿Las comisiones? “Dentro de lo normal”
Aunque las defensas han tratado de relacionar esta denuncia con una 'vendetta' amorosa, Alberdi se ha mantenido firme y ha ratificado este testimonio en cuatro ocasiones. De hecho, se pertrechó de una grabadora Olympus para mostrarle a Izaguirre sus hallazgos.
Alberdi ¿Pactaste algo con ellos?
Echaburu Me parece que íbamos a pagar a una sociedad.
A. ¿Cuánto?
E. No quedamos en ninguna cantidad fija.
A. ¿A quiénes ibais a pagar dinero?
E. Con los que estamos hablando en todo momento, con los interlocutores.
A. Pero, ¿qué eran, Txitxo, Alfonso y Pablo?
E. No… Era para hablarlo con… Con quien ellos dijeran. ¿Has hablado con ellos?
A. Pues me han pedido… Pero como yo no tengo ni idea, te estoy preguntando a ti. O sea, era una cantidad sin determinar que ellos hablarían. ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Tú no sabes?
E. Para quien te digan ellos.
A. ¿Pa’l partido o así?
E. Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.
A. ¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?
E. No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.
En otra grabación se escucha a Tellería añadir: “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”. También existen correos electrónicos en los que De Miguel –sin ninguna responsabilidad en Miñano- negocia cantidades con Alberdi. En los registros aparecerían luego anotaciones manuscritas aludiendo a “comisiones” y dinero “negro”. “Este asunto está bastante claro”, declara a eldiarionorte.es uno de los investigadores que ha participado en la causa desde aquellos inicios hasta su final en 2015 y que ha visto cómo la trama se ha ampliado al aparecer alrededor de De Miguel toda una nebulosa de operaciones mercantiles desconocidas en el origen y con una mecánica similar a la de otras macrocausas de corrupción en España.
El caso llega ahora, casi una década después, a su fase definitiva. El juicio se inicia el 8 de enero y ocupará la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava durante buena parte de 2018. El palacio de Justicia ha necesitado obras -que han costado 100.000 euros- e incluso se habilitará una sala especial para facilitar el trabajo de los medios de comunicación. De ocho detenidos en 2010 se ha pasado a 26 procesados. A los ocho iniciales se les han sumado más cargos públicos que presuntamente facilitaron la actuación de la red de cobro de comisiones ilegales, empresarios que pasaron por caja y testaferros utilizados en las operaciones. Se espera que comparezcan más de 150 personas entre acusados, testigos, peritos y policías en las más de 100 sesiones previstas hasta que, si se cumple el guion, el 25 de octubre el caso quede visto para sentencia.
Presidirá el tribunal el mediático Jaime Tapia, la magistrada ponente será Elena Cabero y completará la terna Raúl Aztiria. Ya conocen la causa al haber resuelto varios recursos interpuestos por las defensas de los imputados durante la instrucción del juez Ramos, que al terminar esta investigación solicitó un traslado a una sala de lo penal aunque sin moverse de Vitoria. ¿Planteará alguna de las partes una recusación de última hora que dilate el procedimiento?
119 años de cárcel para los principales encausados
La acusación, que será ejercida por el fiscal Izaguirre, solicita penas ejemplarizantes. En total, suman 119 años para los principales implicados y exdirigentes alaveses. En el caso de De Miguel, el ministerio público reclama 54 años entre rejas por nada menos que 21 delitos de corrupción de diverso tipo. Son cifras más elevadas que en otros casos que, a diferencia de éste, han copado la agenda en España, como el ‘caso Urdangarín’ o los ERE de Andalucía. No obstante, de ser condenado en esos términos, sólo cumpliría 15 años efectivamente, el triple del delito más alto del que se le acusa.
Si el De Miguel de 2010 era un presunto extorsionador, el que llega al juicio en 2018 es el presunto cerebro de una trama de empresas controladas por él –circunstancia incompatible con su condición de cargo de la Diputación de Álava- para recaudar comisiones. A través de su hermana Aintzane, que ejercía de contable de las distintas sociedades, y con distintos testaferros –su mujer, amigos, empresarios- como administradores, el que fuera ‘número dos’ del PNV de Álava lideró no sólo Kataia Consulting, sino también Errexal, Ortzi Muga, Eskalmelo o Ezkibel. Soñaba incluso con negocios urbanísticos en la Costa del Sol a través de la empresa Diru Kapital, que no llegó a ponerse en marcha.
En un informe que marcó un antes y un después en la investigación y que fue entregado en julio de 2011, la Policía descubrió que una de esas sociedades había recibido en dos ocasiones pagos equivalentes al 4% de contratos de obra pública adjudicados en ayuntamientos gobernados por el PNV, concretamente Zigoitia y Lapuebla de Labarca. Las facturas se camuflaban como supuestos asesoramientos que no consta que se realizaran, mecánica similar a la Gürtel o Púnica. La empresa que canalizó esos pagos fue Errexal, cuyo administrador nominal era el exconcejal en Leioa Iñaki San Juan.
Errexal también se benefició de más de una decena de contratos adjudicados ‘a dedo’ por el Gobierno para la realización de servicios que tampoco consta que se desarrollaran, como confirmó en el Parlamento la entonces consejera de Cultura por el PSE-EE, Blanca Urgell. El denominador común de todas las adjudicaciones era su procedencia: la Dirección de Juventud del Ejecutivo, adscrita a Cultura. El titular de la oficina era el nacionalista Xabier Sánchez Robles, relacionado familiarmente con importantes cargos del PNV aún en activo. El cruce de ‘e-mails’ entre San Juan, De Miguel y su hermana recoge frases como “Xabier no puede meternos un duro” o que Lakua podría desaparecer como “cliente” cuando, en puertas de las autonómicas de 2009, se intuía que el PNV podía perder el Gobierno, como así ocurrió.
Muchos de los nombres de todas estas empresas, de las operaciones investigadas e incluso las cifras concretas constan en la documentación decomisada el 17 de marzo de 2010. Las detenciones –muy criticadas en su día- resultaron esenciales para evitar la desaparición de pruebas clave que de otro modo nunca se habrían conseguido. En particular, el cuaderno en poder de Ochandiano resultó esclarecedor. Es la prueba B14 del sumario.
709.653,84 euros en comisiones
Calculadora en mano, las comisiones recaudadas por las empresas controladas por De Miguel ascienden a 709.563,84 euros, a los que se sumarían los 100.000 euros que no se hicieron efectivos en Miñano merced a la denuncia de Alberdi. Incluyen un pago de 45.000 euros por parte del constructor Prudencio Hierro para la reforma de la vivienda de la esposa del político en Gorliz (Bizkaia). En total, las operaciones investigadas ascienden a 15.536.637,36 euros. Algunos movimientos se realizaron con billetes de 500 euros y fragmentados en operaciones de hasta 3.000 euros para evitar los controles fijados para prevenir el blanqueo de capitales, según puso de manifiesto la investigación. Hay también constancia de pagos en 'B' de los que se beneficiaron cargos del partido como Leire Orueta (exteniente de alcalde de Llodio) o Roberto González Muro (exportavoz en Juntas Generales). El detalle completo se recoge en el libro ‘La corrupción vasca: Dentro de lo normal’ (Amazon).
Queda excluida de este cálculo la fallida recalificación de 120 hectáreas en la pequeña localidad alavesa de Zambrana, proyecto estimado en 65 millones de euros. Como hizo Arriola en Miñano para preparar la ampliación del parque tecnológico y a pesar de que no tenía ninguna responsabilidad en el municipio, la alcaldesa nacionalista María Justina Angulo tiró del influyente De Miguel cuando surgió la idea de crear un polígono industrial en la zona. A partir de ahí y ya con Angulo fuera de la alcaldía, el político tomó las riendas, situó como intermediario a su amigo vizcaíno Iosu Arruti y ficharon como inversores a los promotores catalanes de Construcciones Riera, encabezados por Francesc Fernández Joval.
Las empresas de De Miguel, incluida Kataia Consulting, cobraron de Riera por supuestas labores de asesoramiento, como también Arruti (vía Sidepur). De nuevo, ese trabajo no ha aparecido e incluso se han encontrado pagos a los verdaderos autores de algunos servicios, como el listado de propietarios afectos por la recalificación que elaboró la entidad financiera Ipar Kutxa. Los aludidos han alegado que una inundación en el almacén de Sidepur acabó con todos los documentos. Tellería, en otra ocasión, declaró también que había destruido archivos digitales cuando se vio imputado en otro escándalo, la investigación a él y a otros dos agentes con galones de la unidad de Información de la Ertzaintza por supuesto espionaje. Este caso concluyó con una sentencia absolutoria por falta de pruebas.
En Zambrana, los nuevos gestores de Construcciones Riera sostienen, como la Fiscalía, que Fernández Joval pagó una verdadera millonada por nada real. Tan es así que iniciaron un procedimiento penal paralelo en Barcelona para solicitar a los antiguos responsables el reintegro del dinero perdido por la filial en Zambrana, Riera Urbanizer. Aunque se ha descubierto que parte de esos fondos acabaron en las cuentas corrientes de Kataia Consulting, no se ha hallado el destino de otra parte del dinero. El padre de Arruti, por ejemplo, acudió en 55 ocasiones a la ventanilla de su oficina bancaria para extraer un total de 600.000 euros que había pagado Riera. La Diputación de Bizkaia –Sidepur está domiciliada en Bilbao- ha tenido claro desde el inicio que esta mecánica escondía al menos delitos fiscales y se ha adherido en todo momento a las tesis de la Fiscalía, frente a una posición mucho más conservadora de la instituciones públicas más afectadas, el Gobierno vasco y la Diputación alavesa.
“El objetivo era y es el PNV”
Las vistas que se iniciarán el 8 de enero permitirán comprobar si ha variado la estrategia de los imputados. Hasta la fecha, sin excepciones, han rechazado por sistema todas las acusaciones, que las atribuyen a casualidades, malentendidos o simples fabulaciones del juez Ramos y del fiscal Izaguirre, como manifestó el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, de Cuatrecasas. Quienes han seguido de cerca el proceso aprecian en algunos de ellos un cierto punto de “prepotencia” y “sensación de impunidad”.
También en De Miguel. Cuando el Parlamento vasco le citó en la comisión de investigación que se habilitó al efecto, el expolítico fue recibido en la Cámara con un abrazo del entonces y ahora portavoz del PNV, Joseba Egibar. Y a la salida varias docenas de militantes peneuvistas le esperaban para agasajarle y aplaudirle, entre ellas cargos públicos actuales. Aquella tarde de abril de 2011 De Miguel compareció ante los periodistas sin admitir preguntas y se refirió a la denuncia de Alberdi negando los hechos pero admitiendo que compatibilizaba la actividad política con la empresarial. “Única y exclusivamente se reclamó el pago de una deuda. De ninguna forma se solicitó el pago de comisiones. Todo mi patrimonio, mis cuentas y las de mi familia se han investigado hasta el último detalle y no se ha detectado enriquecimiento ilícito alguno”, manifestó. Y añadió: “El objetivo de todo este proceso era y es el PNV. Somos la conexión para relacionar al PNV con presuntas actividades delictivas”.
El entonces presidente del PNV y hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, llegó a afirmar tras conocerse el auto de conclusión de la instrucción, en marzo de 2015, que su partido había tenido una actitud “ejemplar” en este caso. Se refería Urkullu a que el PNV adoptó la decisión de que las personas presuntamente implicadas entregaran sus carnés de partido “porque había una interpretación de que el 'caso De Miguel' podía tener, desde la interpretación pública que se estaba haciendo, una vinculación con el propio PNV”. Pero los principales implicados -Alfredo de Miguel y Aitor Tellería- tardaron 10 meses en entregar sus carnés de militantes peneuvistas, algo que solo ocurrió después de recibir la visita privada del todopoderoso burukide guipuzcoano, Joseba Egibar.
Ninguno de los 26 imputados ha roto filas de manera clara para mejorar su posición y evitar la cárcel y tampoco hay constancia –de momento- de negociaciones con la Fiscalía para buscar un acuerdo que rebaje la pena solicitada a cambio de colaboración. El hecho de que algunos imputados compartan letrados y la existencia de tantos lazos familiares y de amistad entre los encausados complica esta posibilidad. “Pese a quien pese, demostraremos nuestra inocencia”, retó De Miguel.
El juez Roberto Ramos pasa estos días las hojas de un cuaderno azul que le acompaña desde 2010. En sus hojas está resumida la investigación del mayor caso de corrupción investigado en un juzgado vasco. La mañana del 16 de marzo de 2010, las cuadernas del PNV, formación que menos de un año antes había sido desalojada del Gobierno vasco por la entente socialista-popular que hizo lehendakari a Patxi López, se pusieron aún más a prueba. Algunos de los pesos pesados peneuvistas alaveses acabaron ese día en una celda de la policía vasca.
El magistrado Ramos es lo menos parecido a un juez estrella. Enamorado de la jurisdicción penal, lleva 20 años en una carrera judicial que inició en Calahorra, hizo un alto en Miranda de Ebro, dio el salto a Bilbao y, finalmente, recaló en los juzgados de instrucción de Vitoria. Precisamente en el Juzgado número 4 de la capital alavesa se gestó la causa que puso en jaque al PNV en ese territorio por corrupción: había nacido el ‘caso de Miguel’.
Aunque el foco mediático le puso en el disparadero desde el minuto cero desde aquella fría mañana del 10 de marzo de 2010 que dejó helado al PNV -tras una operación anticorrupción de la Ertzaintza que acabaría por salpicar a la cúpula del PNV de Álava- Ramos aguantó estoicamente toda la instrucción. El magistrado llevó con sigilo y tiento todas las órdenes de detención en el juzgado, sabía que “evitar cualquier filtración” era esencial para el devenir de las investigaciones. Los arrestos, de hecho, muy criticados en su día, resultaron a la postre fundamentales para evitar la desaparición de pruebas clave y que las trituradoras hicieran el trabajo sucio para encubrir la tela de araña tejida supuestamente por el cerebro de la trama, Alfredo de Miguel, Txitxo, entonces ‘número dos’ del PNV alavés.
Con la colaboración “inestimable” de una funcionaria del juzgado, y la brújula de un ertzaina experto en delitos económicos –adscrito al caso como policía judicial-, el magistrado Ramos fue anotando en su cuaderno de tapas azules los hitos de la investigación recogidos en un sumario mastodóntico. Los tres, junto con el fiscal Josu Izaguirre, se dejaron los ojos para procesar la ingente cantidad de información aprehendida en los diferentes registros.
Meticuloso hasta la saciedad en la instrucción del mayor caso de corrupción en Euskadi -territorio considerado por algunos políticos como un oasis en esta materia- este magistrado ha esculpido con sus manos una trayectoria impecable e impoluta, sostenida en una contrastada capacidad de trabajo que destacan quienes le conocen y han visto trabajar de cerca. Y algo más importante, una trayectoria a prueba de todo tipo de presiones, que también las ha habido en este caso. Ha oídos directamente del propio juez llegó que la investigación estaba levantando ampollas y que se iba a investigar minuciosamente a su familia. La amenaza velada, al más puro estilo siciliano digna del capo Totò Riina, quedó en nada. Los sicilianos vascos pinchaban en hueso.
“Intencionalidad política” del instructor
Ya lo dijo el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Luis Ibarra, cuando arreciaron las críticas sobre el magistrado por boca del líder del PNV en Gipuzkoa Joseba Egibar, y portavoz peneuvista en la Cámara vasca, y sus acusaciones directas de una supuesta “intencionalidad política” del trabajo el juez: “Roberto Ramos ha desarrollado una labor honrada y de alta calidad técnica”, resaltó el presidente del alto tribunal vasco en una declaración inédita también en la historia reciente de la vida judicial en Euskadi. En defensa de su trabajo, Ibarra reconoció que se había leído “detenidamente sus autos y, como jurista, tengo que decir que, en términos de calidad son magníficos. Nunca en la Administración de Justicia en el País Vasco y en la española un auto de imputación había tenido, como tiene el primer auto del juez del Juzgado número 4 de Vitoria, nueve gráficos en los que se describe una hipótesis delictiva”.
Cada auto o providencia que salía de su ordenador, en el Palacio de Justicia de Álava, tecleado por sus propios dedos a lo largo de los cinco largos años de instrucción, era un paso más para estrechar el cerco sobre las 26 personas finalmente imputadas. Una instrucción que para desesperación del PNV, entonces dirigido por el actual lehendakari, Íñigo Urkullu, no paró de dar titulares en los que las siglas del PNV o de personas relacionadas con un partido que lamía sus heridas en la oposición se unían sin pudor a conceptos como el de cobro de comisiones, tráfico de influencias, contratos públicos amañados, blanqueo de capitales... Es cierto, y el propio juez lo puso en negro sobre blanco en uno de sus autos, que no se ha podido comprobar a lo largo de la instrucción que la tela de araña tejida en torno a la figura de De Miguel beneficiara a las arcas del partido.
Fue el propio Urkullu quien, sin arrumbar la presunción de inocencia de sus compañeros de partido implicados, intento poner orden internamente. Un 23 de julio de 2010, cinco meses después del estallido del caso, pidió públicamente a los destacados miembros del partido en Álava que entregaran el carné de la formación. “Por supuesto que estoy pidiendo que entreguen los carnés”, declaró públicamente ese día. “He esperado la respuesta por parte de las personas emplazadas, no he tenido respuesta satisfactoria y yo ya tengo que decir públicamente que, después de lo que he dicho, en varias ocasiones en cuanto a la transparencia, limpieza y valores que han de guiar la actuación de cualquier militante del PNV, que no actuar con esa transparencia, con limpieza, significa situarse fuera del propio PNV”.
La realidad final, ¿cuál fue?: que Alfredo de Miguel y Aitor Tellería tardaron 10 meses en entregar sus carnés de militantes peneuvistas, algo que solo ocurrió después de recibir la visita privada, sin luces ni taquígrafos, del todopoderoso burukide guipuzcoano, Joseba Egibar, para hacerles entrar en razón. El mismo burukide que cuando De Miguel tuvo que acudir al Parlamento vasco para dar explicaciones ante la comisión de investigación parlamentaria se fundió en un abrazo con el ya exdirigente peneuvista alavés. Todo ante las cámaras y los flashes de los fotógrafos para que su apoyo explícito quedara registrado para la posteridad.
De los ocho detenidos inicialmente en marzo de 2010 se pasó finalmente a los 26 procesados que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo 8 de enero. Y aunque la mayoría de ellos fueron altos cargos del PNV, institucionales y tuvieron alguna relación con el partido, el juez Ramos también dejó por escrito en su auto de cierre del sumario que la investigación nunca pudo probar que el PNV, como partido, se beneficiara económicamente de la trama corrupta. Trama que sí obtuvo “irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernador por el Partido Nacionalista Vasco (PNV)”, como señaló en la misma resolución judicial, acompañada por los famosos nueve anexos que en su día trajeron de cabeza a los letrados de las defensas.
Marzo es el mes por antonomasia en el ‘caso de Miguel’. Buena parte de los grandes hitos de esta causa, la mayor por corrupción instruida nunca por un juzgado vasco, han tenido lugar en ese mes: Los primeros arrestos se produjeron en marzo (2010) y el auto final se dictó por el juez Ramos el 9 de marzo de 2015, en plena campaña electoral: 183 folios con sus correspondientes nueve anexos. Pero será en enero de 2018 cuando el juez Roberto Ramos, ahora destinado en un juzgado de lo penal de la capital, recupere su cuaderno azul para seguir desde el burladero lo que depare un juicio cuya celebración ha requerido una inversión de 100.000 euros y, que si todo va sobre lo previsto, quedará visto para sentencia el próximo 25 de octubre.